En el contexto de las severas críticas formuladas al proyecto de Presupuesto provincial para 2009 remitido a la Legislatura por el Poder Ejecutivo, el senador Fernando López Villa (CC), que calificó a la iniciativa como “una ficción”, afirmó que de la misma se desprende que el gobernador Daniel Scioli “no es un moderado, como pretende mostrarse, sino un conservador de rasgos neoliberales en su concepción presupuestaria, más preocupado por responder a la demanda de los negocios privados que por atender las cuestiones públicas”.
Tras consignar la “clara delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo que conlleva el proyecto, ya que no se conocen las políticas, ni los programas ni los proyectos que se llevarán a la práctica”, el legislador de la Coalición Cívica, en su exposición en el recinto, fustigó duramente el hecho de que el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía pasen a depender de la Administración Central, afectando su autonomía económica y financiera, establecida en la Constitución provincial, ya que “se podrán volcar los excedentes permanentes del organismo previsional para volcarlos a la caja de la Tesorería y financiar así los gastos bonaerenses y contener el déficit estructural de la Provincia que crece exponencialmente, todo ello en desmedro de los empleados públicos, jubilados y pensionados, y con el avasallamiento de sus derechos adquiridos”.
Señaló también el senador López Villa que del proyecto oficial de Presupuesto 2009, el cual “refleja una menor incidencia de aquellos organismos gubernamentales caracterizados por contener una mayor cantidad de programas sociales, como salud, investigación, cultura y educación”, se desprende que la Provincia finalizará 2008 con un stock de deuda proyectado al 31 de diciembre próximo de 39.911,9 millones de pesos, lo que supone un incremento del 7,8 por ciento con respecto a 2007. Es decir que cuanto más pagamos -afirmó- más debemos. Además -dijo- en el actual esquema semi-devaluatorio de estos días, no hay que pasar por alto que 14 mil millones de esa suma son en moneda extranjera”.
En el mismo orden, consignó López Villa que “la deuda pública de la Provincia de Buenos Aires pasó de representar el 30 por ciento de su presupuesto en 2001 al 70 por ciento del de 2009”, lo que equivale a afirmar que “la deuda con la Nación creció desde el 2001 al 2008 un 3.000 por ciento, es decir que se incrementó 30 veces, ya que pasó de 818 millones de pesos a 24.531, además de preverse nuevos y cuantiosos endeudamientos”.-
martes, 23 de diciembre de 2008
lunes, 22 de diciembre de 2008
SCIOLI; INEFICIENCIA, INSENSIBILIDAD, MEDIATISMO.
En sus primeros doce meses de gobierno, el Gobernador Scioli ha impreso rasgos distintivos a su gestión que desnudan cuál es la escala de prioridades que la impulsa y permiten considerar cómo evolucionará la calidad de vida personal e institucional de los bonaerenses
Sin ánimo exhaustivo, las más destacadas son la indiferencia ante las cuestiones sociales más sensibles; la persistente tendencia a confundir políticas públicas con espasmos mediáticos; la búsqueda constante de evadir y/o debilitar los controles institucionales y una notable ineficiencia global.
En modo alguno son estas afirmaciones fruto de un argumento subjetivo sino surgidas de datos oficiales objetivos. De hecho, en medio de la situación crítica que atraviesa nuestra población, con énfasis en los sectores más vulnerables, el gobernador ha enviado para su aprobación por obediente mayoría, un proyecto que disminuye aún más la participación porcentual de Seguridad, Salud, Educación, Vivienda, Ciencia y Técnica, etc. en el presupuesto provincial.
Su eximio manejo de los medios pasa entonces a ser el recurso por excelencia para refractar la repulsa popular a estas decisiones de fondo.
Así, a los reclamos de la sociedad por la gravísima situación de inseguridad y violencia social a las que se suma el ya ostensible desembarco del narcotráfico internacional, se les responde con caminatas televisadas por Fuerte Apache o una reforma penal, elaborada en función de hacer recaer ante la opinión pública la raiz de todos los males en el funcional chivo expiatorio de los jóvenes pobres.
