Nota de opinión- La Plata, 3 diciembre de 2010
Por Dr. Fernando R. López Villa (*)
El 3 de diciembre nuevamente se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. El objetivo de su surgimiento fue instar a los Estados Miembros a realizar labores de difusión y promoción de acciones de integración social y laboral, como así también efectuar una recopilación de los logros obtenidos durante el transcurso del año que finaliza para tomar conciencia de lo que resta concretar.
Nuestra provincia fue pionera respecto de la aspectos educacionales (desde 1949), sociales (especialmente desde el advenimiento de la democracia con prestaciones como los centros de día, hogares y talleres protegidos, todos ellos hoy en crisis) y, a nivel Salud, con la creación y puesta en marcha del Programa Provincial de Rehabilitación (aunque sin presupuesto acorde a su importancia, ni Dirección específica de la que depender).
Sin embargo, aún persiste una deuda neurálgica hacia las personas con discapacidad: la de la integración laboral, ya que a pesar de los lineamientos de avanzada que contiene el Régimen Básico de Protección de las Personas con Discapacidad (ley 10592/87, decreto reglamentario 1149/90), y la normativa sobre accesibilidad arquitectónica, éstos distan de verse cumplidos de manera cabal.
Asimismo, es de hacer notar el retraso que experimenta el tratamiento de diversos proyectos de ley, relacionados con el área laboral o previsional, que permanecen en comisiones durante mucho tiempo, pierden el estado parlamentario y, finalmente, se archivan.
También los Organismos de Aplicación suelen ser funcionales a situaciones injustas, en especial con quienes tienen grandes dificultades para demandar, hacer piquetes u otras maneras de reclamar, que requieren capacidades que estas personas suelen no disponer.
Si bien nuestro país ha ingresado en el marco de Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instrumento emanado de la Organización de las Naciones Unidas, aceptado y aprobado por nuestro país mediante la Ley 26.378 y que hemos sido una provincia adelantada en muchos aspectos, respecto de las acciones en pro de las personas con discapacidad, la igualdad en el acceso laboral y la supresión de las barreras arquitectónicas, constituyen derechos aún no satisfechos para la amplia mayoría de los destinatarios del próximo festejo.
Por lo expuesto, a pesar de que los legisladores elaboramos las leyes, representando a toda la comunidad - dentro de la cual más del 10% son personas con discapacidad de acuerdo al Registro del Ministerio de Salud de nuestra provincia- la responsabilidad de que se pongan en práctica y se respeten es de toda la comunidad, y, principalmente, de los funcionarios que tienen a su cargo las áreas pertinentes en cada Ministerio.
Asumamos todos, entonces, el compromiso para que el 3 de diciembre del año 2011 nos encuentre con un progreso evidente y comprobable a través de indicadores objetivos, en la calidad de vida de nuestro pueblo y, en especial, de quienes deben afrontar el desafío de la discapacidad.
(*) Senador provincial (CC-ARI)
viernes, 3 de diciembre de 2010
miércoles, 1 de diciembre de 2010
PIDEN QUE SE GARANTICE EL DERECHO A LA EDUCACION Y LA INTEGRACION ESCOLAR DE LOS DISCAPACITADOS
La Plata, 1 diciembre de 2010.-
Iniciativa del senador López Villa y el bloque de la Coalición Cívica-ARI.
El senador Fernando López Villa (CC-ARI) solicitó al Poder Ejecutivo bonaerense la urgente reglamentación del artículo 40º de la Ley 13.688 de Educación Provincial, norma que establece los procedimientos y recursos para “asegurar el derecho a la educación y la integración escolar, favorecer la inserción social de las personas con discapacidades, temporales o permanentes e identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles la atención trandisciplinaria y educativa para lograr su inclusión en el Nivel Inicial desde el mismo momento del nacimiento”.
Recursos y medios imprescindibles
La iniciativa, que suscriben también los legisladores de esa bancada Javier Mor Roig y María Isabel Gainza, explica que los objetivos y propósitos planteados en la citada ley en general y en el referido artículo en particular, “tornan indispensable su reglamentación a fin de establecer los alcances de lo que se interpreta, por ejemplo, como "recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del curriculum escolar", aspecto de suma importancia en todas las discapacidades pero en especial en las sensoriales visuales”.
Subrayan los senadores López Villa, Mor Roig y Gainza que “desde las escuelas especiales que brindan la educación e integración a este último colectivo, se han planteado importantes dificultades en la provisión del material didáctico que se deteriora con el uso y no es obtenido, en tiempo y forma, para su renovación periódica”. Agregan que “también el equipamiento con las computadoras adecuadas para las personas ciegas -entre otras discapacidades- se encuentra en déficit, por lo que resulta necesario impulsar de manera sistemática la promoción de la investigación, producción, difusión e incorporación de desarrollos tecnológicos que contribuyan a su independencia y realización personal”.
Por último, expresan los legisladores de la Coalición Cívica que la tan mentada integración en escuelas comunes de las personas con discapacidad “requiere el traslado permanente de los docentes, en forma diaria a establecimientos educativos diferentes y en muchos casos separados por largas distancias. A fin de cubrir los costos que este hecho demanda se otorgan viáticos mensuales fijos, determinados en paritarias, que no contemplan los recorridos que en cada caso deben realizar los maestros. Por este motivo -dicen- la asistencia de los docentes afectados a esa tarea suele disminuir su frecuencia en desmedro de la calidad del apoyo que debe ofrecerse a estos alumnos”.-
Iniciativa del senador López Villa y el bloque de la Coalición Cívica-ARI.
El senador Fernando López Villa (CC-ARI) solicitó al Poder Ejecutivo bonaerense la urgente reglamentación del artículo 40º de la Ley 13.688 de Educación Provincial, norma que establece los procedimientos y recursos para “asegurar el derecho a la educación y la integración escolar, favorecer la inserción social de las personas con discapacidades, temporales o permanentes e identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles la atención trandisciplinaria y educativa para lograr su inclusión en el Nivel Inicial desde el mismo momento del nacimiento”.
Recursos y medios imprescindibles
La iniciativa, que suscriben también los legisladores de esa bancada Javier Mor Roig y María Isabel Gainza, explica que los objetivos y propósitos planteados en la citada ley en general y en el referido artículo en particular, “tornan indispensable su reglamentación a fin de establecer los alcances de lo que se interpreta, por ejemplo, como "recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del curriculum escolar", aspecto de suma importancia en todas las discapacidades pero en especial en las sensoriales visuales”.
Subrayan los senadores López Villa, Mor Roig y Gainza que “desde las escuelas especiales que brindan la educación e integración a este último colectivo, se han planteado importantes dificultades en la provisión del material didáctico que se deteriora con el uso y no es obtenido, en tiempo y forma, para su renovación periódica”. Agregan que “también el equipamiento con las computadoras adecuadas para las personas ciegas -entre otras discapacidades- se encuentra en déficit, por lo que resulta necesario impulsar de manera sistemática la promoción de la investigación, producción, difusión e incorporación de desarrollos tecnológicos que contribuyan a su independencia y realización personal”.
Por último, expresan los legisladores de la Coalición Cívica que la tan mentada integración en escuelas comunes de las personas con discapacidad “requiere el traslado permanente de los docentes, en forma diaria a establecimientos educativos diferentes y en muchos casos separados por largas distancias. A fin de cubrir los costos que este hecho demanda se otorgan viáticos mensuales fijos, determinados en paritarias, que no contemplan los recorridos que en cada caso deben realizar los maestros. Por este motivo -dicen- la asistencia de los docentes afectados a esa tarea suele disminuir su frecuencia en desmedro de la calidad del apoyo que debe ofrecerse a estos alumnos”.-
viernes, 26 de noviembre de 2010
PIDEN QUE SE REGLAMENTE EN LA PROVINCIA LA TENENCIA DE ESPECIES CANINAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS
Iniciativa de senadores de la Coalición Cívica
La Plata, 26 noviembre de 2010
El senador Fernando López Villa (CC-ARI) solicitó al Poder Ejecutivo bonaerense la inmediata reglamentación de la Ley 14107 -promulgada el último 5 de enero- la que fija normas aplicables a la tenencia de especies caninas potencialmente peligrosas.
El reclamo, efectivizado a través de una iniciativa que acompañan sus pares de bancada Javier Mor Roig y María Isabel Gainza, apunta a la puesta en práctica de la referida ley que ha ocupado un vacío legislativo que traía mucha preocupación a la comunidad ante la repetida y triste experiencia de ataques producidos por perros de esas características, en especial a niños y ancianos, que en algunas ocasiones han terminado con sus vidas.
En los fundamentos del proyecto sostienen los legisladores de la Coalición Cívica que “diariamente, y a pesar de la vigencia de esta norma, vemos con inquietud en la vía pública animales de las razas consideradas de riesgo, acompañados o no por sus dueños, sin bozal ni correa, lo cual constituye un riesgo cierto para toda la comunidad”.
Razas peligrosas
Explican López Villa y los coautores de la presentación parlamentaria que se consideran especies caninas potencialmente peligrosas Akita Inu; American Staffordshire; Bullmastif; Bull Terrier; Doberman; Dogo Argentino; Dogo de Burdeos; Fila Brasileño y Gran Perro Japonés. También figuran en la nómina el Mastín Napolitano; Pit Bull Terrier; Presa Canario; Rottweiler y Staffordshire Bull Terrier.
Tras hacer referencia a la creación de un Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos, y el otorgamiento de atribuciones a los municipios para la puesta en marcha y supervisión de las acciones destinadas a dar cumplimiento a los principios normativos, los senadores de la Coalición Cívica aluden a “la lamentable reiteración de ataques de animales de estas especies a numerosas personas sin que ni los agredidos ni los propietarios de los canes pudieran hacer algo para evitar las graves lesiones -y en muchos casos la muerte- ocasionadas”.
Subrayan finalmente que estos tristes ejemplos ponen en evidencia que “aún existiendo leyes al respecto, si las mismas no están reglamentadas y difundidas, con autoridad de aplicación responsable, no cumplen el objetivo para el cual fueron elaboradas”.
Ver proyecto completo
La Plata, 26 noviembre de 2010
El senador Fernando López Villa (CC-ARI) solicitó al Poder Ejecutivo bonaerense la inmediata reglamentación de la Ley 14107 -promulgada el último 5 de enero- la que fija normas aplicables a la tenencia de especies caninas potencialmente peligrosas.
El reclamo, efectivizado a través de una iniciativa que acompañan sus pares de bancada Javier Mor Roig y María Isabel Gainza, apunta a la puesta en práctica de la referida ley que ha ocupado un vacío legislativo que traía mucha preocupación a la comunidad ante la repetida y triste experiencia de ataques producidos por perros de esas características, en especial a niños y ancianos, que en algunas ocasiones han terminado con sus vidas.
En los fundamentos del proyecto sostienen los legisladores de la Coalición Cívica que “diariamente, y a pesar de la vigencia de esta norma, vemos con inquietud en la vía pública animales de las razas consideradas de riesgo, acompañados o no por sus dueños, sin bozal ni correa, lo cual constituye un riesgo cierto para toda la comunidad”.
Razas peligrosas
Explican López Villa y los coautores de la presentación parlamentaria que se consideran especies caninas potencialmente peligrosas Akita Inu; American Staffordshire; Bullmastif; Bull Terrier; Doberman; Dogo Argentino; Dogo de Burdeos; Fila Brasileño y Gran Perro Japonés. También figuran en la nómina el Mastín Napolitano; Pit Bull Terrier; Presa Canario; Rottweiler y Staffordshire Bull Terrier.
