La Plata, 22 de abril de 2010.- Mediante un proyecto de ley promovido por el senador Fernando López Villa, legisladores de la Coalición Cívica-ARI proponen la creación de la figura del Defensor General de la Suprema Corte de Justicia y la modificación de diversos artículos de la Ley de Ministerio Público y de la norma que regula el funcionamiento del Tribunal de Casación.
La iniciativa, tendiente a jerarquizar la función de la Defensa y otorgarle una organización funcional autónoma de la de los Fiscales, propicia una distribución de las funciones que actualmente corresponden enteramente al Procurador General de la Suprema Corte, asignándole al Defensor General del máximo tribunal de Justicia las que específicamente se refieren al Ministerio de la Defensa Pública, sin perjuicio de que, en última instancia, el Procurador seguirá siendo la cabeza del Ministerio Público, como lo prevé el art. 189° de la Constitución.
En los fundamentos del proyecto de López Villa, que suscriben también sus pares de bancada Javier Mor Roig, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, se consigna que la figura del Defensor General de la Suprema Corte de Justicia “surge como una necesidad institucional a la luz del diseño que la Constitución de la Provincia prevé para el funcionamiento del Ministerio Público”, al especificar que “será desempeñado por el Procurador y el Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia, agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres”, siendo el primero de ellos quien ejerce la superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público.
“Pero tal diseño -se añade-, ajustado a las necesidades y al desarrollo conceptual propio de la época, aparece hoy como insuficiente frente a las necesidades operativas de la organización. En efecto, el Ministerio Público consta de tres estructuras diferentes: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar, y el Ministerio Público de la Defensa. En cada departamento judicial -subrayan- mientras el Fiscal de Cámaras tiene a su cargo a los agentes fiscales -el Ministerio Público Fiscal-, el Defensor General hace lo propio respecto de los defensores oficiales y los asesores de incapaces”.
Contraposición de objetivos
“Esta separación de funciones -dicen los senadores de la CC-ARI- tiene una razón clara y evidente: las funciones de los agentes fiscales y de los defensores, si bien pueden ubicarse dentro de la misión genérica del Ministerio Público, que es la de vigilar la aplicación de la ley y representar los intereses colectivos, tiene evidentes motivos de colisión en los casos concretos, ya que fiscales y defensores persiguen objetivos muchas veces contrapuestos. Así, mientras unos piden la condena del reo, los otros solicitan su absolución, o una condena menor, y en tales condiciones -explican- el ejercicio de la superintendencia sobre unos y otros es recomendable que sea ejercido por funcionarios diferentes”.-
jueves, 22 de abril de 2010
EL PODER EJECUTIVO BONAERENSE DEBERA CONTESTAR EN VEINTE DIAS LOS PEDIDOS DE INFORMES ENVIADOS POR LA LEGISLATURA
La Plata, 22 de abril de 2010.-Un proyecto del senador Fernando López Villa fija ese plazo y determina sanciones para los funcionarios que no cumplan con él.
A través de un proyecto de ley, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la fijación de un plazo de veinte días hábiles para que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se le cursen desde la Legislatura, y establece severas sanciones para los funcionarios que no se ajustaran a ese término.
En ese orden la iniciativa -que también suscriben sus pares Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza-, determina que vencido el referido plazo “las solicitudes de informes en cuestión se harán públicas a través de su difusión en los dos diarios de mayor circulación provincial, con costos solventados en forma personal por el funcionario reticente a quien, asimismo, se considerará incurso en falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público previstos en el artículo 249 del Código Penal”. Se aclara asimismo que “la ejecución de las multas que se apliquen por la nueva ley se efectivizará por el proceso de apremio y lo así recaudado será destinado al presupuesto del Seguro Público de Salud”, y que “el tiempo de respuesta requerido podrá ser reducido de mediar cuestiones de urgencia o probable extemporaneidad”.
Incumplimiento
En los fundamentos de su propuesta expresan López Villa, Mor Roig y Gainza que la misma tiene por objeto “restablecer en el accionar interinstitucional de nuestra provincia el ejercicio cabal de las solicitudes de informes y su respuesta en tiempo, forma y contenido, lo cual constituye un deber ineludible por parte del Poder Ejecutivo en una sociedad que pretenda vivir en democracia”.
