La Plata, 15 de diciembre de 2009.-
Ante el ataque perpetrado a un local de la Coalición Cívica-ARI el último viernes en la localidad de Tapiales, distrito de La Matanza, el Senador López Villa manifiesta:
Declaro mi más contundente repudio hacia lo que no sólo constituye una ofensa contra una organización partidaria particular, sino también contra el sistema democrático en general. En torno a los compromisos que nos caben a los funcionarios públicos, es mi deber velar por el respeto de los derechos que surgen de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos los Derechos Políticos.
Ante estos lamentables eventos, espero que la justicia determine con celeridad a los autores materiales e intelectuales, y vele para que episodios violentos que regresan a la época más gris de nuestra historia, se erradiquen definitivamente de nuestro territorio.
Dr. Fernando R. López Villa
Senador Pcia. de Buenos Aires
martes, 15 de diciembre de 2009
martes, 24 de noviembre de 2009
PROPICIAN QUE EL ESTADO BONAERENSE GARANTICE ASISTENCIA INTEGRAL A LOS CELÍACOS
A través de un proyecto de ley, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propicia el suministro de atención integral a los enfermos de celiaquía. La iniciativa apunta específicamente a “la optimización de la investigación clínica y epidemiológica, la prevención, proceso de diagnosis, atención médica, asistencia y acceso a medios y tratamiento relativos a la enfermedad denominada enteropatía inducida por gluten o celiaquía”, y determina también que el Estado “deberá promover investigaciones que permitan la sensible disminución de los costos de alimentos y productos que excluyan el trigo, la avena, la cebada y el centeno”.
En la iniciativa, que suscriben también los senadores de la Coalición Cívica Javier Mor Roig y Daniel Expósito, señala López Villa que la referida dolencia “es una afección causada por una condición genética que presenta, de manera permanente, intolerancia a un conjunto de proteínas denominadas prolaminas”. Como consecuencia de ella “el intestino delgado no puede cumplir adecuadamente con la absorción de nutrientes, lo cual genera trastornos cuyas más frecuentes manifestaciones en la niñez son diarreas, vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso y retraso del crecimiento, y en adultos, descalcificación, diarreas, fracturas espontáneas, desnutrición, abortos espontáneos y/o impotencia, entre otras.”.
Explican que “dado que los síntomas descriptos pueden ser fácilmente referidos a otras patologías, el desconocimiento social de los mismos y la sucesión de diagnósticos erróneos –que en muchos casos recién son advertidos en la edad madura del paciente- acentúan la gravedad de los trastornos generados y profundizan el deterioro de su calidad de vida”.
Sostienen los senadores López Villa, Mor Roig y Expósito que “la necesidad de difundir las características de esta enfermedad se torna particularmente imperiosa cuando los afectados se hallan inmersos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ello es así dado que suele asumirse que los cuadros presentados obedecen a la falta de alimentos y no a su mala absorción intestinal, por lo que al tiempo que transcurren sin la debida atención se les suma que la habitual asistencia alimentaria se caracteriza por una gran proporción de productos farináceos. En estos casos -expresan- urge la realización de un diagnóstico precoz y la provisión del tratamiento adecuado, pues el cuadro puede agravarse e ir desde serias dificultades relacionadas con el aprendizaje hasta a generar su deceso”.
Prestaciones
En orden a lo expuesto, el Poder Ejecutivo bonaerense deberá, entre otros puntos, formular -junto a los jefes de los servicios de Gastroenterología de los hospitales públicos bonaerenses y entidades profesionales vinculadas a esta dolencia- “las normas técnicas aplicables en toda la Provincia para la elaboración, ejecución, evaluación y control de los programas de diagnosis y acción directa e indirecta contra la enfermedad; el suministro de alimentos y fármacos aptos a los pacientes en estado de vulnerabilidad social, y la provisión de los productos mencionados en comedores infantiles, escuelas, establecimientos de salud, institutos carcelarios, geriátricos y comedores en lugares de trabajo, entre otros”.
Por último se determina que “toda persona sin cobertura médica, tendrá garantizados, de manera gratuita, el examen médico y las pruebas de laboratorio para el diagnóstico específico de la enfermedad. Los mismos se realizarán, en todos los establecimientos sanitarios públicos, provinciales y municipales, que cuenten con el equipamiento requerido”. En tal sentido propicia que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) incorpore a la celiaquía como patología crónica, otorgándole cobertura obligatoria a las prestaciones médicas y farmacológicas que requiera su diagnosis y tratamiento.-
En la iniciativa, que suscriben también los senadores de la Coalición Cívica Javier Mor Roig y Daniel Expósito, señala López Villa que la referida dolencia “es una afección causada por una condición genética que presenta, de manera permanente, intolerancia a un conjunto de proteínas denominadas prolaminas”. Como consecuencia de ella “el intestino delgado no puede cumplir adecuadamente con la absorción de nutrientes, lo cual genera trastornos cuyas más frecuentes manifestaciones en la niñez son diarreas, vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso y retraso del crecimiento, y en adultos, descalcificación, diarreas, fracturas espontáneas, desnutrición, abortos espontáneos y/o impotencia, entre otras.”.