Tras hacer referencia a la creación de un Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos, y el otorgamiento de atribuciones a los municipios para la puesta en marcha y supervisión de las acciones destinadas a dar cumplimiento a los principios normativos, los senadores de la Coalición Cívica aluden a “la lamentable reiteración de ataques de animales de estas especies a numerosas personas sin que ni los agredidos ni los propietarios de los canes pudieran hacer algo para evitar las graves lesiones -y en muchos casos la muerte- ocasionadas”.
Subrayan finalmente que estos tristes ejemplos ponen en evidencia que “aún existiendo leyes al respecto, si las mismas no están reglamentadas y difundidas, con autoridad de aplicación responsable, no cumplen el objetivo para el cual fueron elaboradas”.
martes, 23 de noviembre de 2010
LOPEZ VILLA PROPONE MODIFICACIONES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN VIAS PUBLICAS PROVINCIALES
La Plata, 23 noviembre de 2010.-
Es con el fin de "optimizar sus efectos de prevención de accidentes y ordenamiento del tránsito".
A través de un proyecto de declaración ingresado en las últimas horas en la Cámara Alta bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC-ARI), junto a sus pares de bancada Javier Mor Roig y María Isabel Gainza, solicitan al Poder Ejecutivo que disponga modificaciones en las características y programación de los semáforos emplazados en vías públicas provinciales, con el fin de optimizar sus efectos de prevención de accidentes y ordenamiento del tránsito.
Al fundamentar su iniciativa explican los legisladores de la Coalición Cívica que en nuestro país, estadísticas de la organización no gubernamental “Luchemos por la Vida” nos hablan de 7.885 fallecimientos por accidentes viales a nivel nacional -con 22 víctimas como promedio diario, y 657 a nivel mensual- durante el último año, de los cuales 2.983 (casi el 40%) se registraron en territorio bonaerense. “Más allá de la denominación de “accidentes” -señalan López Villa y los demás legisladores- estos hechos no fueron fruto del mero azar o destino cuando se considera que sus principales causas combinan error humano con deficiencias en el estado de los caminos y dispositivos de ordenamiento vial, reservando un lugar preponderante en este listado nefasto, el cruce de calles sin respetar el semáforo”.
“Sin ánimo de disminuir la responsabilidad de los conductores y peatones -sostienen- centramos en esta oportunidad la atención en las características inapropiadas que presentan los semáforos, en tanto dispositivos fundamentales de ordenamiento vial en lo referente a su visibilidad y adecuación a la dinámica de manejo en ruta”.
Ejemplo elocuente
Expresan al respecto que “a modo de ejemplo, cabe mencionar lo que acontece actualmente en la Ruta Provincial 210, denominada la Gran Vía del Sur pues se trata de uno de los circuitos de tránsito más activos del sur del Conurbano bonaerense, además de que su recorrido es circundado por un alto nivel de densidad poblacional, todo lo cual da lugar a un crecimiento exponencial de circulación tanto
vehicular como peatonal y a su consecuente riesgo de accidentes. A pesar de ello -dice- en dicha arteria, a la altura de Presidente Perón, se halla dispuesto un semáforo cuyas características, en lo que refiere a potencia lumínica, longitud de ciclo y tiempos de espera o luz amarilla responden a las necesidades de los circuitos urbanos ordinarios y no al volumen de tránsito, límites permitidos de velocidad y exigencias de reacción propios de las condiciones de una ruta provincial”.
“A esta deficiencia -subrayan los senadores López Villa, Mor Roig y Gainza- que de por sí favorece la posibilidad de accidentes, se le suma la concentración del rol del Estado no en la prevención de conductas imprudentes sino en la disposición de personal policial in situ. Esto implica que no se advierta previamente tal presencia, malogrando su efecto disuasivo ante el potencial abuso de velocidad y limitando el accionar estatal a la sanción del hecho consumado”.-
Ver proyecto completo
Es con el fin de "optimizar sus efectos de prevención de accidentes y ordenamiento del tránsito".
A través de un proyecto de declaración ingresado en las últimas horas en la Cámara Alta bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC-ARI), junto a sus pares de bancada Javier Mor Roig y María Isabel Gainza, solicitan al Poder Ejecutivo que disponga modificaciones en las características y programación de los semáforos emplazados en vías públicas provinciales, con el fin de optimizar sus efectos de prevención de accidentes y ordenamiento del tránsito.
Al fundamentar su iniciativa explican los legisladores de la Coalición Cívica que en nuestro país, estadísticas de la organización no gubernamental “Luchemos por la Vida” nos hablan de 7.885 fallecimientos por accidentes viales a nivel nacional -con 22 víctimas como promedio diario, y 657 a nivel mensual- durante el último año, de los cuales 2.983 (casi el 40%) se registraron en territorio bonaerense. “Más allá de la denominación de “accidentes” -señalan López Villa y los demás legisladores- estos hechos no fueron fruto del mero azar o destino cuando se considera que sus principales causas combinan error humano con deficiencias en el estado de los caminos y dispositivos de ordenamiento vial, reservando un lugar preponderante en este listado nefasto, el cruce de calles sin respetar el semáforo”.
“Sin ánimo de disminuir la responsabilidad de los conductores y peatones -sostienen- centramos en esta oportunidad la atención en las características inapropiadas que presentan los semáforos, en tanto dispositivos fundamentales de ordenamiento vial en lo referente a su visibilidad y adecuación a la dinámica de manejo en ruta”.
Ejemplo elocuente
Expresan al respecto que “a modo de ejemplo, cabe mencionar lo que acontece actualmente en la Ruta Provincial 210, denominada la Gran Vía del Sur pues se trata de uno de los circuitos de tránsito más activos del sur del Conurbano bonaerense, además de que su recorrido es circundado por un alto nivel de densidad poblacional, todo lo cual da lugar a un crecimiento exponencial de circulación tanto
vehicular como peatonal y a su consecuente riesgo de accidentes. A pesar de ello -dice- en dicha arteria, a la altura de Presidente Perón, se halla dispuesto un semáforo cuyas características, en lo que refiere a potencia lumínica, longitud de ciclo y tiempos de espera o luz amarilla responden a las necesidades de los circuitos urbanos ordinarios y no al volumen de tránsito, límites permitidos de velocidad y exigencias de reacción propios de las condiciones de una ruta provincial”.
“A esta deficiencia -subrayan los senadores López Villa, Mor Roig y Gainza- que de por sí favorece la posibilidad de accidentes, se le suma la concentración del rol del Estado no en la prevención de conductas imprudentes sino en la disposición de personal policial in situ. Esto implica que no se advierta previamente tal presencia, malogrando su efecto disuasivo ante el potencial abuso de velocidad y limitando el accionar estatal a la sanción del hecho consumado”.-
viernes, 19 de noviembre de 2010
RECLAMAN ADECUAR LAS SEÑALES Y CONTROLES DE VELOCIDAD EN RUTAS PROVINCIALES PARA EVITAR QUE SEAN “MERAS TRAMPAS PARA RECAUDAR MAS”
El senador bonaerense Fernando López Villa (CC-ARI) solicita al Poder Ejecutivo provincial que considere y generalice la reubicación de las señales viales que advierten a los conductores tanto los límites de velocidad máxima permitidos como la existencia de controles de velocidad, con el fin de optimizar sus efectos sobre la seguridad en el tránsito en las rutas de la Provincia.
En ese orden, explica el legislador que la ley 13.927 habilitó la implementación en las rutas provinciales de una serie de controles de velocidad mediante procedimientos técnicos que permiten obtener la fotografía del vehículo y medir la velocidad a la que se desplaza, determinando, en los casos de violación a los máximos legales, las eventuales contravenciones que se cometan. “Sin embargo -subraya- si se dispone estos artefactos y toda señal de tránsito en sitios inadecuados, semiocultos o sorpresivos, se subvierte el espíritu de la normativa, pierde de manera notable su finalidad de aumentar la seguridad vial, y puede ser interpretada como una trampa para incautos, y un simple mecanismo de recaudación”.
Al respecto, destaca López Villa -a quien acompañan con su firma sus pares de bloque Javier Mor Roig y María I. Gainza- que “los indicadores de velocidad máxima y los controles de velocidad deben estar colocados en lugares donde se constate la peligrosidad de la circulación a exceso de velocidad y deben ser anunciados con la adecuada señalización, ya que si la indicación de velocidad está colocada de manera poco visible e inmediata al lugar donde se coloca el control, se impide al conductor tanto la debida notificación de los límites allí establecidos como el margen mínimo para la consecuente adecuación a los mismos”.
Despropósito
Como ejemplo el senador López Villa y los coautores de la iniciativa aluden a la situación que se plantea en el tramo de la Ruta 210 que atraviesa a la ciudad de Burzaco, partido de Almirante Brown, a la altura de la calle Italia, a unos cien metros de la rotonda de intersección con la Ruta Provincial Nº 4, así como los dispuestos a unos 300 metros en la continuación de la mencionada avenida -también conocida como la Gran Vía del Sur- a la altura de la salida del Parque Industrial.
A propósito, dicen los legisladores de la Coalición Cívica que en ambas ubicaciones se colocaron controles de velocidad que han derivado en numerosas infracciones a los automovilistas que se desplazan por esa ruta “sin que se observen carteles que adviertan sobre la existencia de radares, ni son claramente visibles ni dispuestas con la necesaria anticipación las señalizaciones de la velocidad máxima permitida que, insólitamente, es allí de 40 Km. /h”.
Afirman López Villa, Mor Roig y Gainza que “la inclusión de tecnologías en la instrumentación de los controles significa una innovación que tiende a mejorar la seguridad en las rutas y disminuir el elevado nivel de accidentes graves, pero la innegable utilidad de estas advertencias y controles de velocidad requiere suma prudencia en su empleo y una demostración absoluta de buena fe en su colocación”.-
En ese orden, explica el legislador que la ley 13.927 habilitó la implementación en las rutas provinciales de una serie de controles de velocidad mediante procedimientos técnicos que permiten obtener la fotografía del vehículo y medir la velocidad a la que se desplaza, determinando, en los casos de violación a los máximos legales, las eventuales contravenciones que se cometan. “Sin embargo -subraya- si se dispone estos artefactos y toda señal de tránsito en sitios inadecuados, semiocultos o sorpresivos, se subvierte el espíritu de la normativa, pierde de manera notable su finalidad de aumentar la seguridad vial, y puede ser interpretada como una trampa para incautos, y un simple mecanismo de recaudación”.
Al respecto, destaca López Villa -a quien acompañan con su firma sus pares de bloque Javier Mor Roig y María I. Gainza- que “los indicadores de velocidad máxima y los controles de velocidad deben estar colocados en lugares donde se constate la peligrosidad de la circulación a exceso de velocidad y deben ser anunciados con la adecuada señalización, ya que si la indicación de velocidad está colocada de manera poco visible e inmediata al lugar donde se coloca el control, se impide al conductor tanto la debida notificación de los límites allí establecidos como el margen mínimo para la consecuente adecuación a los mismos”.
Despropósito
Como ejemplo el senador López Villa y los coautores de la iniciativa aluden a la situación que se plantea en el tramo de la Ruta 210 que atraviesa a la ciudad de Burzaco, partido de Almirante Brown, a la altura de la calle Italia, a unos cien metros de la rotonda de intersección con la Ruta Provincial Nº 4, así como los dispuestos a unos 300 metros en la continuación de la mencionada avenida -también conocida como la Gran Vía del Sur- a la altura de la salida del Parque Industrial.
