"EN LUGAR DE RECLAMARLE A LA NACION LO QUE LES CORRESPONDE A LOS BONAERENSES, SCIOLI CASTIGA AUN MAS AL SECTOR PRODUCTIVO"

NUEVAS Y DURAS CRITICAS DE LOPEZ VILLA:

“En lugar de reclamar y exigirle a la Nación lo que legítimamente le corresponde a Buenos Aires por el piso de “coparticipación legal del 34%” y el aumento de la participación que debería percibir según su aporte al valor agregado nacional, el gobernador Daniel Scioli optó por asfixiar aún más a la actividad productiva, impidiendo su recuperación”. Así lo señaló el senador provincial Fernando López Villa (ARI-CC), al renovar sus críticas al proyecto de Ley Impositiva bonaerense 2010 elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado en la Cámara Alta con el voto de la mayoría oficialista y la sugestiva ausencia de los legisladores del PRO.

En tal sentido, expresó López Villa que “si bien Scioli anuncia que esta reforma tributaria no implica que no reclamará por la adecuación de la coparticipación, esta afirmación es meramente declamativa, ya que si no lo hizo hasta ahora -en una actitud sumisa al Gobierno Nacional- nada garantiza que sí lo hará, luego de este mazazo incomprensible a los que menos tienen”.
Explicó el senador del ARI que “luego de los excesos a los que fueron sometidos los productores agropecuarios por el Ejecutivo Nacional por todos conocidos, los que generaron la pérdida de mercados externos en un momento inmejorable para la colocación de productos primarios argentinos, ahora se los vuelve a castigar con el aumento de impuestos provinciales”.

Doble imposición:

Agregó que desde la instrumentación de la ley 13.850 “el productor sufre una doble imposición, ya que el acopiador o consignatario en la venta procede a retener el impuesto a los Ingresos Brutos al productor y cuando se deposita el dinero de la transacción se le vuelve a retener en el banco. Así -dice- se produce un crédito impositivo permanente para el productor que nunca recupera. Con este sistema, el gravamen pasa a ser un “costo financiero” altísimo para el productor, en lugar de ser un impuesto a la actividad”.

Recordó el senador López Villa que el Pacto Fiscal de 1993, al cual adhirió la Provincia de Buenos Aires, establecía la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos para las actividades primarias. “En el momento de efectivizarse la exención -subrayó- se fue prorrogando el término de puesta en vigencia hasta la actualidad por parte de todos los gobiernos justicialistas; ya que evidentemente la Provincia firma los Pactos para no cumplirlos De esta forma, nunca se desgravó al campo del Impuesto a los Ingresos Brutos y se alejó de la meta establecida en el Pacto Fiscal”.

“Como si esto fuera poco -destacó el legislador de la Coalición Cívica- se modificó el sistema de cálculo del impuesto a los Ingresos Brutos sobre la carga y descarga portuaria de mercadería, fijando a la alícuota vigente del 3,5 % para dichas actividades un monto fijo adicional. Por ello -señaló- los exportadores de los puertos bonaerenses deberán abonar en forma mensual un plus de $ 5 mensual para la carga de mercadería en buque, $ 18 para la descarga y $ 3 para la mercadería removida, desnaturalizando de esta forma el impuesto a los Ingresos Brutos que paga la actividad ya que tendrían una carga impositiva por tonelada cargada, descargada y removida”.

Daño permanente al interior bonaerense:

Manifestó López Villa que con esta medida “se tiende a destruir la actividad de los puertos bonaerenses, ya que dejarían de ser competitivos, afectando duramente a los trabajadores y ocasionando un gravísimo impacto social en todo el interior bonaerense, tal como ya se percibe, por ejemplo, en San Nicolás y en San Pedro”.