Explican que “dado que los síntomas descriptos pueden ser fácilmente referidos a otras patologías, el desconocimiento social de los mismos y la sucesión de diagnósticos erróneos –que en muchos casos recién son advertidos en la edad madura del paciente- acentúan la gravedad de los trastornos generados y profundizan el deterioro de su calidad de vida”.
Sostienen los senadores López Villa, Mor Roig y Expósito que “la necesidad de difundir las características de esta enfermedad se torna particularmente imperiosa cuando los afectados se hallan inmersos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ello es así dado que suele asumirse que los cuadros presentados obedecen a la falta de alimentos y no a su mala absorción intestinal, por lo que al tiempo que transcurren sin la debida atención se les suma que la habitual asistencia alimentaria se caracteriza por una gran proporción de productos farináceos. En estos casos -expresan- urge la realización de un diagnóstico precoz y la provisión del tratamiento adecuado, pues el cuadro puede agravarse e ir desde serias dificultades relacionadas con el aprendizaje hasta a generar su deceso”.
Prestaciones
En orden a lo expuesto, el Poder Ejecutivo bonaerense deberá, entre otros puntos, formular -junto a los jefes de los servicios de Gastroenterología de los hospitales públicos bonaerenses y entidades profesionales vinculadas a esta dolencia- “las normas técnicas aplicables en toda la Provincia para la elaboración, ejecución, evaluación y control de los programas de diagnosis y acción directa e indirecta contra la enfermedad; el suministro de alimentos y fármacos aptos a los pacientes en estado de vulnerabilidad social, y la provisión de los productos mencionados en comedores infantiles, escuelas, establecimientos de salud, institutos carcelarios, geriátricos y comedores en lugares de trabajo, entre otros”.
Por último se determina que “toda persona sin cobertura médica, tendrá garantizados, de manera gratuita, el examen médico y las pruebas de laboratorio para el diagnóstico específico de la enfermedad. Los mismos se realizarán, en todos los establecimientos sanitarios públicos, provinciales y municipales, que cuenten con el equipamiento requerido”. En tal sentido propicia que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) incorpore a la celiaquía como patología crónica, otorgándole cobertura obligatoria a las prestaciones médicas y farmacológicas que requiera su diagnosis y tratamiento.-
miércoles, 18 de noviembre de 2009
LOPEZ VILLA: "LA PROVINCIA MAS RICA DEL PAIS ATRAVIESA LA CRISIS MAS BRUTAL DE SU HISTORIA"
El senador Fernando López Villa (CC-ARI) fundamentó la
oposición de su bloque al proyecto de Presupuesto bonaerense 2010.-
oposición de su bloque al proyecto de Presupuesto bonaerense 2010.-
“En tan sólo dos años de gobierno, Scioli ha llevado a la provincia de Buenos Aires a una situación financiera infranqueable, y la realidad de los números coloca a la jurisdicción más rica del país en la crisis más brutal de su historia”. Así lo afirmó el senador Fernando López Villa (CC-ARI) al fundamentar en el recinto la oposición de su bloque al proyecto oficial de Presupuesto bonaerense 2010, al tiempo que graficó la gravedad del cuadro al sostener que “está en riesgo el pago normal de los salarios a los trabajadores de la Administración Pública, y a los proveedores”.
Tras expresar que “el déficit total de la Provincia será este año de 8.600 millones de pesos como mínimo”, señaló López Villa que “existe una tendencia creciente a la apropiación compulsiva de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Caja de Policía, lo que se refleja en que con la estimación 2010 la deuda del Gobierno bonaerense con las instituciones de seguridad social asciende a 3428 millones de pesos, mecánica que reproduce el mismo criterio que aplica el Gobierno Nacional respecto de los fondos de la ANSES”.
“De este modo -dijo el legislador- el Gobierno provincial sigue usando el dinero de los actuales y de los futuros jubilados para solventar gastos de gestión que deberían ser solventados con recursos provenientes de otras fuentes”.
Agregó el legislador de la Coalición Cívica-ARI que “con el financiamiento estimado para el próximo ejercicio de 5387 millones de pesos, y la amortización de deuda por 4507 millones, se arriba al escalofriante déficit previsto de 9894 millones de pesos, lo cual coloca a la Provincia en una crisis de gravísimas derivaciones. Lo indignante -subrayó López Villa- es que Scioli le cede complaciente al Gobierno Nacional los recursos coparticipables que legítimamente les corresponden a los bonaerenses”.