A propósito, dicen los legisladores de la Coalición Cívica que en ambas ubicaciones se colocaron controles de velocidad que han derivado en numerosas infracciones a los automovilistas que se desplazan por esa ruta “sin que se observen carteles que adviertan sobre la existencia de radares, ni son claramente visibles ni dispuestas con la necesaria anticipación las señalizaciones de la velocidad máxima permitida que, insólitamente, es allí de 40 Km. /h”.
Afirman López Villa, Mor Roig y Gainza que “la inclusión de tecnologías en la instrumentación de los controles significa una innovación que tiende a mejorar la seguridad en las rutas y disminuir el elevado nivel de accidentes graves, pero la innegable utilidad de estas advertencias y controles de velocidad requiere suma prudencia en su empleo y una demostración absoluta de buena fe en su colocación”.-
viernes, 10 de septiembre de 2010
PROPICIAN PAUTAS PARA LA COLOCACION LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS
Iniciativa del senador Fernando López Villa (CC-ARI)
La Plata, 10 septiembre de 2010
A través de un proyecto de ley de su autoría, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propone la fijación de pautas básicas para la constitución de los equipos de trabajo indispensables para el funcionamiento de cada Servicio de Colocación Selectiva de Personas Discapacitadas (SECLAS).
A tal efecto, propicia la modificación del artículo 12° de la Ley 10.592, por el cual se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo bonaerense, y en cada una de sus Delegaciones Regionales, el SECLAS, organismo que “será responsable de la administración del sistema de empleo, examinando las condiciones existentes en el mercado laboral y adoptando medidas para asegurar la colocación de las personas discapacitadas. A tal efecto, llevará un Registro de las personas discapacitadas aspirantes a ingresar a empleos o actividades públicos o privados”.
La iniciativa de López Villa, que también lleva la firma de sus pares de bancada Javier Mor Roig, María Isabel Gainza y Daniel Expósito, determina expresamente que dicho Servicio “deberá estar constituido por al menos un médico especialista en Medicina de Rehabilitación, Medicina del Trabajo y Psiquiatría; un terapista ocupacional; un psicólogo; un psicopedagogo; un asistente social y colocadores laborales a nivel central y descentralizado. Asimismo consigna que “su domicilio se establecerá considerando su libre accesibilidad física y funcional; implementará un sistema de recolección y sistematización de datos que incluya la recepción fluida de información sobre vacantes y las potencialidades de cada postulante; informará a las personas discapacitadas sobre las diversas posibilidades que hagan a su colocación y pleno empleo; realizará un seguimiento de su desempeño laboral y ofrecerá todo asesoramiento técnico necesario requerido por el sector oficial y privado”.
En los fundamentos de su presentación sostienen los senadores de la Coalición Cívica que a pesar de los 23 años transcurridos desde la sanción de esa norma “no se ha definido aún qué recursos humanos deben desempeñarse en dichos Servicios, siendo esta carencia de un impacto fuertemente negativo para su funcionamiento”.
Explican López Villa, Mor Roig, Gainza y Expósito que la conformación de los planteles básicos permitirá “el adecuado funcionamiento de este Servicio de Colocación Laboral selectiva de personas discapacitadas, que consiste puntualmente en el registro de los solicitantes de empleo; la evaluación que determinará la desventaja profesional y la aptitud y capacidad para el desempeño de una tarea; la promoción en instituciones oficiales y/o privadas que responda a la demanda existente en el mercado laboral, la selección; la ubicación y el posterior seguimiento”.-
La Plata, 10 septiembre de 2010
A través de un proyecto de ley de su autoría, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propone la fijación de pautas básicas para la constitución de los equipos de trabajo indispensables para el funcionamiento de cada Servicio de Colocación Selectiva de Personas Discapacitadas (SECLAS).
A tal efecto, propicia la modificación del artículo 12° de la Ley 10.592, por el cual se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo bonaerense, y en cada una de sus Delegaciones Regionales, el SECLAS, organismo que “será responsable de la administración del sistema de empleo, examinando las condiciones existentes en el mercado laboral y adoptando medidas para asegurar la colocación de las personas discapacitadas. A tal efecto, llevará un Registro de las personas discapacitadas aspirantes a ingresar a empleos o actividades públicos o privados”.
La iniciativa de López Villa, que también lleva la firma de sus pares de bancada Javier Mor Roig, María Isabel Gainza y Daniel Expósito, determina expresamente que dicho Servicio “deberá estar constituido por al menos un médico especialista en Medicina de Rehabilitación, Medicina del Trabajo y Psiquiatría; un terapista ocupacional; un psicólogo; un psicopedagogo; un asistente social y colocadores laborales a nivel central y descentralizado. Asimismo consigna que “su domicilio se establecerá considerando su libre accesibilidad física y funcional; implementará un sistema de recolección y sistematización de datos que incluya la recepción fluida de información sobre vacantes y las potencialidades de cada postulante; informará a las personas discapacitadas sobre las diversas posibilidades que hagan a su colocación y pleno empleo; realizará un seguimiento de su desempeño laboral y ofrecerá todo asesoramiento técnico necesario requerido por el sector oficial y privado”.
En los fundamentos de su presentación sostienen los senadores de la Coalición Cívica que a pesar de los 23 años transcurridos desde la sanción de esa norma “no se ha definido aún qué recursos humanos deben desempeñarse en dichos Servicios, siendo esta carencia de un impacto fuertemente negativo para su funcionamiento”.
Explican López Villa, Mor Roig, Gainza y Expósito que la conformación de los planteles básicos permitirá “el adecuado funcionamiento de este Servicio de Colocación Laboral selectiva de personas discapacitadas, que consiste puntualmente en el registro de los solicitantes de empleo; la evaluación que determinará la desventaja profesional y la aptitud y capacidad para el desempeño de una tarea; la promoción en instituciones oficiales y/o privadas que responda a la demanda existente en el mercado laboral, la selección; la ubicación y el posterior seguimiento”.-
viernes, 27 de agosto de 2010
PROPICIAN MEDIDAS PARA FACILITAR LA OPTIMA ACCESIBILIDAD AL SENADO BONAERENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Iniciativa del senador Fernando López Villa de la CC-ARI
La Plata, 27 agosto de 2010
Un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la adopción de una serie de medidas tendientes a garantizar la óptima accesibilidad a todas las dependencias del H. Senado de la provincia de Buenos Aires de las personas con discapacidades.
La iniciativa, que también suscriben sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito y María Isabel Gainza, y el senador Juan Carlos Simón (UCR), determina -entre otros puntos- “la creación de estacionamientos para vehículos que transporten a personas con discapacidad, los cuales serán debidamente reservados, señalizados y dispuestos en los accesos al edificio que carezcan de barreras arquitectónicas”.
El proyecto, que apunta a dar cabal cumplimiento a lo prescripto por las leyes 24.314; 10.592 y 13.110, también contempla la adopción de “medidas de capacitación y coordinación necesarias a fin de asegurar en la Cámara Alta bonaerense la presencia de un traductor de lengua de señas ante el requerimiento de una persona sorda o hipoacúsica”. Al mismo tiempo establece “la habilitación de al menos un baño con adaptación para el uso de personas con silla de ruedas en cada piso de la Cámara de Senadores, y la realización de todas las obras conducentes a asegurar el acceso y la libre transitabilidad de los pasillos y accesos”.
Mayor seguridad y autonomía
En los fundamentos de su proyecto explica López Villa que según la ley nacional 24.314, la accesibilidad es “…la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía, como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades”. En ese orden, sostiene que “la supresión de barreras arquitectónicas “abre oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y las de sus grupos de pertenencia, resguardando debidamente su derecho a la educación, la salud, al trabajo y a la recreación”.-
La Plata, 27 agosto de 2010
Un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la adopción de una serie de medidas tendientes a garantizar la óptima accesibilidad a todas las dependencias del H. Senado de la provincia de Buenos Aires de las personas con discapacidades.
La iniciativa, que también suscriben sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito y María Isabel Gainza, y el senador Juan Carlos Simón (UCR), determina -entre otros puntos- “la creación de estacionamientos para vehículos que transporten a personas con discapacidad, los cuales serán debidamente reservados, señalizados y dispuestos en los accesos al edificio que carezcan de barreras arquitectónicas”.
El proyecto, que apunta a dar cabal cumplimiento a lo prescripto por las leyes 24.314; 10.592 y 13.110, también contempla la adopción de “medidas de capacitación y coordinación necesarias a fin de asegurar en la Cámara Alta bonaerense la presencia de un traductor de lengua de señas ante el requerimiento de una persona sorda o hipoacúsica”. Al mismo tiempo establece “la habilitación de al menos un baño con adaptación para el uso de personas con silla de ruedas en cada piso de la Cámara de Senadores, y la realización de todas las obras conducentes a asegurar el acceso y la libre transitabilidad de los pasillos y accesos”.
Mayor seguridad y autonomía
En los fundamentos de su proyecto explica López Villa que según la ley nacional 24.314, la accesibilidad es “…la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía, como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades”. En ese orden, sostiene que “la supresión de barreras arquitectónicas “abre oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y las de sus grupos de pertenencia, resguardando debidamente su derecho a la educación, la salud, al trabajo y a la recreación”.-
jueves, 12 de agosto de 2010
BUSCAN GARANTIZAR QUE LOS FONDOS DEL I.P.S. SE DESTINEN SOLO A LOS JUBILADOS BONAERENSES
Proyecto de ley de los senadores Fernando López Villa y Javier Mor Roig (CC-ARI).
La Plata, 11 agosto de 2010
Con el fin de evitar la apropiación indebida de los excedentes del Instituto de Previsión Social (IPS) para su uso como fondo de financiamiento de las rentas generales por parte del Poder Ejecutivo bonaerense, los senadores Fernando López Villa y Javier Mor Roig, de la Coalición Cívica (CC), proponen la modificación del artículo 8° del Decreto Ley 9.650/80 de modo de establecer un límite y nuevas condiciones al endeudamiento que el Estado provincial puede tomar de dicho organismo y, a la vez, crear una nueva línea de créditos para el sector pasivo destinada a vivienda, salud y turismo o recreación.
La iniciativa determina que el límite del endeudamiento del Ejecutivo permitido no podrá exceder del 15 por ciento del superávit anual del ente previsional, y siempre que el total del endeudamiento del Estado Provincial, por todo concepto, no supere el 50% de la recaudación total del I.P.S. en ese año. En todos los casos -se indica- las tasas de interés no podrán ser menores a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a 30 días, incrementada en un 50%”.
La norma especifica que se establecerán líneas de crédito a los afiliados pasivos del I.P.S. destinados a la adquisición, construcción y refacción de vivienda familiar única, gastos de salud, o para turismo y recreación del afiliado y su grupo familiar.
Fundamentos
En los fundamentos de su proyecto explican los senadores López Villa y Mor Roig que el Decreto Ley 9.650/80 prevé que “los fondos del I.P.S. deben ser invertidos en condiciones óptimas de seguridad y liquidez, atendiendo al doble aspecto de productividad y fin social. Actualmente no se cumple con ese cometido -señala el legislador- por lo que urge garantizar la existencia de un fondo de capital genuino del Instituto que le permita atender la posible ocurrencia de un futuro déficit operativo por disminución de los recursos o por aumento de las prestaciones, todo ello manteniendo las condiciones de liquidez y seguridad, y apuntando efectivamente a un fin social”.