Mientras tanto, siguen sin aparecer proyectos de inclusión sin clientelismo, las escuelas públicas que los debieran contener se caen literalmente a pedazos; “…las sucesivas omisiones por parte de la autoridad administrativa en orden a la provisión de recursos idóneos” continúa postergando la implementación del fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia en la intimación que le presentara al Poder Ejecutivo para que regularice su accionar; y se admite desde la cúpula policial que el paco, el pegamento y las pastillas corren como agua ante la vista de todos.
Para dar respuesta a éstos y otros flagelos que azotan la Salud de los bonaerenses -particularmente aquellos como la sarna, la tuberculosis, las influidas por la contaminación ambiental, etc. que devienen del deterioro sostenido de la calidad de vida- el gobernador designó a alguien reconocido no por sus antecedentes en la gestión hospitalaria, trayectoria académica o administración sanitaria sino por sus apariciones televisivas (y con supuestas vinculaciones con laboratorios medicinales). Pero los recortes presupuestarios que jaquean la atención hospitalaria, la falta de cobertura adecuada de miles de puestos - sumada a la precarización laboral de los contratados o becados- y la falta de insumos y distribución transparente de los medicamentos no se resuelven con declamaciones y maquillaje ni tampoco con meras declaraciones de emergencia sanitaria.
Cabe señalar, que el mecanismo de declaración de emergencia fue creado para su aplicación ante situaciones de excepción. Sin embargo, esta administración lo ha utilizado de manera generalizada aduciendo dificultades coyunturales o posible mal desempeño de los funcionarios que los antecedieron y, aunque lograron ocupar los titulares periodísticos de gran parte del año, las sucesivas declaraciones referidas al ámbito policial, sanitario, edilicio, agropecuario, etc. no culminaron en un funcionamiento eficiente de las áreas afectadas, ni aclaró ante la Justicia y la Administración Pública Provincial los desmanejos de la gestión previa que fueron denunciados no ante la Justicia sino, una vez más, sólo ante los medios.
A partir de esta mecánica se hizo norma la postergación de pagos a proveedores constituidos en gran parte por pymes que carecen de resto económico para esperar los indefinidos tiempos de hallar firma oficial, hasta el punto, por ejemplo, de poner en riesgo crítico nada menos que el servicio de diálisis o el de los comedores escolares.
Pero, por sobre todo, lo que sí se generó es un festival de contrataciones directas. Aunque, para ser justos, la evasión del control público no se restringe a lo reglado por las declaraciones mencionadas: la entrega de negocios millonarios a empresas sin antecedentes sólidos y sin licitación pública ya no las necesita, tal como se evidenció con la Terminal de Contenedores del Puerto La Plata.
Dado que no se pudo hallar un aspecto en el cual considerar que hubieren existido progresos significativos, cabe hacer mención a los gestos de agilidad que sí puso de manifiesto: la puesta a disposición de un avión oficial para que su esposa haga promoción de sus productos o para el equipo de Copa Davis, y la oferta de un helicóptero para que su médico personal atienda a la novia de Maradona.
Esta confusión sistemática de lo público para su uso personal o de sus allegados es otra de las características claramente observables de esta administración.
Por último, y ciertamente no por haber agotado los ejemplos posibles, merece un párrafo aparte el brutal impacto que la falta de controles ambientales sobre las cuencas, arroyos, terrenos de CEAMSE y dinámicas relativas al manejo de residuos está teniendo sobre las poblaciones más vulnerables.
A diferencia del Ejecutivo provincial, no son éstas meras aseveraciones mediáticas. Ejemplo de ello, es que junto con el Diputado Walter Martello hemos presentado ante la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, una denuncia penal contra el gobernador Scioli, la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, las autoridades responsables de la Conducción de C.E.A.M.S.E. y las autoridades nacionales, provinciales o municipales, que "por acción u omisión, hayan permitido o facilitado la instalación y funcionamiento de esta Estación de Transferencia" sin los controles exigidos por Ley, en el partido de Almirante Brown.