Luego de puntualizar el irrelevante monto relativo destinado a inversión -3169 millones de pesos-, destacó el legislador que “por la tendencia a la baja de los recursos surge la necesidad de la entrada de fondos urgente para financiar el Presupuesto 2010 a la vez que el Gobernador pretende renegociar con su principal acreedor, la Nación, y endeudarse para solventar gastos corrientes en una suma de 3350 millones de pesos, además de elevar a consideración legislativa autorizaciones de endeudamientos por más de 14.160 millones de pesos, con los cuales la deuda global treparía a más de 60 mil millones de pesos”.
Por último sostuvo el senador López Villa que “no existen precedentes de una asfixia financiera como la actual, y el fracaso de la gestión de gobierno de Daniel Scioli se impone en su total dimensión. La Provincia quebró -dijo-, y está sumida en una crisis económica sin parangón”.-
jueves, 12 de noviembre de 2009
PROPONEN QUE LOS FUNCIONARIOS DE ARBA RESPONDAN CIVILMENTE EN CASOS DE PROCEDIMIENTOS ERRONEOS O ABUSIVOS.
A través de un proyecto de ley promovido por el senador provincial Fernando López Villa (ARI-CC), también suscripto por sus pares Javier Mor Roig –titular de ese bloque- y Daniel Expósito, se propicia establecer un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil de todos los agentes y funcionarios que ejerzan las facultades tributarias establecidas en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y sus normas reglamentarias y complementarias.
La iniciativa determina que “todas las veces que se demande civilmente al Estado provincial por errores cometidos por los funcionarios de ARBA, éstos serán citados al juicio a los fines de que se deslinde su responsabilidad civil”. En tal sentido se aclara que “los funcionarios enjuiciados podrán ser objeto de medidas cautelares sobre sus patrimonios o, en su caso, se podrá disponer administrativamente la retención sobre sus haberes”, al tiempo que “en todos los supuestos la sentencia dictada después de la intervención del tercero lo afectará como a los litigantes principales”.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto, los senadores López Villa, Mor Roig y Expósito señalan que “estamos viviendo un constante avasallamiento de los derechos y garantías de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires por parte de aquellas autoridades públicas que tienen en cabeza el ejercicio de las facultades tributarias de recaudación”, al punto de ser reiteradamente “testigos de procedimientos tributarios determinativos erróneos, intimaciones infundadas por sumas multimillonarias y del ejercicio abusivo de facultades “especiales” de dudosa constitucionalidad”.
Tras consignar que “si bien estamos de acuerdo con optimizar la recaudación de la administración pública provincial”, los legisladores del ARI en la Coalición Cívica afirman que “no compartimos el ejercicio abusivo y errático de las facultades establecidas en el Código Fiscal”, por lo que se propone “distinguir y determinar hasta dónde llegan la responsabilidad del funcionario actuante y la del Estado, cuestión que hasta ahora no ha tenido aplicación práctica en el ámbito bonaerense”.
Los senadores del ARI propician que cuando se promuevan acciones cuyo objeto principal o accesorio sea indemnizatorio, en virtud a daños surgidos de la aplicación efectiva de las facultades conferidas, “el Fiscal de Estado deberá citar a los funcionarios involucrados en carácter de terceros de intervención obligada. De ésta manera -sostienen- cuando se traba la litis, el funcionario citado pasará a ser parte del juicio en cuestión, alcanzándole así los efectos de la sentencia que se dicte”. Por último se establece que “determinada la responsabilidad del funcionario o agente público, el Estado Provincial responderá por el todo luego de excutidos los bienes de dichos funcionarios”. En estos casos se prevé también la retención de haberes a los funcionarios pertinentes a los fines de la devolución de los fondos abonados por el fisco de la Provincia.
La iniciativa determina que “todas las veces que se demande civilmente al Estado provincial por errores cometidos por los funcionarios de ARBA, éstos serán citados al juicio a los fines de que se deslinde su responsabilidad civil”. En tal sentido se aclara que “los funcionarios enjuiciados podrán ser objeto de medidas cautelares sobre sus patrimonios o, en su caso, se podrá disponer administrativamente la retención sobre sus haberes”, al tiempo que “en todos los supuestos la sentencia dictada después de la intervención del tercero lo afectará como a los litigantes principales”.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto, los senadores López Villa, Mor Roig y Expósito señalan que “estamos viviendo un constante avasallamiento de los derechos y garantías de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires por parte de aquellas autoridades públicas que tienen en cabeza el ejercicio de las facultades tributarias de recaudación”, al punto de ser reiteradamente “testigos de procedimientos tributarios determinativos erróneos, intimaciones infundadas por sumas multimillonarias y del ejercicio abusivo de facultades “especiales” de dudosa constitucionalidad”.