Agregan que “es ya contumaz la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a los requerimientos presentados por ambas Cámaras legislativas, gestando una sistematicidad por omisión que abarca ya a diversas administraciones; se ha acendrado como lamentable hábito y ha conllevado a un deterioro creciente de la efectividad del Poder Legislativo tergiversando hasta la inoperatividad su capacidad de garantizar el acceso ciudadano a la información; la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la gestión racional de los recursos públicos”.
“La gravedad institucional suscitada y el compromiso que todos los bloques hemos contraído con la sociedad -manifiestan los legisladores- nos conminan a hallar mecanismos que aseguren la reversión de esta renuencia a la obligación republicana de dar cuenta pública de los actos de gobierno, cuya acción en contrario la circunscribirá a los discursos de campaña”.-
A través de un proyecto de ley, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la fijación de un plazo de veinte días hábiles para que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se le cursen desde la Legislatura, y establece severas sanciones para los funcionarios que no se ajustaran a ese término.
En ese orden la iniciativa -que también suscriben sus pares Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza-, determina que vencido el referido plazo “las solicitudes de informes en cuestión se harán públicas a través de su difusión en los dos diarios de mayor circulación provincial, con costos solventados en forma personal por el funcionario reticente a quien, asimismo, se considerará incurso en falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público previstos en el artículo 249 del Código Penal”. Se aclara asimismo que “la ejecución de las multas que se apliquen por la nueva ley se efectivizará por el proceso de apremio y lo así recaudado será destinado al presupuesto del Seguro Público de Salud”, y que “el tiempo de respuesta requerido podrá ser reducido de mediar cuestiones de urgencia o probable extemporaneidad”.
Incumplimiento
En los fundamentos de su propuesta expresan López Villa, Mor Roig y Gainza que la misma tiene por objeto “restablecer en el accionar interinstitucional de nuestra provincia el ejercicio cabal de las solicitudes de informes y su respuesta en tiempo, forma y contenido, lo cual constituye un deber ineludible por parte del Poder Ejecutivo en una sociedad que pretenda vivir en democracia”.
Agregan que “es ya contumaz la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a los requerimientos presentados por ambas Cámaras legislativas, gestando una sistematicidad por omisión que abarca ya a diversas administraciones; se ha acendrado como lamentable hábito y ha conllevado a un deterioro creciente de la efectividad del Poder Legislativo tergiversando hasta la inoperatividad su capacidad de garantizar el acceso ciudadano a la información; la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la gestión racional de los recursos públicos”.
“La gravedad institucional suscitada y el compromiso que todos los bloques hemos contraído con la sociedad -manifiestan los legisladores- nos conminan a hallar mecanismos que aseguren la reversión de esta renuencia a la obligación republicana de dar cuenta pública de los actos de gobierno, cuya acción en contrario la circunscribirá a los discursos de campaña”.-
miércoles, 14 de abril de 2010
PROPONEN CONSTITUIR EN EL SENADO BONAERENSE UNA COMISION DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Plata, 14 de abril de 2010.-
A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa.
A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa (CC-ARI), y rubricado por presidentes y miembros de distintos bloques que componen la Cámara Alta bonaerense, se propicia la creación en ese ámbito parlamentario de la Comisión de Atención integral a las Personas con Discapacidad, la que tendrá a su cargo -entre otros cometidos- “dictaminar en cuestiones referidas a: su rehabilitación, educación, recreación y capacitación; la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo intelectual, emocional, creativo y deportivo, y la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicacionales, culturales, de transporte y funcionales”.