La provincia necesita políticas públicas consistentes, que brinden respuestas a las demandas sociales, previsibilidad a las inversiones y transparencia a la República.
La democracia cumplió 25 años. Sería bueno que en su celebración el Gobernador, antes que discursos y puestas en escena, comience por recordar sus deberes como servidor público.
Sin ánimo exhaustivo, las más destacadas son la indiferencia ante las cuestiones sociales más sensibles; la persistente tendencia a confundir políticas públicas con espasmos mediáticos; la búsqueda constante de evadir y/o debilitar los controles institucionales y una notable ineficiencia global.
En modo alguno son estas afirmaciones fruto de un argumento subjetivo sino surgidas de datos oficiales objetivos. De hecho, en medio de la situación crítica que atraviesa nuestra población, con énfasis en los sectores más vulnerables, el gobernador ha enviado para su aprobación por obediente mayoría, un proyecto que disminuye aún más la participación porcentual de Seguridad, Salud, Educación, Vivienda, Ciencia y Técnica, etc. en el presupuesto provincial.
Su eximio manejo de los medios pasa entonces a ser el recurso por excelencia para refractar la repulsa popular a estas decisiones de fondo.
Así, a los reclamos de la sociedad por la gravísima situación de inseguridad y violencia social a las que se suma el ya ostensible desembarco del narcotráfico internacional, se les responde con caminatas televisadas por Fuerte Apache o una reforma penal, elaborada en función de hacer recaer ante la opinión pública la raiz de todos los males en el funcional chivo expiatorio de los jóvenes pobres.
Mientras tanto, siguen sin aparecer proyectos de inclusión sin clientelismo, las escuelas públicas que los debieran contener se caen literalmente a pedazos; “…las sucesivas omisiones por parte de la autoridad administrativa en orden a la provisión de recursos idóneos” continúa postergando la implementación del fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia en la intimación que le presentara al Poder Ejecutivo para que regularice su accionar; y se admite desde la cúpula policial que el paco, el pegamento y las pastillas corren como agua ante la vista de todos.
Para dar respuesta a éstos y otros flagelos que azotan la Salud de los bonaerenses -particularmente aquellos como la sarna, la tuberculosis, las influidas por la contaminación ambiental, etc. que devienen del deterioro sostenido de la calidad de vida- el gobernador designó a alguien reconocido no por sus antecedentes en la gestión hospitalaria, trayectoria académica o administración sanitaria sino por sus apariciones televisivas (y con supuestas vinculaciones con laboratorios medicinales). Pero los recortes presupuestarios que jaquean la atención hospitalaria, la falta de cobertura adecuada de miles de puestos - sumada a la precarización laboral de los contratados o becados- y la falta de insumos y distribución transparente de los medicamentos no se resuelven con declamaciones y maquillaje ni tampoco con meras declaraciones de emergencia sanitaria.
Cabe señalar, que el mecanismo de declaración de emergencia fue creado para su aplicación ante situaciones de excepción. Sin embargo, esta administración lo ha utilizado de manera generalizada aduciendo dificultades coyunturales o posible mal desempeño de los funcionarios que los antecedieron y, aunque lograron ocupar los titulares periodísticos de gran parte del año, las sucesivas declaraciones referidas al ámbito policial, sanitario, edilicio, agropecuario, etc. no culminaron en un funcionamiento eficiente de las áreas afectadas, ni aclaró ante la Justicia y la Administración Pública Provincial los desmanejos de la gestión previa que fueron denunciados no ante la Justicia sino, una vez más, sólo ante los medios.