“El Estado Provincial -subraya el senador López Villa- ha venido utilizando los excedentes del I.P.S. como fondo propio de financiamiento de las rentas generales, mediante el procedimiento no legítimo de desafectar los fondos excedentes del Instituto. Posteriormente comenzó a entregar una letra a cambio de los fondos que ha venido utilizando, pero ello generó un endeudamiento creciente que corre el riesgo de convertirse en impagable”.-
Ver proyecto fondos del I.P.S. completo
La Plata, 11 agosto de 2010
Con el fin de evitar la apropiación indebida de los excedentes del Instituto de Previsión Social (IPS) para su uso como fondo de financiamiento de las rentas generales por parte del Poder Ejecutivo bonaerense, los senadores Fernando López Villa y Javier Mor Roig, de la Coalición Cívica (CC), proponen la modificación del artículo 8° del Decreto Ley 9.650/80 de modo de establecer un límite y nuevas condiciones al endeudamiento que el Estado provincial puede tomar de dicho organismo y, a la vez, crear una nueva línea de créditos para el sector pasivo destinada a vivienda, salud y turismo o recreación.
La iniciativa determina que el límite del endeudamiento del Ejecutivo permitido no podrá exceder del 15 por ciento del superávit anual del ente previsional, y siempre que el total del endeudamiento del Estado Provincial, por todo concepto, no supere el 50% de la recaudación total del I.P.S. en ese año. En todos los casos -se indica- las tasas de interés no podrán ser menores a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a 30 días, incrementada en un 50%”.
La norma especifica que se establecerán líneas de crédito a los afiliados pasivos del I.P.S. destinados a la adquisición, construcción y refacción de vivienda familiar única, gastos de salud, o para turismo y recreación del afiliado y su grupo familiar.
Fundamentos
En los fundamentos de su proyecto explican los senadores López Villa y Mor Roig que el Decreto Ley 9.650/80 prevé que “los fondos del I.P.S. deben ser invertidos en condiciones óptimas de seguridad y liquidez, atendiendo al doble aspecto de productividad y fin social. Actualmente no se cumple con ese cometido -señala el legislador- por lo que urge garantizar la existencia de un fondo de capital genuino del Instituto que le permita atender la posible ocurrencia de un futuro déficit operativo por disminución de los recursos o por aumento de las prestaciones, todo ello manteniendo las condiciones de liquidez y seguridad, y apuntando efectivamente a un fin social”.
“El Estado Provincial -subraya el senador López Villa- ha venido utilizando los excedentes del I.P.S. como fondo propio de financiamiento de las rentas generales, mediante el procedimiento no legítimo de desafectar los fondos excedentes del Instituto. Posteriormente comenzó a entregar una letra a cambio de los fondos que ha venido utilizando, pero ello generó un endeudamiento creciente que corre el riesgo de convertirse en impagable”.-
viernes, 2 de julio de 2010
PROPONEN INSTITUIR EN LA PROVINCIA UN SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
La Plata, 2 julio de 2010.-
El senador López Villa propicia la creación del Sistema de Acogimiento Familiar, del cual podrán ser beneficiarios los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento y hasta los 18 años de edad.
A través de un proyecto de ley recientemente ingresado en la Legislatura, el senador bonaerense Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la creación del Sistema de Acogimiento Familiar, del cual podrán ser beneficiarios los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento y hasta los 18 años de edad, residentes en la Provincia de Buenos Aires, “cuando se observen en el hogar circunstancias que inhiban u obstaculicen el cabal ejercicio de sus derechos humanos”. Se explica en la iniciativa que se entiende por acogimiento familiar -enmarcado en la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños y la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- “al procedimiento devenido del derecho de los beneficiarios a ser contenidos en el seno de una familia acogedora, con el objeto de favorecer, desde el respeto a su identidad, la recomposición vincular con su familia de origen”
Tras aclarar expresamente que “el acogimiento no crea parentesco alguno entre acogedores y acogidos, no forma parte del proceso de adopción y preserva los derechos de la familia de origen”, define como familia acogedora a aquella “evaluada, formada y seleccionada por el organismo estatal competente que se dispone a recibir en su hogar a una niña, niño o adolescente miembro de una familia que, en forma temporal o permanente, no pueda garantizar su desarrollo integral. Dicho acogimiento -se sostiene- debe garantizar la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien le recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle contención emocional”.
Solidaridad, respeto y contención
En los fundamentos del proyecto del senador López Villa, a quien acompañan con sus firmas sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, se expresa, entre otros puntos, que “el cabal ejercicio del derecho a vivir en familia, relacionarse con su grupo de pertenencia de manera consistente, afrontar el desafío de la intervinculación, la tolerancia, la contención, el respeto, las rutinas cotidianas, es parte esencial y determinante en el proceso constituyente de una persona plena. Sin embargo -se dice- múltiples y complejas son las circunstancias que pueden obstaculizar, imposibilitar o tornar inapropiada la permanencia de los hijos en su propio hogar. La emergencia de tales situaciones impone al Estado la obligación de actuar en orden a la preservación de los derechos de los afectados, con especial referencia a los de los niños y a los de las familias que atraviesan dificultades”.
“Así entendido -afirman los senadores de la CC.-ARI- el acogimiento permite dotar a quien se halle en situación de vulnerabilidad, de una respuesta brindada de un par hacia otro par de la comunidad, con el apoyo y la supervisión de los organismos establecidos en las leyes vigentes, evitando estigmatizaciones y promoviendo la solidaridad como valor fundante de nuestra sociedad”.
Cabe diferenciar este proceder de una adopción: los niños que se hallen dentro del sistema de acogimiento lo están porque no fueron declarados en abandono y, por lo tanto, no pueden ser adoptados. En tal sentido, se señala que “ello no debe ser la paradójica causa de que no crezcan y se desarrollen en el seno de una familia. Este mecanismo, entonces, defiende tanto el derecho de las familias en problemas a no perder el vínculo con su pequeño como al de los niños a gozar de un entorno familiar contenedor y respetuoso para su desarrollo integral”.
VER PROYECTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR COMPLETO
El senador López Villa propicia la creación del Sistema de Acogimiento Familiar, del cual podrán ser beneficiarios los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento y hasta los 18 años de edad.
A través de un proyecto de ley recientemente ingresado en la Legislatura, el senador bonaerense Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la creación del Sistema de Acogimiento Familiar, del cual podrán ser beneficiarios los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento y hasta los 18 años de edad, residentes en la Provincia de Buenos Aires, “cuando se observen en el hogar circunstancias que inhiban u obstaculicen el cabal ejercicio de sus derechos humanos”. Se explica en la iniciativa que se entiende por acogimiento familiar -enmarcado en la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños y la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- “al procedimiento devenido del derecho de los beneficiarios a ser contenidos en el seno de una familia acogedora, con el objeto de favorecer, desde el respeto a su identidad, la recomposición vincular con su familia de origen”
Tras aclarar expresamente que “el acogimiento no crea parentesco alguno entre acogedores y acogidos, no forma parte del proceso de adopción y preserva los derechos de la familia de origen”, define como familia acogedora a aquella “evaluada, formada y seleccionada por el organismo estatal competente que se dispone a recibir en su hogar a una niña, niño o adolescente miembro de una familia que, en forma temporal o permanente, no pueda garantizar su desarrollo integral. Dicho acogimiento -se sostiene- debe garantizar la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien le recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle contención emocional”.
Solidaridad, respeto y contención
En los fundamentos del proyecto del senador López Villa, a quien acompañan con sus firmas sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, se expresa, entre otros puntos, que “el cabal ejercicio del derecho a vivir en familia, relacionarse con su grupo de pertenencia de manera consistente, afrontar el desafío de la intervinculación, la tolerancia, la contención, el respeto, las rutinas cotidianas, es parte esencial y determinante en el proceso constituyente de una persona plena. Sin embargo -se dice- múltiples y complejas son las circunstancias que pueden obstaculizar, imposibilitar o tornar inapropiada la permanencia de los hijos en su propio hogar. La emergencia de tales situaciones impone al Estado la obligación de actuar en orden a la preservación de los derechos de los afectados, con especial referencia a los de los niños y a los de las familias que atraviesan dificultades”.
“Así entendido -afirman los senadores de la CC.-ARI- el acogimiento permite dotar a quien se halle en situación de vulnerabilidad, de una respuesta brindada de un par hacia otro par de la comunidad, con el apoyo y la supervisión de los organismos establecidos en las leyes vigentes, evitando estigmatizaciones y promoviendo la solidaridad como valor fundante de nuestra sociedad”.
Cabe diferenciar este proceder de una adopción: los niños que se hallen dentro del sistema de acogimiento lo están porque no fueron declarados en abandono y, por lo tanto, no pueden ser adoptados. En tal sentido, se señala que “ello no debe ser la paradójica causa de que no crezcan y se desarrollen en el seno de una familia. Este mecanismo, entonces, defiende tanto el derecho de las familias en problemas a no perder el vínculo con su pequeño como al de los niños a gozar de un entorno familiar contenedor y respetuoso para su desarrollo integral”.
viernes, 25 de junio de 2010
PIDEN INFORMES AL GOBIERNO PROVINCIAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
La Plata, 25 de junio de 2010.-
Mediante un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC-ARI) requiere precisiones en torno de la constitución y el funcionamiento del Consejo para Personas Discapacitadas (COPRODIS).
En la iniciativa, que también lleva la firma de los senadores de la Coalición Cívica Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza, se explica que el citado Consejo “constituye una trascendente alternativa para la creación de consensos destinados a compartir experiencias, intercambiar opiniones y acceder a la información de las demandas de los destinatarios de las acciones implementadas o esperadas sobre el tema, a la vez de proporcionar un ámbito de discusión en el que se hallan representados todos los involucrados en esta temática en el diseño de políticas públicas efectivas y generadoras de una optimización de la calidad de vida de quienes se hallan afectados por alguna discapacidad, así como la de quienes comparten sus vicisitudes y luchas cotidianas”.
Dado que, además de lo establecido en su Reglamento Interno, en los que se cuentan como funciones del COPRODIS -entre otras- las de proponer los lineamientos de las políticas en prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, así como sugerir la planificación y coordinación de de las mismas, y fomentar y participar en campañas permanentes de información y concientización comunitaria, el Consejo “tiene la neurálgica misión de incentivar su replicación en el ámbito municipal, el nivel de actividad que registre tiene un impacto directo en el poder multiplicador de las acciones planteadas, y su detenimiento implicaría exponer a las personas discapacitadas a una postergación en el proceso de toma de decisiones que culminaría en un acendramiento de sus pesares”.
“Ante la necesidad imperiosa de contar con un Estado determinado a asegurar a los más vulnerables el cabal ejercicio de sus derechos humanos, la claridad de los objetivos y disposiciones previstas en la normativa vigente y la carencia de información clara y fehaciente con que debe, por derecho, contar la ciudadanía” -subrayan los legisladores de la Coalición Cívica- es que se demanda información al Poder Ejecutivo bonaerense acerca del funcionamiento del referido organismo.-
ver proyecto de solicitud de informes completo
Mediante un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC-ARI) requiere precisiones en torno de la constitución y el funcionamiento del Consejo para Personas Discapacitadas (COPRODIS).
En la iniciativa, que también lleva la firma de los senadores de la Coalición Cívica Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza, se explica que el citado Consejo “constituye una trascendente alternativa para la creación de consensos destinados a compartir experiencias, intercambiar opiniones y acceder a la información de las demandas de los destinatarios de las acciones implementadas o esperadas sobre el tema, a la vez de proporcionar un ámbito de discusión en el que se hallan representados todos los involucrados en esta temática en el diseño de políticas públicas efectivas y generadoras de una optimización de la calidad de vida de quienes se hallan afectados por alguna discapacidad, así como la de quienes comparten sus vicisitudes y luchas cotidianas”.