El proyecto de resolución promovido por López Villa, que también lleva las firmas de los senadores Javier Mor Roig (CC-ARI), Marta Helguero (FpV-PJ), Luis Malagamba (GEN), Orlando Costa (UCR) y Alfredo Meckievi (Unión PRO), explica que la creación de esta Comisión “resulta indispensable al contemplar la enorme complejidad contenida en el concepto de “discapacidad” y sus diferentes tipos -sensoriales y de la comunicación (vista, oído, discapacidad del habla, discapacidad de comprensión del lenguaje); motrices (discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza; de las extremidades superiores); mentales (intelectuales, conductuales, psiquiátricas); discapacidades múltiples (combinación de dos o más discapacidades); derivadas de enfermedades crónicas; etc.- sus diversos grados de manifestación; sus causas y/o factores implicados o las consecuencias que surgen en la vida del ser humano afectado y en su entorno”.
Eliminar limitaciones
Se explica en los fundamentos de la iniciativa que “en nuestra provincia, cerca de un millón de habitantes son personas con discapacidad -albergados en uno de cada cinco hogares- la mitad de ellos se encuentran en edad laboral y más de la mitad padece discapacidades que han sido adquiridas ya sea por enfermedades o accidentes. Todos ellos -.se añade- deben afrontar el desafío de sus limitaciones en un contexto en el que, aún hoy, les restringe de hecho la posibilidad de educación, de desarrollo profesional, de intercambio social fluido, de acceso a la cultura, a edificios públicos, a desenvolverse con autonomía, a la práctica deportiva, a la recreación, etc.”.
Por último, se explica que “en la búsqueda de contribuir a que nuestra provincia evolucione hacia un escenario inclusivo y dignificante, es que se han definido las funciones establecidas para esta Comisión. Así -se dice- la propuesta de atender tanto a los aspectos vinculados con la recuperación física y de la calidad de vida, la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo personal integral; el apoyo a los desarrollos tecnológicos y productivos orientados a la atención o minimización de las discapacidades; el control de las normativas vigentes, entre otros, se enmarca en la necesidad de que nuestra provincia crezca, trascendiendo incluso el aporte económico, académico, artístico o artesanal que podría obtener de las personas discapacitadas que están viendo diluir sin sentido sus días y sus dones: creceremos como seres humanos y como sociedad”.-
A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa.
A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa (CC-ARI), y rubricado por presidentes y miembros de distintos bloques que componen la Cámara Alta bonaerense, se propicia la creación en ese ámbito parlamentario de la Comisión de Atención integral a las Personas con Discapacidad, la que tendrá a su cargo -entre otros cometidos- “dictaminar en cuestiones referidas a: su rehabilitación, educación, recreación y capacitación; la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo intelectual, emocional, creativo y deportivo, y la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicacionales, culturales, de transporte y funcionales”.
El proyecto de resolución promovido por López Villa, que también lleva las firmas de los senadores Javier Mor Roig (CC-ARI), Marta Helguero (FpV-PJ), Luis Malagamba (GEN), Orlando Costa (UCR) y Alfredo Meckievi (Unión PRO), explica que la creación de esta Comisión “resulta indispensable al contemplar la enorme complejidad contenida en el concepto de “discapacidad” y sus diferentes tipos -sensoriales y de la comunicación (vista, oído, discapacidad del habla, discapacidad de comprensión del lenguaje); motrices (discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza; de las extremidades superiores); mentales (intelectuales, conductuales, psiquiátricas); discapacidades múltiples (combinación de dos o más discapacidades); derivadas de enfermedades crónicas; etc.- sus diversos grados de manifestación; sus causas y/o factores implicados o las consecuencias que surgen en la vida del ser humano afectado y en su entorno”.
Eliminar limitaciones
Se explica en los fundamentos de la iniciativa que “en nuestra provincia, cerca de un millón de habitantes son personas con discapacidad -albergados en uno de cada cinco hogares- la mitad de ellos se encuentran en edad laboral y más de la mitad padece discapacidades que han sido adquiridas ya sea por enfermedades o accidentes. Todos ellos -.se añade- deben afrontar el desafío de sus limitaciones en un contexto en el que, aún hoy, les restringe de hecho la posibilidad de educación, de desarrollo profesional, de intercambio social fluido, de acceso a la cultura, a edificios públicos, a desenvolverse con autonomía, a la práctica deportiva, a la recreación, etc.”.