A partir de esta mecánica se hizo norma la postergación de pagos a proveedores constituidos en gran parte por pymes que carecen de resto económico para esperar los indefinidos tiempos de hallar firma oficial, hasta el punto, por ejemplo, de poner en riesgo crítico nada menos que el servicio de diálisis o el de los comedores escolares.
Pero, por sobre todo, lo que sí se generó es un festival de contrataciones directas. Aunque, para ser justos, la evasión del control público no se restringe a lo reglado por las declaraciones mencionadas: la entrega de negocios millonarios a empresas sin antecedentes sólidos y sin licitación pública ya no las necesita, tal como se evidenció con la Terminal de Contenedores del Puerto La Plata.
Dado que no se pudo hallar un aspecto en el cual considerar que hubieren existido progresos significativos, cabe hacer mención a los gestos de agilidad que sí puso de manifiesto: la puesta a disposición de un avión oficial para que su esposa haga promoción de sus productos o para el equipo de Copa Davis, y la oferta de un helicóptero para que su médico personal atienda a la novia de Maradona.
Esta confusión sistemática de lo público para su uso personal o de sus allegados es otra de las características claramente observables de esta administración.
Por último, y ciertamente no por haber agotado los ejemplos posibles, merece un párrafo aparte el brutal impacto que la falta de controles ambientales sobre las cuencas, arroyos, terrenos de CEAMSE y dinámicas relativas al manejo de residuos está teniendo sobre las poblaciones más vulnerables.
A diferencia del Ejecutivo provincial, no son éstas meras aseveraciones mediáticas. Ejemplo de ello, es que junto con el Diputado Walter Martello hemos presentado ante la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, una denuncia penal contra el gobernador Scioli, la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, las autoridades responsables de la Conducción de C.E.A.M.S.E. y las autoridades nacionales, provinciales o municipales, que "por acción u omisión, hayan permitido o facilitado la instalación y funcionamiento de esta Estación de Transferencia" sin los controles exigidos por Ley, en el partido de Almirante Brown.
La provincia necesita políticas públicas consistentes, que brinden respuestas a las demandas sociales, previsibilidad a las inversiones y transparencia a la República.
La democracia cumplió 25 años. Sería bueno que en su celebración el Gobernador, antes que discursos y puestas en escena, comience por recordar sus deberes como servidor público.
miércoles, 3 de diciembre de 2008
Instalan tres plantas en Berisso con alto riesgo contaminante
Senadores de la Coalición Cívica piden informes al Ejecutivo bonaerense
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Senadores provinciales de la Coalición Cívica plantearon su profunda preocupación ante la posible instalación en la zona denominada “La Portada”, pleno radio urbano de Berisso, de tres plantas industriales de la empresa “Panimex Química S.A.”, firma de capitales chilenos que producirá anhídrido ftálico, ácido fumárico y plastificantes, sustancias contaminantes de alta peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente.
En un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense promovido por el senador Fernando López Villa, que suscriben también sus pares de bloque Javier Mor Roig -titular de esa bancada-, Luis Malagamba y José M. Zingoni, preguntan si la empresa “realizó los estudios ambientales prescriptos por ley para ser habilitada y, de ser así, en cuál categoría fue catalogada por la Secretaría de Política Ambiental, y cuál es el fundamento técnico-legal esgrimido para de la citada categorización”.
También desean saber “si fue el Consorcio de Gestión Puerto La Plata el que entregó un “permiso de uso” a la firma Panimex para procesar los mencionados productos químicos; bajo que potestad y argumentos lo emitió” y, de no haber sido así, “qué autoridad provincial o municipal habilitó su funcionamiento, ya que actualmente la firma estaría realizando trabajos en la zona”.