Dado que, además de lo establecido en su Reglamento Interno, en los que se cuentan como funciones del COPRODIS -entre otras- las de proponer los lineamientos de las políticas en prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, así como sugerir la planificación y coordinación de de las mismas, y fomentar y participar en campañas permanentes de información y concientización comunitaria, el Consejo “tiene la neurálgica misión de incentivar su replicación en el ámbito municipal, el nivel de actividad que registre tiene un impacto directo en el poder multiplicador de las acciones planteadas, y su detenimiento implicaría exponer a las personas discapacitadas a una postergación en el proceso de toma de decisiones que culminaría en un acendramiento de sus pesares”.
“Ante la necesidad imperiosa de contar con un Estado determinado a asegurar a los más vulnerables el cabal ejercicio de sus derechos humanos, la claridad de los objetivos y disposiciones previstas en la normativa vigente y la carencia de información clara y fehaciente con que debe, por derecho, contar la ciudadanía” -subrayan los legisladores de la Coalición Cívica- es que se demanda información al Poder Ejecutivo bonaerense acerca del funcionamiento del referido organismo.-
jueves, 17 de junio de 2010
PROPONEN CREAR EN LA PROVINCIA UNA RED DE SERVICIOS PARA LA PRESERVACION DE LA SALUD RENAL
La Plata, 17 de junio de 2010.-
Iniciativa del senador Fernando López Villa suscripta
por todos sus pares del Bloque de la CC-ARI.
A través de un proyecto de ley que suscriben todos los integrantes del bloque de la Coalición Cívica-ARI de la Cámara Alta bonaerense, el senador Fernando López Villa propone la implementación de una Red de servicios para la preservación de la salud renal en el ámbito provincial. Dichas acciones tendrán el fin de “promover la salud y calidad de vida de la población y evitar o minimizar las severas consecuencias derivadas de la detección tardía de condiciones y patologías predisponentes o determinantes de insuficiencia renal”, y será su autoridad de aplicación el Ministerio de Salud.
La iniciativa establece que el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) brindará cobertura a todas las prestaciones que deban ser realizadas por sus afiliados en razón de lo establecido por dicha norma, mientras que la Unidad de Coordinación del Sistema de Protección Social en Salud determinará la manera en que el Estado provincial incluirá la cobertura de dichos procesos diagnósticos y terapéuticos para aquellas personas que no dispongan de obra social.
Según el proyecto de López Villa, que firman también los senadores Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, las medidas dispuestas en el marco de la mencionada Red, y su articulación sistemática con los planes y programas de salud vigentes, aspiran a “la efectivización especialmente orientada desde la atención primaria de la salud de controles generalizados de presión arterial, análisis de sangre (creatinina) y análisis de orina (proteinuria). Estos simples controles y una entrevista médica -se explica- permitirán definir si la persona tiene daño renal, con o sin insuficiencia renal, estadificando a los positivos en niveles I a V, permitiendo al médico alcanzar, luego, un diagnóstico etiológico, e implementar medidas asistenciales, higiénico-dietéticas y de vigilancia que enlentezcan o detengan la progresión a etapas avanzadas de insuficiencia renal y a diálisis”.
Factores de riesgo y estudios preventivos:
Tras consignar en los fundamentos que “la presión alta, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los trastornos metabólicos -glucemia y colesterol elevados- y, por supuesto, la edad avanzada y los antecedentes hereditarios de enfermedades que afecten al corazón o riñón, constituyen factores de riesgo reconocidos”, la propuesta legislativa establece “análisis diagnósticos para las niñas, niños y adolescentes al ingreso de cada nivel escolar; evaluaciones insertas en los controles anuales previstos para los empleados públicos provinciales; protocolos de actuación y campañas sistemáticas que eduquen y alienten a la población general y, muy especialmente, a quienes se hallan sometidos a condiciones de vulnerabilidad, a detectar indicios y concretar estudios -cubiertos por la seguridad social- que determinen su nivel de riesgo y/o demanda terapéutica requerida”.
Ver proyecto completo
Iniciativa del senador Fernando López Villa suscripta
por todos sus pares del Bloque de la CC-ARI.
A través de un proyecto de ley que suscriben todos los integrantes del bloque de la Coalición Cívica-ARI de la Cámara Alta bonaerense, el senador Fernando López Villa propone la implementación de una Red de servicios para la preservación de la salud renal en el ámbito provincial. Dichas acciones tendrán el fin de “promover la salud y calidad de vida de la población y evitar o minimizar las severas consecuencias derivadas de la detección tardía de condiciones y patologías predisponentes o determinantes de insuficiencia renal”, y será su autoridad de aplicación el Ministerio de Salud.
La iniciativa establece que el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) brindará cobertura a todas las prestaciones que deban ser realizadas por sus afiliados en razón de lo establecido por dicha norma, mientras que la Unidad de Coordinación del Sistema de Protección Social en Salud determinará la manera en que el Estado provincial incluirá la cobertura de dichos procesos diagnósticos y terapéuticos para aquellas personas que no dispongan de obra social.
Según el proyecto de López Villa, que firman también los senadores Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, las medidas dispuestas en el marco de la mencionada Red, y su articulación sistemática con los planes y programas de salud vigentes, aspiran a “la efectivización especialmente orientada desde la atención primaria de la salud de controles generalizados de presión arterial, análisis de sangre (creatinina) y análisis de orina (proteinuria). Estos simples controles y una entrevista médica -se explica- permitirán definir si la persona tiene daño renal, con o sin insuficiencia renal, estadificando a los positivos en niveles I a V, permitiendo al médico alcanzar, luego, un diagnóstico etiológico, e implementar medidas asistenciales, higiénico-dietéticas y de vigilancia que enlentezcan o detengan la progresión a etapas avanzadas de insuficiencia renal y a diálisis”.
Factores de riesgo y estudios preventivos:
Tras consignar en los fundamentos que “la presión alta, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los trastornos metabólicos -glucemia y colesterol elevados- y, por supuesto, la edad avanzada y los antecedentes hereditarios de enfermedades que afecten al corazón o riñón, constituyen factores de riesgo reconocidos”, la propuesta legislativa establece “análisis diagnósticos para las niñas, niños y adolescentes al ingreso de cada nivel escolar; evaluaciones insertas en los controles anuales previstos para los empleados públicos provinciales; protocolos de actuación y campañas sistemáticas que eduquen y alienten a la población general y, muy especialmente, a quienes se hallan sometidos a condiciones de vulnerabilidad, a detectar indicios y concretar estudios -cubiertos por la seguridad social- que determinen su nivel de riesgo y/o demanda terapéutica requerida”.
viernes, 7 de mayo de 2010
PROPONEN UN MARCO LEGAL PARA LA APLICACION DE TRATAMIENTOS CON DIALISIS EN LA PROVINCIA
La Plata, 8 de mayo de 2010.- El senador Fernando López Villa (CC-ARI) elaboró y presentó en la Legislatura un proyecto de ley tendiente a brindar un marco de ordenamiento para la aplicación de los tratamientos dialíticos a los bonaerenses.
De acuerdo con la iniciativa, quedarán sujetos a las disposiciones de esa norma “todas las prestaciones médico-asistenciales relacionadas con pacientes nefrológicos; las personas habilitadas para la atención de los mismos; los procedimientos inherentes; la provisión, adecuación o reparación de máquinas, instalaciones, materiales y elementos permanentes de tratamiento, y toda otra actividad que sea complementaria de dichas prestaciones”.
Tras consignar que deberá entenderse por pacientes nefrológicos a quienes padecen tanto una insuficiencia renal crónica terminal como una insuficiencia renal aguda, el proyecto determina -entre otros puntos- que el procedimiento de diálisis “podrá aplicarse únicamente en unidades oficiales o privadas de asistencia médica especializada que hayan sido formalmente habilitadas al efecto por parte de la Subsecretaría de Control Sanitario, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia”.
Fundamentos
En los fundamentos de su propuesta parlamentaria, que también lleva las firmas de sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, explica en senador López Villa que en la Argentina, como en otros países de Latinoamérica, “la insuficiencia renal se ha transformado en un problema sanitario severo, ya que está vinculado no sólo con la pérdida de la salud y la pauperización de la calidad de vida sino, también, con altos costos médicos para su atención”. En ese orden, sostiene que “en nuestro país, la cifra de pacientes dializados aumenta año a año un 10 por ciento, siendo la diabetes y la hipertensión las principales causas de ingreso al tratamiento”, para agregar que “las estadísticas oficiales plantean que a la fecha existen 26.000 pacientes en tratamiento en todo el país, de los cuales 9.400, aproximadamente, habitan en territorio bonaerense”.
Luego de hacer referencia a la valiosa información reunida en la base de datos del INCUCAI, y de brindar una reseña vinculada con la creación y expansión de los centros de diálisis, señalan los legisladores de la CC-ARI que “la industria de la fabricación de riñones artificiales ha evolucionado admirablemente”, diseñando equipos sofisticados que permiten realizar el tratamiento del agua, el control computarizado, la ultra filtración, etc., otorgando mayor seguridad y confianza a quienes requieren de este tratamiento que permite al paciente en diálisis crónica su acceso al trasplante renal en condiciones adecuadas.
“Uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de los pacientes nefrológicos -afirman López Villa y sus pares de bloque- es lograr que las tareas a llevar a cabo; las condiciones laborales y sanitarias en que éstas se realizan y los controles que deben ejecutarse de manera sistemática, estén articulados y supervisados por el Estado, dado que este tratamiento requiere un equipo multidisciplinario de médicos y enfermeros especializados en hemodiálisis y profesionales de apoyo psicológico y funcional por el impacto que genera la aceptación de una enfermedad crónica o hasta la realización de un trasplante” , todo lo cual demanda una legislación específica que regule la formulación y aplicación de tratamientos dialíticos en un marco de adecuada atención, seguridad y eficiencia.-
De acuerdo con la iniciativa, quedarán sujetos a las disposiciones de esa norma “todas las prestaciones médico-asistenciales relacionadas con pacientes nefrológicos; las personas habilitadas para la atención de los mismos; los procedimientos inherentes; la provisión, adecuación o reparación de máquinas, instalaciones, materiales y elementos permanentes de tratamiento, y toda otra actividad que sea complementaria de dichas prestaciones”.
Tras consignar que deberá entenderse por pacientes nefrológicos a quienes padecen tanto una insuficiencia renal crónica terminal como una insuficiencia renal aguda, el proyecto determina -entre otros puntos- que el procedimiento de diálisis “podrá aplicarse únicamente en unidades oficiales o privadas de asistencia médica especializada que hayan sido formalmente habilitadas al efecto por parte de la Subsecretaría de Control Sanitario, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia”.
Fundamentos
En los fundamentos de su propuesta parlamentaria, que también lleva las firmas de sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, explica en senador López Villa que en la Argentina, como en otros países de Latinoamérica, “la insuficiencia renal se ha transformado en un problema sanitario severo, ya que está vinculado no sólo con la pérdida de la salud y la pauperización de la calidad de vida sino, también, con altos costos médicos para su atención”. En ese orden, sostiene que “en nuestro país, la cifra de pacientes dializados aumenta año a año un 10 por ciento, siendo la diabetes y la hipertensión las principales causas de ingreso al tratamiento”, para agregar que “las estadísticas oficiales plantean que a la fecha existen 26.000 pacientes en tratamiento en todo el país, de los cuales 9.400, aproximadamente, habitan en territorio bonaerense”.
Luego de hacer referencia a la valiosa información reunida en la base de datos del INCUCAI, y de brindar una reseña vinculada con la creación y expansión de los centros de diálisis, señalan los legisladores de la CC-ARI que “la industria de la fabricación de riñones artificiales ha evolucionado admirablemente”, diseñando equipos sofisticados que permiten realizar el tratamiento del agua, el control computarizado, la ultra filtración, etc., otorgando mayor seguridad y confianza a quienes requieren de este tratamiento que permite al paciente en diálisis crónica su acceso al trasplante renal en condiciones adecuadas.
“Uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de los pacientes nefrológicos -afirman López Villa y sus pares de bloque- es lograr que las tareas a llevar a cabo; las condiciones laborales y sanitarias en que éstas se realizan y los controles que deben ejecutarse de manera sistemática, estén articulados y supervisados por el Estado, dado que este tratamiento requiere un equipo multidisciplinario de médicos y enfermeros especializados en hemodiálisis y profesionales de apoyo psicológico y funcional por el impacto que genera la aceptación de una enfermedad crónica o hasta la realización de un trasplante” , todo lo cual demanda una legislación específica que regule la formulación y aplicación de tratamientos dialíticos en un marco de adecuada atención, seguridad y eficiencia.-
jueves, 22 de abril de 2010
PROPONEN CREAR EN LA PROVINCIA LA FIGURA DEL DEFENSOR GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
La Plata, 22 de abril de 2010.- Mediante un proyecto de ley promovido por el senador Fernando López Villa, legisladores de la Coalición Cívica-ARI proponen la creación de la figura del Defensor General de la Suprema Corte de Justicia y la modificación de diversos artículos de la Ley de Ministerio Público y de la norma que regula el funcionamiento del Tribunal de Casación.
La iniciativa, tendiente a jerarquizar la función de la Defensa y otorgarle una organización funcional autónoma de la de los Fiscales, propicia una distribución de las funciones que actualmente corresponden enteramente al Procurador General de la Suprema Corte, asignándole al Defensor General del máximo tribunal de Justicia las que específicamente se refieren al Ministerio de la Defensa Pública, sin perjuicio de que, en última instancia, el Procurador seguirá siendo la cabeza del Ministerio Público, como lo prevé el art. 189° de la Constitución.
En los fundamentos del proyecto de López Villa, que suscriben también sus pares de bancada Javier Mor Roig, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, se consigna que la figura del Defensor General de la Suprema Corte de Justicia “surge como una necesidad institucional a la luz del diseño que la Constitución de la Provincia prevé para el funcionamiento del Ministerio Público”, al especificar que “será desempeñado por el Procurador y el Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia, agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres”, siendo el primero de ellos quien ejerce la superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público.
“Pero tal diseño -se añade-, ajustado a las necesidades y al desarrollo conceptual propio de la época, aparece hoy como insuficiente frente a las necesidades operativas de la organización. En efecto, el Ministerio Público consta de tres estructuras diferentes: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar, y el Ministerio Público de la Defensa. En cada departamento judicial -subrayan- mientras el Fiscal de Cámaras tiene a su cargo a los agentes fiscales -el Ministerio Público Fiscal-, el Defensor General hace lo propio respecto de los defensores oficiales y los asesores de incapaces”.
Contraposición de objetivos
“Esta separación de funciones -dicen los senadores de la CC-ARI- tiene una razón clara y evidente: las funciones de los agentes fiscales y de los defensores, si bien pueden ubicarse dentro de la misión genérica del Ministerio Público, que es la de vigilar la aplicación de la ley y representar los intereses colectivos, tiene evidentes motivos de colisión en los casos concretos, ya que fiscales y defensores persiguen objetivos muchas veces contrapuestos. Así, mientras unos piden la condena del reo, los otros solicitan su absolución, o una condena menor, y en tales condiciones -explican- el ejercicio de la superintendencia sobre unos y otros es recomendable que sea ejercido por funcionarios diferentes”.-
La iniciativa, tendiente a jerarquizar la función de la Defensa y otorgarle una organización funcional autónoma de la de los Fiscales, propicia una distribución de las funciones que actualmente corresponden enteramente al Procurador General de la Suprema Corte, asignándole al Defensor General del máximo tribunal de Justicia las que específicamente se refieren al Ministerio de la Defensa Pública, sin perjuicio de que, en última instancia, el Procurador seguirá siendo la cabeza del Ministerio Público, como lo prevé el art. 189° de la Constitución.
En los fundamentos del proyecto de López Villa, que suscriben también sus pares de bancada Javier Mor Roig, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, se consigna que la figura del Defensor General de la Suprema Corte de Justicia “surge como una necesidad institucional a la luz del diseño que la Constitución de la Provincia prevé para el funcionamiento del Ministerio Público”, al especificar que “será desempeñado por el Procurador y el Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia, agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres”, siendo el primero de ellos quien ejerce la superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público.
“Pero tal diseño -se añade-, ajustado a las necesidades y al desarrollo conceptual propio de la época, aparece hoy como insuficiente frente a las necesidades operativas de la organización. En efecto, el Ministerio Público consta de tres estructuras diferentes: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar, y el Ministerio Público de la Defensa. En cada departamento judicial -subrayan- mientras el Fiscal de Cámaras tiene a su cargo a los agentes fiscales -el Ministerio Público Fiscal-, el Defensor General hace lo propio respecto de los defensores oficiales y los asesores de incapaces”.
Contraposición de objetivos
“Esta separación de funciones -dicen los senadores de la CC-ARI- tiene una razón clara y evidente: las funciones de los agentes fiscales y de los defensores, si bien pueden ubicarse dentro de la misión genérica del Ministerio Público, que es la de vigilar la aplicación de la ley y representar los intereses colectivos, tiene evidentes motivos de colisión en los casos concretos, ya que fiscales y defensores persiguen objetivos muchas veces contrapuestos. Así, mientras unos piden la condena del reo, los otros solicitan su absolución, o una condena menor, y en tales condiciones -explican- el ejercicio de la superintendencia sobre unos y otros es recomendable que sea ejercido por funcionarios diferentes”.-
EL PODER EJECUTIVO BONAERENSE DEBERA CONTESTAR EN VEINTE DIAS LOS PEDIDOS DE INFORMES ENVIADOS POR LA LEGISLATURA
La Plata, 22 de abril de 2010.-Un proyecto del senador Fernando López Villa fija ese plazo y determina sanciones para los funcionarios que no cumplan con él.
A través de un proyecto de ley, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la fijación de un plazo de veinte días hábiles para que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se le cursen desde la Legislatura, y establece severas sanciones para los funcionarios que no se ajustaran a ese término.
En ese orden la iniciativa -que también suscriben sus pares Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza-, determina que vencido el referido plazo “las solicitudes de informes en cuestión se harán públicas a través de su difusión en los dos diarios de mayor circulación provincial, con costos solventados en forma personal por el funcionario reticente a quien, asimismo, se considerará incurso en falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público previstos en el artículo 249 del Código Penal”. Se aclara asimismo que “la ejecución de las multas que se apliquen por la nueva ley se efectivizará por el proceso de apremio y lo así recaudado será destinado al presupuesto del Seguro Público de Salud”, y que “el tiempo de respuesta requerido podrá ser reducido de mediar cuestiones de urgencia o probable extemporaneidad”.
Incumplimiento
En los fundamentos de su propuesta expresan López Villa, Mor Roig y Gainza que la misma tiene por objeto “restablecer en el accionar interinstitucional de nuestra provincia el ejercicio cabal de las solicitudes de informes y su respuesta en tiempo, forma y contenido, lo cual constituye un deber ineludible por parte del Poder Ejecutivo en una sociedad que pretenda vivir en democracia”.
Agregan que “es ya contumaz la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a los requerimientos presentados por ambas Cámaras legislativas, gestando una sistematicidad por omisión que abarca ya a diversas administraciones; se ha acendrado como lamentable hábito y ha conllevado a un deterioro creciente de la efectividad del Poder Legislativo tergiversando hasta la inoperatividad su capacidad de garantizar el acceso ciudadano a la información; la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la gestión racional de los recursos públicos”.
“La gravedad institucional suscitada y el compromiso que todos los bloques hemos contraído con la sociedad -manifiestan los legisladores- nos conminan a hallar mecanismos que aseguren la reversión de esta renuencia a la obligación republicana de dar cuenta pública de los actos de gobierno, cuya acción en contrario la circunscribirá a los discursos de campaña”.-
A través de un proyecto de ley, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la fijación de un plazo de veinte días hábiles para que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se le cursen desde la Legislatura, y establece severas sanciones para los funcionarios que no se ajustaran a ese término.
En ese orden la iniciativa -que también suscriben sus pares Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza-, determina que vencido el referido plazo “las solicitudes de informes en cuestión se harán públicas a través de su difusión en los dos diarios de mayor circulación provincial, con costos solventados en forma personal por el funcionario reticente a quien, asimismo, se considerará incurso en falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público previstos en el artículo 249 del Código Penal”. Se aclara asimismo que “la ejecución de las multas que se apliquen por la nueva ley se efectivizará por el proceso de apremio y lo así recaudado será destinado al presupuesto del Seguro Público de Salud”, y que “el tiempo de respuesta requerido podrá ser reducido de mediar cuestiones de urgencia o probable extemporaneidad”.
Incumplimiento
En los fundamentos de su propuesta expresan López Villa, Mor Roig y Gainza que la misma tiene por objeto “restablecer en el accionar interinstitucional de nuestra provincia el ejercicio cabal de las solicitudes de informes y su respuesta en tiempo, forma y contenido, lo cual constituye un deber ineludible por parte del Poder Ejecutivo en una sociedad que pretenda vivir en democracia”.
Agregan que “es ya contumaz la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a los requerimientos presentados por ambas Cámaras legislativas, gestando una sistematicidad por omisión que abarca ya a diversas administraciones; se ha acendrado como lamentable hábito y ha conllevado a un deterioro creciente de la efectividad del Poder Legislativo tergiversando hasta la inoperatividad su capacidad de garantizar el acceso ciudadano a la información; la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la gestión racional de los recursos públicos”.
“La gravedad institucional suscitada y el compromiso que todos los bloques hemos contraído con la sociedad -manifiestan los legisladores- nos conminan a hallar mecanismos que aseguren la reversión de esta renuencia a la obligación republicana de dar cuenta pública de los actos de gobierno, cuya acción en contrario la circunscribirá a los discursos de campaña”.-
miércoles, 14 de abril de 2010
PROPONEN CONSTITUIR EN EL SENADO BONAERENSE UNA COMISION DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Plata, 14 de abril de 2010.-
A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa.
A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa (CC-ARI), y rubricado por presidentes y miembros de distintos bloques que componen la Cámara Alta bonaerense, se propicia la creación en ese ámbito parlamentario de la Comisión de Atención integral a las Personas con Discapacidad, la que tendrá a su cargo -entre otros cometidos- “dictaminar en cuestiones referidas a: su rehabilitación, educación, recreación y capacitación; la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo intelectual, emocional, creativo y deportivo, y la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicacionales, culturales, de transporte y funcionales”.
El proyecto de resolución promovido por López Villa, que también lleva las firmas de los senadores Javier Mor Roig (CC-ARI), Marta Helguero (FpV-PJ), Luis Malagamba (GEN), Orlando Costa (UCR) y Alfredo Meckievi (Unión PRO), explica que la creación de esta Comisión “resulta indispensable al contemplar la enorme complejidad contenida en el concepto de “discapacidad” y sus diferentes tipos -sensoriales y de la comunicación (vista, oído, discapacidad del habla, discapacidad de comprensión del lenguaje); motrices (discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza; de las extremidades superiores); mentales (intelectuales, conductuales, psiquiátricas); discapacidades múltiples (combinación de dos o más discapacidades); derivadas de enfermedades crónicas; etc.- sus diversos grados de manifestación; sus causas y/o factores implicados o las consecuencias que surgen en la vida del ser humano afectado y en su entorno”.
