“La reforma al Código Procesal Penal propuesta por el gobernador Daniel Scioli, la número 40 desde 1997, es una medida cosmética y efectista que sólo intenta calmar el malestar que genera la creciente ola de inseguridad, pero que no atiende a la baja del delito en la Provincia”, afirmó el senador de la Coalición Cívica Fernando López Villa.
En crítica a las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para combatir el delito, López Villa -con quien coincidió el diputado Wálter Martello (CC)- manifestó que “se trata de una propuesta de carácter pragmático y demagógico, que tiende a favorecer a los sectores más poderosos de la población y al vaciamiento ideológico e intelectual del Poder Judicial, todo, al amparo de una mayoría legislativa acorde y de un silencio cómplice de algunos operadores judiciales más preocupados por conservar sus cuotapartes de poder que por afianzar el sistema al que pertenecen”.
En ese sentido, el senador López Villa y el diputado Martello citaron un reciente informe realizado por la Coalición Cívica y aseguraron que “la mentada limitación a las excarcelaciones y la atenuación de la pena publicitada por el gobernador Scioli no sólo no se ven reflejadas en la iniciativa sino que además resulta una medida contradictoria, ya que, por un lado, el proyecto refiere a los casos y alternativas a la prisión preventiva y, por otro, agrega que la morigeración podrá ser concedida excepcionalmente, previa vista al fiscal”.
Por otro lado, señalaron que la reforma “reintroduce los interrogatorios policiales, lo cual resulta riesgoso a la luz de la larga tradición de apremios, amenazas y coacciones para con los imputados que tiene la institución que ahora se vería habilitada legalmente a realizar esa acción”. En tal sentido, agregaron los legisladores que “lo más sorprendente es que la nueva norma impide que los dichos del imputados sean documentados y utilizados en el debate, algo sin precedentes y una clara consagración del engaño y la ocultación en el proceso judicial”.
“Privatización” de la justicia penal
En relación a otro punto del proyecto del oficialismo, López Villa y Martello aseguran que a través del mismo se observa “un avance en la privatización de la justicia penal, en la medida que debilita la figura del fiscal frente a la del particular damnificado”. Al respecto, los legisladores de la CC señalan que “si bien es cierto que resulta necesaria una adecuación a las normas internacionales consagradas constitucionalmente, la manera en que se lo ha planteado podría resultar inconstitucional y estaría desvirtuando la ‘ratio esendi’ de la justicia penal”.
Según los legisladores “esta reforma está llamada al fracaso, como todas las llevadas adelante por los gobiernos oficialistas -40 en menos de once años-, por cuanto se pretende dar respuesta al reclamo de seguridad por parte de los bonaerenses sin una política de estado consensuada que supere el voluntarismo de un ministro y la reacción intempestiva e improvisada de un gobernador”.