En los fundamentos de su iniciativa, López Villa y los demás senadores de la Coalición Cívica explican que las sustancias que producirá Panimex “se encuentran dentro de la clasificación de Sustancia/Residuo Peligroso/Especial que refiere la normativa nacional y provincial en vigencia, que considera “peligroso” a “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el ambiente. Estas características -agregan- son propias del anhídrido ftálico, compuesto inflamable que conlleva un peligro moderado de incendio y explosividad, y cuya toxicidad actúa como irritante de la piel, los ojos y el tracto respiratorio superior, y se manifiesta en conjuntivitis, secreciones nasales sanguinolentas, atrofia de la mucosa nasal, ronquera, tos, bronquitis y asma”.
“Por las cercanías de las plantas químicas con la Dársena de Inflamables del Puerto La Plata, y con el centro urbano de Berisso -manifiestan- el riesgo latente de toxicidad y explosividad se incrementa notoriamente, por lo que la presencia de Panimex, que actualmente estaría desarrollando la etapa de ingeniería de detalle, construcción de equipos y estudios técnicos complementarios para comenzar la obra civil en forma inminente, supone un peligro cierto de gravísimas consecuencias eventuales”. A modo de antecedente, citan el derrame de 200 toneladas de un derivado del etanol desde los tanques de almacenamiento de esa empresa ubicados en el Estero Campiche, Chile, en junio último, el que provocó serios daños en 25 niños y la evacuación de más de un millar de personas.
Por último, señalan los senadores de la C.C. que “no nos oponemos a la instalación de Panimex S.A., sino que exigimos el cumplimiento cabal de los controles de impacto ambiental previstos en nuestra legislación, y sí planteamos nuestro total disenso con la elección del terreno donde se ubicaría la industria, cuya proximidad con los pobladores de la localidad podría acarrear padecimientos permanentes en el medio, en la salud y en el desarrollo de la vida por las emanaciones que pudiera despedir la industria”.
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Senadores provinciales de la Coalición Cívica plantearon su profunda preocupación ante la posible instalación en la zona denominada “La Portada”, pleno radio urbano de Berisso, de tres plantas industriales de la empresa “Panimex Química S.A.”, firma de capitales chilenos que producirá anhídrido ftálico, ácido fumárico y plastificantes, sustancias contaminantes de alta peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente.
En un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense promovido por el senador Fernando López Villa, que suscriben también sus pares de bloque Javier Mor Roig -titular de esa bancada-, Luis Malagamba y José M. Zingoni, preguntan si la empresa “realizó los estudios ambientales prescriptos por ley para ser habilitada y, de ser así, en cuál categoría fue catalogada por la Secretaría de Política Ambiental, y cuál es el fundamento técnico-legal esgrimido para de la citada categorización”.
También desean saber “si fue el Consorcio de Gestión Puerto La Plata el que entregó un “permiso de uso” a la firma Panimex para procesar los mencionados productos químicos; bajo que potestad y argumentos lo emitió” y, de no haber sido así, “qué autoridad provincial o municipal habilitó su funcionamiento, ya que actualmente la firma estaría realizando trabajos en la zona”.
En los fundamentos de su iniciativa, López Villa y los demás senadores de la Coalición Cívica explican que las sustancias que producirá Panimex “se encuentran dentro de la clasificación de Sustancia/Residuo Peligroso/Especial que refiere la normativa nacional y provincial en vigencia, que considera “peligroso” a “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el ambiente. Estas características -agregan- son propias del anhídrido ftálico, compuesto inflamable que conlleva un peligro moderado de incendio y explosividad, y cuya toxicidad actúa como irritante de la piel, los ojos y el tracto respiratorio superior, y se manifiesta en conjuntivitis, secreciones nasales sanguinolentas, atrofia de la mucosa nasal, ronquera, tos, bronquitis y asma”.
“Por las cercanías de las plantas químicas con la Dársena de Inflamables del Puerto La Plata, y con el centro urbano de Berisso -manifiestan- el riesgo latente de toxicidad y explosividad se incrementa notoriamente, por lo que la presencia de Panimex, que actualmente estaría desarrollando la etapa de ingeniería de detalle, construcción de equipos y estudios técnicos complementarios para comenzar la obra civil en forma inminente, supone un peligro cierto de gravísimas consecuencias eventuales”. A modo de antecedente, citan el derrame de 200 toneladas de un derivado del etanol desde los tanques de almacenamiento de esa empresa ubicados en el Estero Campiche, Chile, en junio último, el que provocó serios daños en 25 niños y la evacuación de más de un millar de personas.