Eliminar limitaciones
Se explica en los fundamentos de la iniciativa que “en nuestra provincia, cerca de un millón de habitantes son personas con discapacidad -albergados en uno de cada cinco hogares- la mitad de ellos se encuentran en edad laboral y más de la mitad padece discapacidades que han sido adquiridas ya sea por enfermedades o accidentes. Todos ellos -.se añade- deben afrontar el desafío de sus limitaciones en un contexto en el que, aún hoy, les restringe de hecho la posibilidad de educación, de desarrollo profesional, de intercambio social fluido, de acceso a la cultura, a edificios públicos, a desenvolverse con autonomía, a la práctica deportiva, a la recreación, etc.”.
Por último, se explica que “en la búsqueda de contribuir a que nuestra provincia evolucione hacia un escenario inclusivo y dignificante, es que se han definido las funciones establecidas para esta Comisión. Así -se dice- la propuesta de atender tanto a los aspectos vinculados con la recuperación física y de la calidad de vida, la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo personal integral; el apoyo a los desarrollos tecnológicos y productivos orientados a la atención o minimización de las discapacidades; el control de las normativas vigentes, entre otros, se enmarca en la necesidad de que nuestra provincia crezca, trascendiendo incluso el aporte económico, académico, artístico o artesanal que podría obtener de las personas discapacitadas que están viendo diluir sin sentido sus días y sus dones: creceremos como seres humanos y como sociedad”.-
A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa.
A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa (CC-ARI), y rubricado por presidentes y miembros de distintos bloques que componen la Cámara Alta bonaerense, se propicia la creación en ese ámbito parlamentario de la Comisión de Atención integral a las Personas con Discapacidad, la que tendrá a su cargo -entre otros cometidos- “dictaminar en cuestiones referidas a: su rehabilitación, educación, recreación y capacitación; la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo intelectual, emocional, creativo y deportivo, y la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicacionales, culturales, de transporte y funcionales”.
El proyecto de resolución promovido por López Villa, que también lleva las firmas de los senadores Javier Mor Roig (CC-ARI), Marta Helguero (FpV-PJ), Luis Malagamba (GEN), Orlando Costa (UCR) y Alfredo Meckievi (Unión PRO), explica que la creación de esta Comisión “resulta indispensable al contemplar la enorme complejidad contenida en el concepto de “discapacidad” y sus diferentes tipos -sensoriales y de la comunicación (vista, oído, discapacidad del habla, discapacidad de comprensión del lenguaje); motrices (discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza; de las extremidades superiores); mentales (intelectuales, conductuales, psiquiátricas); discapacidades múltiples (combinación de dos o más discapacidades); derivadas de enfermedades crónicas; etc.- sus diversos grados de manifestación; sus causas y/o factores implicados o las consecuencias que surgen en la vida del ser humano afectado y en su entorno”.
Eliminar limitaciones
Se explica en los fundamentos de la iniciativa que “en nuestra provincia, cerca de un millón de habitantes son personas con discapacidad -albergados en uno de cada cinco hogares- la mitad de ellos se encuentran en edad laboral y más de la mitad padece discapacidades que han sido adquiridas ya sea por enfermedades o accidentes. Todos ellos -.se añade- deben afrontar el desafío de sus limitaciones en un contexto en el que, aún hoy, les restringe de hecho la posibilidad de educación, de desarrollo profesional, de intercambio social fluido, de acceso a la cultura, a edificios públicos, a desenvolverse con autonomía, a la práctica deportiva, a la recreación, etc.”.
Por último, se explica que “en la búsqueda de contribuir a que nuestra provincia evolucione hacia un escenario inclusivo y dignificante, es que se han definido las funciones establecidas para esta Comisión. Así -se dice- la propuesta de atender tanto a los aspectos vinculados con la recuperación física y de la calidad de vida, la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo personal integral; el apoyo a los desarrollos tecnológicos y productivos orientados a la atención o minimización de las discapacidades; el control de las normativas vigentes, entre otros, se enmarca en la necesidad de que nuestra provincia crezca, trascendiendo incluso el aporte económico, académico, artístico o artesanal que podría obtener de las personas discapacitadas que están viendo diluir sin sentido sus días y sus dones: creceremos como seres humanos y como sociedad”.-
jueves, 8 de abril de 2010
PROPONE EL SENADOR LOPEZ VILLA AMPLIAR EL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS EN LOS CONCEJOS DELIBERANTES BONAERENSES
La Plata, 9 de abril de 2010.-
El senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propone ampliar en un mes el período de sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes bonaerenses, a través de una modificación del artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La iniciativa, que también suscriben sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito y María Isabel Gainza, determina que los períodos legislativos municipales darán inicio el 1 de marzo de cada año en lugar del 1 de abril -tal como ocurre en la actualidad-, y culminarán el 30 de noviembre.
En los fundamentos de su iniciativa, recuerda López Villa que “el texto vigente del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone que las sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes se abrirán por propia determinación del cuerpo el 1 de abril de cada año y cerrarán el 30 de noviembre. Si bien la norma pudo parecer adecuada al momento de su dictado -señala- resulta claro que ha quedado desactualizada, y requiere su ajuste por diferentes razones”.
Agregan los legisladores de la Coalición Cívica que “en efecto, el funcionamiento de la democracia ha evolucionado haciendo necesario un creciente protagonismo de los órganos de la representación popular, antes postergados por la mayor actividad de los ejecutivos. En ese orden de ideas, es claro que el aumento del período de sesiones ordinarias redundará en una mayor actividad del Concejo; un control más ajustado de la marcha de la administración, y una mayor eficacia de la tarea del Departamento Deliberativo”.
En el mismo sentido, consignan que “de manera similar, al reformarse la Constitución en 1994 se amplió considerablemente el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, para lo cual se esgrimieron argumentos enteramente compatibles con los que aquí se exponen. Por otra parte -dicen López Villa y los demás senadores de la CC-ARI- el período de sesiones que se propone coincide con el que la Constitución prevé para el funcionamiento del Poder Legislativo en sesiones ordinarias”.
El senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propone ampliar en un mes el período de sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes bonaerenses, a través de una modificación del artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La iniciativa, que también suscriben sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito y María Isabel Gainza, determina que los períodos legislativos municipales darán inicio el 1 de marzo de cada año en lugar del 1 de abril -tal como ocurre en la actualidad-, y culminarán el 30 de noviembre.
En los fundamentos de su iniciativa, recuerda López Villa que “el texto vigente del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone que las sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes se abrirán por propia determinación del cuerpo el 1 de abril de cada año y cerrarán el 30 de noviembre. Si bien la norma pudo parecer adecuada al momento de su dictado -señala- resulta claro que ha quedado desactualizada, y requiere su ajuste por diferentes razones”.
Agregan los legisladores de la Coalición Cívica que “en efecto, el funcionamiento de la democracia ha evolucionado haciendo necesario un creciente protagonismo de los órganos de la representación popular, antes postergados por la mayor actividad de los ejecutivos. En ese orden de ideas, es claro que el aumento del período de sesiones ordinarias redundará en una mayor actividad del Concejo; un control más ajustado de la marcha de la administración, y una mayor eficacia de la tarea del Departamento Deliberativo”.
En el mismo sentido, consignan que “de manera similar, al reformarse la Constitución en 1994 se amplió considerablemente el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, para lo cual se esgrimieron argumentos enteramente compatibles con los que aquí se exponen. Por otra parte -dicen López Villa y los demás senadores de la CC-ARI- el período de sesiones que se propone coincide con el que la Constitución prevé para el funcionamiento del Poder Legislativo en sesiones ordinarias”.
domingo, 7 de marzo de 2010
PROPONE EL SENADOR LOPEZ VILLA QUE SE RECONOZCA A LAS MUJERES QUE LUCHAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
A través de un proyecto de ley ingresado en las últimas horas en la Legislatura bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC-ARI) propicia que se instituya un reconocimiento expreso a las mujeres que trabajan para erradicar la violencia de género, a través de la inclusión de este rubro entre las actividades y disciplinas que se toman en consideración para el otorgamiento de los premios anuales “Mujeres Innovadoras” que otorga el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley 13.032.
Dicho galardón se entrega cada año a las mujeres destacadas en diferentes quehaceres -tales como Lucha por los Discapacitados, Labor Docente, Derechos Humanos, Defensa de la Niñez, Actividades Solidarias, Deporte, Promoción de la Cultura, etc.- en oportunidad de una sesión especial convocada a tal fin en oportunidad de la celebración del Día Internacional de la Mujer, de acuerdo con las propuestas que eleve cada comunidad, a través de sus organizaciones intermedias, a la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades de la Cámara Alta bonaerense, de la cual el senador López Villa es vicepresidente.
Saludo a las mujeres en su Día
Por otra parte, y con motivo de celebrarse el próximo lunes el “Día Internacional de la mujer”, el legislador de la CC-ARI saludó a las destinatarias del homenaje consignando que “después de muchos años de lucha, y aunque aún restan por desterrar resabios de prejuicios e injusticia, ya nadie ignora que en la Argentina de hoy llegó definitivamente la hora de la mujer que comparte una causa pública; que se desterró la idea de la mujer como valor inerte y numérico de la sociedad, y que es el momento de la mujer que piensa y que juzga, que acepta o rechaza, que evalúa y decide en el marco de la elaboración política y social de los destinos de su país”.
En el mismo contexto, señaló López Villa que “es una obligación ineludible de toda la sociedad priorizar el valor universal de sus derechos y el esfuerzo de todas las mujeres que, desde su lucha cotidiana, comparten con el hombre la responsabilidad de construir una sociedad mejor y más digna, apoyada en el respeto mutuo y el reconocimiento igualitario, lo cual es más trascendente que una mera cuestión de género”.-
Dicho galardón se entrega cada año a las mujeres destacadas en diferentes quehaceres -tales como Lucha por los Discapacitados, Labor Docente, Derechos Humanos, Defensa de la Niñez, Actividades Solidarias, Deporte, Promoción de la Cultura, etc.- en oportunidad de una sesión especial convocada a tal fin en oportunidad de la celebración del Día Internacional de la Mujer, de acuerdo con las propuestas que eleve cada comunidad, a través de sus organizaciones intermedias, a la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades de la Cámara Alta bonaerense, de la cual el senador López Villa es vicepresidente.
Saludo a las mujeres en su Día
Por otra parte, y con motivo de celebrarse el próximo lunes el “Día Internacional de la mujer”, el legislador de la CC-ARI saludó a las destinatarias del homenaje consignando que “después de muchos años de lucha, y aunque aún restan por desterrar resabios de prejuicios e injusticia, ya nadie ignora que en la Argentina de hoy llegó definitivamente la hora de la mujer que comparte una causa pública; que se desterró la idea de la mujer como valor inerte y numérico de la sociedad, y que es el momento de la mujer que piensa y que juzga, que acepta o rechaza, que evalúa y decide en el marco de la elaboración política y social de los destinos de su país”.