Por último, se explica que “en la búsqueda de contribuir a que nuestra provincia evolucione hacia un escenario inclusivo y dignificante, es que se han definido las funciones establecidas para esta Comisión. Así -se dice- la propuesta de atender tanto a los aspectos vinculados con la recuperación física y de la calidad de vida, la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo personal integral; el apoyo a los desarrollos tecnológicos y productivos orientados a la atención o minimización de las discapacidades; el control de las normativas vigentes, entre otros, se enmarca en la necesidad de que nuestra provincia crezca, trascendiendo incluso el aporte económico, académico, artístico o artesanal que podría obtener de las personas discapacitadas que están viendo diluir sin sentido sus días y sus dones: creceremos como seres humanos y como sociedad”.-
jueves, 8 de abril de 2010
PROPONE EL SENADOR LOPEZ VILLA AMPLIAR EL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS EN LOS CONCEJOS DELIBERANTES BONAERENSES
La Plata, 9 de abril de 2010.-
El senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propone ampliar en un mes el período de sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes bonaerenses, a través de una modificación del artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La iniciativa, que también suscriben sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito y María Isabel Gainza, determina que los períodos legislativos municipales darán inicio el 1 de marzo de cada año en lugar del 1 de abril -tal como ocurre en la actualidad-, y culminarán el 30 de noviembre.
En los fundamentos de su iniciativa, recuerda López Villa que “el texto vigente del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone que las sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes se abrirán por propia determinación del cuerpo el 1 de abril de cada año y cerrarán el 30 de noviembre. Si bien la norma pudo parecer adecuada al momento de su dictado -señala- resulta claro que ha quedado desactualizada, y requiere su ajuste por diferentes razones”.
Agregan los legisladores de la Coalición Cívica que “en efecto, el funcionamiento de la democracia ha evolucionado haciendo necesario un creciente protagonismo de los órganos de la representación popular, antes postergados por la mayor actividad de los ejecutivos. En ese orden de ideas, es claro que el aumento del período de sesiones ordinarias redundará en una mayor actividad del Concejo; un control más ajustado de la marcha de la administración, y una mayor eficacia de la tarea del Departamento Deliberativo”.
En el mismo sentido, consignan que “de manera similar, al reformarse la Constitución en 1994 se amplió considerablemente el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, para lo cual se esgrimieron argumentos enteramente compatibles con los que aquí se exponen. Por otra parte -dicen López Villa y los demás senadores de la CC-ARI- el período de sesiones que se propone coincide con el que la Constitución prevé para el funcionamiento del Poder Legislativo en sesiones ordinarias”.
El senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propone ampliar en un mes el período de sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes bonaerenses, a través de una modificación del artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La iniciativa, que también suscriben sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito y María Isabel Gainza, determina que los períodos legislativos municipales darán inicio el 1 de marzo de cada año en lugar del 1 de abril -tal como ocurre en la actualidad-, y culminarán el 30 de noviembre.
En los fundamentos de su iniciativa, recuerda López Villa que “el texto vigente del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone que las sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes se abrirán por propia determinación del cuerpo el 1 de abril de cada año y cerrarán el 30 de noviembre. Si bien la norma pudo parecer adecuada al momento de su dictado -señala- resulta claro que ha quedado desactualizada, y requiere su ajuste por diferentes razones”.
Agregan los legisladores de la Coalición Cívica que “en efecto, el funcionamiento de la democracia ha evolucionado haciendo necesario un creciente protagonismo de los órganos de la representación popular, antes postergados por la mayor actividad de los ejecutivos. En ese orden de ideas, es claro que el aumento del período de sesiones ordinarias redundará en una mayor actividad del Concejo; un control más ajustado de la marcha de la administración, y una mayor eficacia de la tarea del Departamento Deliberativo”.
En el mismo sentido, consignan que “de manera similar, al reformarse la Constitución en 1994 se amplió considerablemente el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, para lo cual se esgrimieron argumentos enteramente compatibles con los que aquí se exponen. Por otra parte -dicen López Villa y los demás senadores de la CC-ARI- el período de sesiones que se propone coincide con el que la Constitución prevé para el funcionamiento del Poder Legislativo en sesiones ordinarias”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)