Por último, señalan los senadores de la C.C. que “no nos oponemos a la instalación de Panimex S.A., sino que exigimos el cumplimiento cabal de los controles de impacto ambiental previstos en nuestra legislación, y sí planteamos nuestro total disenso con la elección del terreno donde se ubicaría la industria, cuya proximidad con los pobladores de la localidad podría acarrear padecimientos permanentes en el medio, en la salud y en el desarrollo de la vida por las emanaciones que pudiera despedir la industria”.
lunes, 1 de diciembre de 2008
Posible cierre de una escuela en Llavallol.
A través de un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC) planteó su preocupación ante el posible cierre de la Escuela Nº 55 de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y expresó su apoyo a los padres de los alumnos del establecimiento, y de la comunidad educativa en general, en su reclamo por la continuidad de su actividad.
En su presentación, que suscriben también sus pares de bloque Javier Mor Roig -titular de la bancada de la Coalición Cívica- y Luis Malagamba, se pregunta, entre otros puntos, “qué decisión ha adoptado la Dirección General de Cultura y Educación sobre la Escuela Nº 55 y la prosecución de sus diferentes ofertas educativas; cuáles han sido las conclusiones de las inspecciones realizadas en el citado establecimiento -en todos los niveles- respecto de la evolución de la matrícula, y con qué frecuencia se realizaron, y si la sugerencia que se brindó a los padres respecto de anotar a sus hijos en otros establecimientos fue una decisión oficial”.
En los fundamentos de su iniciativa, sostienen los legisladores de la Coalición Cívica que la comunidad educativa del referido establecimiento de enseñanza, ubicado en la calle Néstor de La Peña Nº 654, “vienen observando con suma preocupación numerosos indicios, tan paulatinos como constantes, que hacen temer por el cierre del mismo. Dicho establecimiento -agregan- surgió a principios de la década de los 60, siendo sus primeras instalaciones sumamente precarias. El trabajo de sus propios alumnos fue el que logró concretar un edificio que aún hoy cuenta con todas las comodidades - a pesar de las deficiencias de su mantenimiento- e, incluso, alberga de manera provisoria un polimodal y adultos, el 208 anexo 55, y la escuela Nº 709 donde cursan 8º y 9º”.
Negligencia oficial
Añaden que no obstante lo expuesto “parece ser que este centro educativo dista de ser evidenciado como relevante para las autoridades ya que, por ejemplo, desde hace cerca de diez años no se le ha designado una directora titular, siendo ésta una de las acciones u omisiones que en forma paulatina devinieron en un descenso agudo de la matrícula, a las que se suman la falta de mantenimiento edilicio, y la ausencia de campañas que alienten su integración a la comunidad educativa. Podría extenderse esta enumeración de pasos -subrayan López Villa, Mor Roig y Malagamba-, pero lo descripto alcanza acabadamente para dar cuenta del porqué de la alarma que ha cundido en los docentes y en la comunidad en general”. En este marco, se suceden las manifestaciones públicas por parte de los padres en búsqueda de respuestas oficiales. En ese orden, señalan los senadores de la CC que “la propuesta hecha por la comunidad educativa se centra en incentivar las inscripciones para el ciclo lectivo 2009, para lo cual resulta indispensable el compromiso manifiesto de las más altas autoridades educativas y su análisis de los proyectos que los padres han elaborado y que se orientan a devolverle el nivel educativo de excelencia que jamás debió haber perdido”.-
En su presentación, que suscriben también sus pares de bloque Javier Mor Roig -titular de la bancada de la Coalición Cívica- y Luis Malagamba, se pregunta, entre otros puntos, “qué decisión ha adoptado la Dirección General de Cultura y Educación sobre la Escuela Nº 55 y la prosecución de sus diferentes ofertas educativas; cuáles han sido las conclusiones de las inspecciones realizadas en el citado establecimiento -en todos los niveles- respecto de la evolución de la matrícula, y con qué frecuencia se realizaron, y si la sugerencia que se brindó a los padres respecto de anotar a sus hijos en otros establecimientos fue una decisión oficial”.