Tras consignar que el impuesto al movimiento de carga y descarga apuesta a recaudar entre 500 y 800 millones de pesos adicionales, según pautas oficiales, expresó López Villa que “no se considera, que el exportador hará las cargas y descargas en puertos de otras provincias, y aquellos que deban quedarse en puertos de la Provincia por los fletes trasladarán el impuesto a los productores agropecuarios, golpeando nuevamente a los pequeños productores. Por lo tanto -dijo- la pauta de recaudación no se alcanzará una vez más, pero el perjuicio al productor y a los trabajadores quedará como un daño permanente”.-

LOPEZ VILLA: “SCIOLI ASFIXIA A LOS SECTORES MEDIOS Y BAJOS Y SIGUE SIN TOCAR A LOS GRANDES EVASORES"

“La voracidad fiscal del gobierno de Daniel Scioli se acentúa en este ejercicio disfrazada de equidad tributaria, cuando el verdadero objetivo oculto es la mera recaudación para cubrir los gastos discrecionales con fines electoralistas y achicar el cuantioso déficit que ha llevado a la Provincia a una aguda crisis económico-financiera”. Así lo afirmó el senador Fernando López Villa (ARI-CC) al fundamentar en el recinto su posición y la de su bancada al proyecto de Ley Impositiva 2010 girado por el Poder Ejecutivo bonaerense.

En tal sentido, señaló el legislador que Scioli “aumenta la presión impositiva sobre los contribuyentes –básicamente de las clases media y baja- afectando su patrimonio, ingresos y capacidad de ahorro, sin adoptar medidas de fondo para captar a los grandes evasores excluidos del sistema tributario”.

Preguntó luego el senador López Villa “en qué país vive el gobernador Scioli que en este momento de crisis profunda quiere instrumentar reformas que empobrecen aún más a la población, y muy lejos están de propender a la equidad social, progresividad y distribución del ingreso”.

Privilegios incomprensibles

Subrayó el legislador de la Coalición Cívica que “si este proyecto de Ley Impositiva estuviera realmente dirigido a que paguen más los sectores habituados a acumular grandes ganancias, debería centrar su atención en los grandes deudores del fisco como los concesionarios de juegos de azar”. Explicó que “una de las empresas de este rubro recauda en un año seis veces lo que le retiene el Gobierno en concepto de Ingresos Brutos de enero a agosto, además de lo cual se dio el lujo de pagar sólo la tercera parte de los 18 millones de pesos que le reclamaba ARBA como parte de su deuda”.
Al respecto destacó López Villa que “los sectores más favorecidos por los negocios con el Estado son los que más capacidad contributivas tienen, no obstante lo cual el gobierno de Scioli no se anima a imponerles alícuotas acordes con sus voluminosas ganancias”.

"LAS RECETAS SON SIEMPRE LAS MISMAS Y EL DEFICIT ES CADA VEZ MAYOR"

El senador del ARI-CC Fernando López Villa se refirió al proyecto de Reforma Impositiva 2010 que envió el gobernador Daniel Scioli a la Legislatura , que ya cuenta con la aprobación de Diputados y que esta semana sería tratado por la Cámara alta.


“Como el Estado provincial tiene agotadas todas las vías de financiamiento, recurre a la presión fiscal. Doce meses después de la primera reforma que mandó Scioli – la Ley 13.850-, seguimos teniendo los mismos problemas. El año pasado dijimos que ninguna modificación fiscal podía ser la solución al problema de déficit estructural de la Provincia ”, comenzó López Villa.
Luego, prosiguió: “El Gobierno decía que las modificaciones que pretendía establecer eran fundamentales y que con las reformas en torno a Ingresos Brutos se obtendrían dos mil millones de pesos adicionales. Aseguraba, también, que con la buena gestión de ARBA alcanzaría para garantizar los gastos corrientes y las prestaciones”.

“Pero sucede que la recaudación propuesta para 2008 no se alcanzó. Lejos de eso, el ARBA es absolutamente insuficiente. En 2008 tuvo un presupuesto de 450 millones de pesos, de los cuales 30 millones fueron para publicidad. Para este año se presupuestaron 800 millones de pesos y se destinaron 45 millones para publicidad. El presupuesto de ARBA subió un cien por ciento y la propia recaudación apenas podrá llegar a un tercio del crecimiento respecto del año anterior”, agregó el senador.