En el mismo contexto, señaló López Villa que “es una obligación ineludible de toda la sociedad priorizar el valor universal de sus derechos y el esfuerzo de todas las mujeres que, desde su lucha cotidiana, comparten con el hombre la responsabilidad de construir una sociedad mejor y más digna, apoyada en el respeto mutuo y el reconocimiento igualitario, lo cual es más trascendente que una mera cuestión de género”.-
jueves, 25 de febrero de 2010
PROPONE EL SENADOR LOPEZ VILLA LA CREACION DE UN SISTEMA DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL
La Plata, 25-2-10.-
La iniciativa apunta a crear una herramienta eficaz ante contingencias de riesgo. El Consejo Provincial de Emergencias del Gobierno de Scioli se viene encargando de los operativos de seguridad de la Copa Davis y del Rally Dakar, y de hacer informes para casos de erupciones volcánicas en la Provincia.-
----------------------------------------------------------------------------
El senador Fernando López Villa (CC-ARI) propone la creación y puesta en funcionamiento de un Sistema de Defensa Civil Provincial. (SIDECIP), que tendrá como misión la prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de las personas, sus bienes y el medio ambiente, así como el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas estratégicos, en casos de emergencia y desastre provocados por factores geológicos, sanitarios, hídricos, meteorológicos, químicos, radioactivos, criminales o sociales. Asimismo, deberá ejercer el control del cumplimiento, por parte de los titulares de organizaciones privadas o estatales, “de las obligaciones derivadas de las medidas de seguridad, prevención, autoprotección y emergencia en materia de defensa civil que se determinen”.
Scioli preocupado por las erupciones volcánicas
El proyecto apunta a llenar un vacío legal y metodológico, aún cuando en la esfera de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense existe un Consejo Provincial de Emergencias cuyos objetivos aparecen como poco claros, llamativos y contradictorios. Es que según la página web del organismo (www.cpe.gba.gov.ar, “Plan de Gestión 2009”), al que se define como el “ámbito de planificación y coordinación de la política de emergencias en la provincia de Buenos Aires”, dicha dependencia se atribuye como acciones desplegadas últimamente su “participación en la planificación del operativo de seguridad de la final de la Copa Davis 2008 disputada en Mar del Plata, y del dispositivo de seguridad del Rally Dakar 2009, y la elaboración de informes sobre -entre otros temas- operativos de emergencia para casos de erupciones volcánicas en el territorio bonaerense”.
La iniciativa de López Villa determina, entre otros puntos, que la Dirección Provincial de Defensa Civil -que hoy se halla en la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Pública- “dependerá en forma directa del Gobernador”, a la vez que establece la creación de un Consejo Provincial de Defensa Civil que fijará el planeamiento estratégico en la materia y será órgano de consulta y coordinación de acciones, e integrarán en forma 0 multidisciplinaria representantes del Estado Provincial, de los Municipios, de empresas de servicios públicos, de organizaciones no gubernamentales y de Bomberos, y de los sectores académico y profesional.
El proyecto del senador de la Coalición Cívica-ARI también establece que el Sistema de Defensa Civil Provincial funcionará de manera integrada a sus equivalentes nacionales, intermunicipales y comunales, al tiempo que propicia la creación de una amplia Base de Datos integrada, básicamente, por los Planes de Contingencia y Atlas de Riesgos elaborados a nivel nacional, provincial, regional y municipal, y el Archivo Histórico sobre desastres ocurridos en cada región emergentológica.-
La iniciativa apunta a crear una herramienta eficaz ante contingencias de riesgo. El Consejo Provincial de Emergencias del Gobierno de Scioli se viene encargando de los operativos de seguridad de la Copa Davis y del Rally Dakar, y de hacer informes para casos de erupciones volcánicas en la Provincia.-
----------------------------------------------------------------------------
El senador Fernando López Villa (CC-ARI) propone la creación y puesta en funcionamiento de un Sistema de Defensa Civil Provincial. (SIDECIP), que tendrá como misión la prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de las personas, sus bienes y el medio ambiente, así como el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas estratégicos, en casos de emergencia y desastre provocados por factores geológicos, sanitarios, hídricos, meteorológicos, químicos, radioactivos, criminales o sociales. Asimismo, deberá ejercer el control del cumplimiento, por parte de los titulares de organizaciones privadas o estatales, “de las obligaciones derivadas de las medidas de seguridad, prevención, autoprotección y emergencia en materia de defensa civil que se determinen”.
Scioli preocupado por las erupciones volcánicas
El proyecto apunta a llenar un vacío legal y metodológico, aún cuando en la esfera de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense existe un Consejo Provincial de Emergencias cuyos objetivos aparecen como poco claros, llamativos y contradictorios. Es que según la página web del organismo (www.cpe.gba.gov.ar, “Plan de Gestión 2009”), al que se define como el “ámbito de planificación y coordinación de la política de emergencias en la provincia de Buenos Aires”, dicha dependencia se atribuye como acciones desplegadas últimamente su “participación en la planificación del operativo de seguridad de la final de la Copa Davis 2008 disputada en Mar del Plata, y del dispositivo de seguridad del Rally Dakar 2009, y la elaboración de informes sobre -entre otros temas- operativos de emergencia para casos de erupciones volcánicas en el territorio bonaerense”.
La iniciativa de López Villa determina, entre otros puntos, que la Dirección Provincial de Defensa Civil -que hoy se halla en la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Pública- “dependerá en forma directa del Gobernador”, a la vez que establece la creación de un Consejo Provincial de Defensa Civil que fijará el planeamiento estratégico en la materia y será órgano de consulta y coordinación de acciones, e integrarán en forma 0 multidisciplinaria representantes del Estado Provincial, de los Municipios, de empresas de servicios públicos, de organizaciones no gubernamentales y de Bomberos, y de los sectores académico y profesional.
El proyecto del senador de la Coalición Cívica-ARI también establece que el Sistema de Defensa Civil Provincial funcionará de manera integrada a sus equivalentes nacionales, intermunicipales y comunales, al tiempo que propicia la creación de una amplia Base de Datos integrada, básicamente, por los Planes de Contingencia y Atlas de Riesgos elaborados a nivel nacional, provincial, regional y municipal, y el Archivo Histórico sobre desastres ocurridos en cada región emergentológica.-
miércoles, 24 de febrero de 2010
LOPEZ VILLA: "BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD NO ES LA SOLUCION"
El senador aseguró que “no hay voluntad” de tratar la baja de la edad de imputabilidad en la Legislatura, luego de que desde el Gobierno bonaerense aseguraran que el tema “está en agenda”. “Hay que atacar las causas, que son sociales”, apuntó López Villa. Además, criticó al gobernador, Daniel Scioli, por sus “anuncios voluntaristas”.
El senador de la provincia de Buenos Aires por el bloque de la Coalición Cívica – ARI Fernando López Villa subrayó que “bajar la edad de imputabilidad no es la solución” para combatir la inseguridad y aseguró que “no hay voluntad” de tratar el tema en la Legislatura, luego de que el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, señalara que la propuesta “está en la agenda” del Gobierno bonaerense.
“Estamos en contra de una propuesta así, no es la solución. Hay que atacar las causas que son sociales y que pasan también por las carencias de la sociedad. Obviamente tiene que haber una tarea policial y la Justicia tiene que ser estricta, pero se simplifica todo haciendo anuncios efectistas, pasan dos meses y todo sigue igual”, apuntó López Villa al respecto.
En los últimos días, Casal levantó otra vez la polvareda acerca de la edad en la que los menores pueden ser condenados al señalar que el Gobierno que conduce el gobernador, Daniel Scioli, impulsará la ley de Responsabilidad Penal Juvenil. De todos modos, en sus declaraciones, Casal contradijo a su par de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera, quien había asegurado que la Ley “no está en agenda”.
“Las leyes están, hay que actuar con responsabilidad y seguir con los controles. Cada vez que hay una crisis de inseguridad viene una andanada de anuncios y reformas, un ‘efecto Scioli’ que pasa por anuncios y un voluntarismo cuando hay ausencia del Estado”, señaló López Villa sobre el tema.
Con ese marco de fondo, el dirigente de Almirante Brown criticó que “no se trabaja desde lo penitenciario” al señalar que “las penitenciarias no tienen una política de recuperación de los condenados” y cuestionar que “alguien que sale de la cárcel lo hace peor de lo que entró”
“No hay institutos para los menores que delinquen, no se los resocializa, no hay tratamiento. Además, no se le da a los menores una oportunidad de futuro. Hay una generación completa que no sabe qué es lo que el padre trabaje y que va a la escuela sólo a alimentarse, lamentablemente”, estimó.
En ese sentido, insistió con sus críticas a la baja de la edad de imputabilidad, aunque reconoció que “el ciudadano que vive la inseguridad lo primero que trata es de tomarse de esos anuncios”.
“Lo que sucede es que lo de Scioli es paradigmático, vive haciendo anuncios voluntaristas pero a nada llega”, cargó.
De todas maneras, aseguró que “no hay voluntad” de tratar el tema y agregó: “No sé el justicialismo en todas sus variantes qué pensará porque son bastante fluctuantes, pero no creo que haya plafón”.
“La inseguridad es un dato de la realidad, lamentablemente cada vez está peor y hay que tomar medidas para darle solución. Son medidas a largo y mediano plazo, hay que maximizar los recursos, pasa el tiempo y las soluciones no llegan porque no hay políticas activas para la juventud”, concluyó López Villa.
El senador de la provincia de Buenos Aires por el bloque de la Coalición Cívica – ARI Fernando López Villa subrayó que “bajar la edad de imputabilidad no es la solución” para combatir la inseguridad y aseguró que “no hay voluntad” de tratar el tema en la Legislatura, luego de que el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, señalara que la propuesta “está en la agenda” del Gobierno bonaerense.
“Estamos en contra de una propuesta así, no es la solución. Hay que atacar las causas que son sociales y que pasan también por las carencias de la sociedad. Obviamente tiene que haber una tarea policial y la Justicia tiene que ser estricta, pero se simplifica todo haciendo anuncios efectistas, pasan dos meses y todo sigue igual”, apuntó López Villa al respecto.
En los últimos días, Casal levantó otra vez la polvareda acerca de la edad en la que los menores pueden ser condenados al señalar que el Gobierno que conduce el gobernador, Daniel Scioli, impulsará la ley de Responsabilidad Penal Juvenil. De todos modos, en sus declaraciones, Casal contradijo a su par de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera, quien había asegurado que la Ley “no está en agenda”.
“Las leyes están, hay que actuar con responsabilidad y seguir con los controles. Cada vez que hay una crisis de inseguridad viene una andanada de anuncios y reformas, un ‘efecto Scioli’ que pasa por anuncios y un voluntarismo cuando hay ausencia del Estado”, señaló López Villa sobre el tema.
Con ese marco de fondo, el dirigente de Almirante Brown criticó que “no se trabaja desde lo penitenciario” al señalar que “las penitenciarias no tienen una política de recuperación de los condenados” y cuestionar que “alguien que sale de la cárcel lo hace peor de lo que entró”
“No hay institutos para los menores que delinquen, no se los resocializa, no hay tratamiento. Además, no se le da a los menores una oportunidad de futuro. Hay una generación completa que no sabe qué es lo que el padre trabaje y que va a la escuela sólo a alimentarse, lamentablemente”, estimó.
En ese sentido, insistió con sus críticas a la baja de la edad de imputabilidad, aunque reconoció que “el ciudadano que vive la inseguridad lo primero que trata es de tomarse de esos anuncios”.
“Lo que sucede es que lo de Scioli es paradigmático, vive haciendo anuncios voluntaristas pero a nada llega”, cargó.
De todas maneras, aseguró que “no hay voluntad” de tratar el tema y agregó: “No sé el justicialismo en todas sus variantes qué pensará porque son bastante fluctuantes, pero no creo que haya plafón”.
“La inseguridad es un dato de la realidad, lamentablemente cada vez está peor y hay que tomar medidas para darle solución. Son medidas a largo y mediano plazo, hay que maximizar los recursos, pasa el tiempo y las soluciones no llegan porque no hay políticas activas para la juventud”, concluyó López Villa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)