En los fundamentos de su iniciativa, sostienen los legisladores de la Coalición Cívica que la comunidad educativa del referido establecimiento de enseñanza, ubicado en la calle Néstor de La Peña Nº 654, “vienen observando con suma preocupación numerosos indicios, tan paulatinos como constantes, que hacen temer por el cierre del mismo. Dicho establecimiento -agregan- surgió a principios de la década de los 60, siendo sus primeras instalaciones sumamente precarias. El trabajo de sus propios alumnos fue el que logró concretar un edificio que aún hoy cuenta con todas las comodidades - a pesar de las deficiencias de su mantenimiento- e, incluso, alberga de manera provisoria un polimodal y adultos, el 208 anexo 55, y la escuela Nº 709 donde cursan 8º y 9º”.
Negligencia oficial
Añaden que no obstante lo expuesto “parece ser que este centro educativo dista de ser evidenciado como relevante para las autoridades ya que, por ejemplo, desde hace cerca de diez años no se le ha designado una directora titular, siendo ésta una de las acciones u omisiones que en forma paulatina devinieron en un descenso agudo de la matrícula, a las que se suman la falta de mantenimiento edilicio, y la ausencia de campañas que alienten su integración a la comunidad educativa. Podría extenderse esta enumeración de pasos -subrayan López Villa, Mor Roig y Malagamba-, pero lo descripto alcanza acabadamente para dar cuenta del porqué de la alarma que ha cundido en los docentes y en la comunidad en general”. En este marco, se suceden las manifestaciones públicas por parte de los padres en búsqueda de respuestas oficiales. En ese orden, señalan los senadores de la CC que “la propuesta hecha por la comunidad educativa se centra en incentivar las inscripciones para el ciclo lectivo 2009, para lo cual resulta indispensable el compromiso manifiesto de las más altas autoridades educativas y su análisis de los proyectos que los padres han elaborado y que se orientan a devolverle el nivel educativo de excelencia que jamás debió haber perdido”.-
jueves, 27 de noviembre de 2008
Reforma del Codigo Penal
“La reforma al Código Procesal Penal propuesta por el gobernador Daniel Scioli, la número 40 desde 1997, es una medida cosmética y efectista que sólo intenta calmar el malestar que genera la creciente ola de inseguridad, pero que no atiende a la baja del delito en la Provincia”, afirmó el senador de la Coalición Cívica Fernando López Villa.
En crítica a las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para combatir el delito, López Villa -con quien coincidió el diputado Wálter Martello (CC)- manifestó que “se trata de una propuesta de carácter pragmático y demagógico, que tiende a favorecer a los sectores más poderosos de la población y al vaciamiento ideológico e intelectual del Poder Judicial, todo, al amparo de una mayoría legislativa acorde y de un silencio cómplice de algunos operadores judiciales más preocupados por conservar sus cuotapartes de poder que por afianzar el sistema al que pertenecen”.
En ese sentido, el senador López Villa y el diputado Martello citaron un reciente informe realizado por la Coalición Cívica y aseguraron que “la mentada limitación a las excarcelaciones y la atenuación de la pena publicitada por el gobernador Scioli no sólo no se ven reflejadas en la iniciativa sino que además resulta una medida contradictoria, ya que, por un lado, el proyecto refiere a los casos y alternativas a la prisión preventiva y, por otro, agrega que la morigeración podrá ser concedida excepcionalmente, previa vista al fiscal”.