De este modo, López Villa explicó: “Hoy vemos que la receta sigue siendo la misma, pero que el déficit es mayor. Siempre se afecta a los mismos sectores. Ahora pretenden imponer mayor presión fiscal sobre pequeños productores, comerciantes y clase media en general. Jamás avanzan para detectar evasores entre los grandes ganadores del sistema. Tampoco, para afectar a aquellos que tienen más capacidad contributiva: las financieras, los bancos, los seguros, las empresas constructoras o las empresas de juegos de azar”.

“No hay eficiencia, no hay políticas fiscales acertadas ni permanentes, hay normatividad volátil y mucho gasto en publicidad. ARBA está muy lejos de cumplir los objetivos para los cuales fue creada con todas las pompas”, concluyó.

Cabe destacar que el martes 22 de septiembre, los bloques del ARI-CC, GEN-CC y UCR mantendrán una reunión con representantes de los puertos bonaerenses de San Nicolás y Bahía Blanca para abordar el impacto que tendrá en el sector el nuevo tributo sobre carga y descarga de mercancías.

CRECE EL TEMOR POR LA INSTALACION DE TRES PLANTAS QUIMICAS ALTAMENTE CONTAMINANTES EN BERISSO

Reiteran un pedido de informes al gobernador Scioli ante la inacción y la falta de respuestas del Poder Ejecutivo bonaerense

Senadores provinciales del ARI-Coalición Cívica reiteraron su profunda preocupación ante el avance de los trabajos de instalación en la zona denominada “La Portada”, pleno radio urbano de Berisso, de tres plantas industriales de la empresa “Panimex Química S.A.”, firma de capitales chilenos que producirá anhídrido ftálico, ácido fumárico y plastificantes, sustancias contaminantes de alta peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente.
En un nuevo pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense promovido por el senador Fernando López Villa, que suscriben también sus pares de bloque Javier Mor Roig -titular de esa bancada-, y Daniel Expósito, preguntan si la empresa “realizó los estudios ambientales prescriptos por ley para ser habilitada” y si efectivamente fue catalogada por la Secretaría de Política Ambiental como de Categoría 3ª en virtud de que su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población, u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”.
También desean saber “si fue el Consorcio de Gestión Puerto La Plata el que entregó un “permiso de uso” a la firma Panimex para procesar los mencionados productos químicos; bajo que potestad y argumentos lo emitió” y, de no haber sido así, “qué autoridad provincial o municipal habilitó su funcionamiento, ya que proseguirían activamente los trabajos para su radicación en la zona”.
En los fundamentos de su iniciativa, López Villa y los demás senadores del ARI en la Coalición Cívica explican que las sustancias que producirá Panimex “se encuentran dentro de la clasificación de Sustancia/Residuo Peligroso/Especial que refiere la normativa nacional y provincial en vigencia, que considera “peligroso” a “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el ambiente. Estas características -agregan- son propias del anhídrido ftálico, compuesto inflamable que conlleva un peligro moderado de incendio y explosividad, y cuya toxicidad actúa como irritante de la piel, los ojos y el tracto respiratorio superior, y se manifiesta en conjuntivitis, secreciones nasales sanguinolentas, atrofia de la mucosa nasal, ronquera, tos, bronquitis y asma”.

“Por las cercanías de las plantas químicas con la Dársena de Inflamables del Puerto La Plata, y con el centro urbano de Berisso -manifiestan- el riesgo latente de toxicidad y explosividad se incrementa notoriamente, por lo que la presencia de Panimex, que actualmente estaría desarrollando la etapa de ingeniería de detalle, construcción de equipos y estudios técnicos complementarios para comenzar la obra civil en forma inminente, supone un peligro cierto de gravísimas consecuencias eventuales”. A modo de antecedente, citan el derrame de 200 toneladas de un derivado del etanol desde los tanques de almacenamiento de esa empresa ubicados en el Estero Campiche, Chile, en junio último, el que provocó serios daños en 25 niños y la evacuación de más de un millar de personas.

Por último, señalan los senadores de la C.C. que este nuevo pedido de informes se complementa con uno del mismo tenor aprobado por el Senado sobre tablas el 23 de diciembre de 2008 e ingresado en la Mesa de Entradas del Poder Ejecutivo bonaerense el 8 de enero último, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna en la Legislatura.