Por otro lado, señalaron que la reforma “reintroduce los interrogatorios policiales, lo cual resulta riesgoso a la luz de la larga tradición de apremios, amenazas y coacciones para con los imputados que tiene la institución que ahora se vería habilitada legalmente a realizar esa acción”. En tal sentido, agregaron los legisladores que “lo más sorprendente es que la nueva norma impide que los dichos del imputados sean documentados y utilizados en el debate, algo sin precedentes y una clara consagración del engaño y la ocultación en el proceso judicial”.
“Privatización” de la justicia penal
En relación a otro punto del proyecto del oficialismo, López Villa y Martello aseguran que a través del mismo se observa “un avance en la privatización de la justicia penal, en la medida que debilita la figura del fiscal frente a la del particular damnificado”. Al respecto, los legisladores de la CC señalan que “si bien es cierto que resulta necesaria una adecuación a las normas internacionales consagradas constitucionalmente, la manera en que se lo ha planteado podría resultar inconstitucional y estaría desvirtuando la ‘ratio esendi’ de la justicia penal”.
Según los legisladores “esta reforma está llamada al fracaso, como todas las llevadas adelante por los gobiernos oficialistas -40 en menos de once años-, por cuanto se pretende dar respuesta al reclamo de seguridad por parte de los bonaerenses sin una política de estado consensuada que supere el voluntarismo de un ministro y la reacción intempestiva e improvisada de un gobernador”.
En crítica a las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para combatir el delito, López Villa -con quien coincidió el diputado Wálter Martello (CC)- manifestó que “se trata de una propuesta de carácter pragmático y demagógico, que tiende a favorecer a los sectores más poderosos de la población y al vaciamiento ideológico e intelectual del Poder Judicial, todo, al amparo de una mayoría legislativa acorde y de un silencio cómplice de algunos operadores judiciales más preocupados por conservar sus cuotapartes de poder que por afianzar el sistema al que pertenecen”.
En ese sentido, el senador López Villa y el diputado Martello citaron un reciente informe realizado por la Coalición Cívica y aseguraron que “la mentada limitación a las excarcelaciones y la atenuación de la pena publicitada por el gobernador Scioli no sólo no se ven reflejadas en la iniciativa sino que además resulta una medida contradictoria, ya que, por un lado, el proyecto refiere a los casos y alternativas a la prisión preventiva y, por otro, agrega que la morigeración podrá ser concedida excepcionalmente, previa vista al fiscal”.
Por otro lado, señalaron que la reforma “reintroduce los interrogatorios policiales, lo cual resulta riesgoso a la luz de la larga tradición de apremios, amenazas y coacciones para con los imputados que tiene la institución que ahora se vería habilitada legalmente a realizar esa acción”. En tal sentido, agregaron los legisladores que “lo más sorprendente es que la nueva norma impide que los dichos del imputados sean documentados y utilizados en el debate, algo sin precedentes y una clara consagración del engaño y la ocultación en el proceso judicial”.
“Privatización” de la justicia penal
En relación a otro punto del proyecto del oficialismo, López Villa y Martello aseguran que a través del mismo se observa “un avance en la privatización de la justicia penal, en la medida que debilita la figura del fiscal frente a la del particular damnificado”. Al respecto, los legisladores de la CC señalan que “si bien es cierto que resulta necesaria una adecuación a las normas internacionales consagradas constitucionalmente, la manera en que se lo ha planteado podría resultar inconstitucional y estaría desvirtuando la ‘ratio esendi’ de la justicia penal”.
Según los legisladores “esta reforma está llamada al fracaso, como todas las llevadas adelante por los gobiernos oficialistas -40 en menos de once años-, por cuanto se pretende dar respuesta al reclamo de seguridad por parte de los bonaerenses sin una política de estado consensuada que supere el voluntarismo de un ministro y la reacción intempestiva e improvisada de un gobernador”.
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