Tras consignar que “si bien estamos de acuerdo con optimizar la recaudación de la administración pública provincial”, los legisladores del ARI en la Coalición Cívica afirman que “no compartimos el ejercicio abusivo y errático de las facultades establecidas en el Código Fiscal”, por lo que se propone “distinguir y determinar hasta dónde llegan la responsabilidad del funcionario actuante y la del Estado, cuestión que hasta ahora no ha tenido aplicación práctica en el ámbito bonaerense”.
Los senadores del ARI propician que cuando se promuevan acciones cuyo objeto principal o accesorio sea indemnizatorio, en virtud a daños surgidos de la aplicación efectiva de las facultades conferidas, “el Fiscal de Estado deberá citar a los funcionarios involucrados en carácter de terceros de intervención obligada. De ésta manera -sostienen- cuando se traba la litis, el funcionario citado pasará a ser parte del juicio en cuestión, alcanzándole así los efectos de la sentencia que se dicte”. Por último se establece que “determinada la responsabilidad del funcionario o agente público, el Estado Provincial responderá por el todo luego de excutidos los bienes de dichos funcionarios”. En estos casos se prevé también la retención de haberes a los funcionarios pertinentes a los fines de la devolución de los fondos abonados por el fisco de la Provincia.
sábado, 3 de octubre de 2009
"SCIOLI, CON SU DOBLE DISCURSO, YA NO LOGRA ENGAÑAR A NADIE"
El senador López Villa (ARI-CC), criticó duramente al Gobernador
“El gobernador Daniel Scioli habla de equidad y plasma en la Ley Tributaria un marco de desigualdad; habla de progresividad e instrumenta políticas regresivas; habla de distribución justa del ingreso y confisca a quienes menos tienen, privilegiando a los grandes evasores y deudores, quienes continúan sin verse afectados... En suma: el engañoso y evidente doble discurso del mandatario ya no convence a nadie”. Así lo afirmó el senador provincial Fernando López Villa (ARI-CC), al renovar sus agudas críticas al titular del Ejecutivo bonaerense.
Señaló el legislador que “a doce meses de la última reforma fiscal enviada por Scioli a la Legislatura, nos encontramos nuevamente frente a los mismos problemas: falta de recursos para afrontar los gastos; ineficiencia y, a partir de ello, una reforma tributaria que atenta contra los que menos tienen. Como si el atropello al que se sometió a los bonaerenses hace un año -mediante la ley 13.850- fuese poco, instrumentando el tan cuestionado sistema Arbanet, por el cual se le impuso unilateralmente y sin posibilidad de reclamos al contribuyente sumas antojadizas, gravando sueldos, devoluciones de IVA, ingresos que no se obtuvieron y retenciones en cuentas bancarias -afirmó- hoy nuevamente se los oprime con un inusitado aumento impositivo”.
“Parches sobre parches”
Agregó López Villa que “en una política a todas luces sin rumbo, enmascarada en un falso concepto de equidad, solidaridad y progresividad, Scioli aumenta la presión fiscal con una voracidad que parece no tener fin, al darse cuenta que hoy no le alcanza el dinero para completar el 2009 y avisora igual panorama para el 2010. Con el mayor descaro -subrayó- coloca “parches sobre parches” para la obtención de recursos, asfixiando no sólo a los comerciantes, profesionales, PyMes y campo, sino al ciudadano corriente, ya que esta ley, además del incremento del gravamen al sector rural y tasas de embarque, fija un aumento en el Inmobiliario Urbano y Baldío y en las tasas por los servicios que la Administración y Justicia Provincial les presta a los ciudadanos”.-
“El gobernador Daniel Scioli habla de equidad y plasma en la Ley Tributaria un marco de desigualdad; habla de progresividad e instrumenta políticas regresivas; habla de distribución justa del ingreso y confisca a quienes menos tienen, privilegiando a los grandes evasores y deudores, quienes continúan sin verse afectados... En suma: el engañoso y evidente doble discurso del mandatario ya no convence a nadie”. Así lo afirmó el senador provincial Fernando López Villa (ARI-CC), al renovar sus agudas críticas al titular del Ejecutivo bonaerense.
Señaló el legislador que “a doce meses de la última reforma fiscal enviada por Scioli a la Legislatura, nos encontramos nuevamente frente a los mismos problemas: falta de recursos para afrontar los gastos; ineficiencia y, a partir de ello, una reforma tributaria que atenta contra los que menos tienen. Como si el atropello al que se sometió a los bonaerenses hace un año -mediante la ley 13.850- fuese poco, instrumentando el tan cuestionado sistema Arbanet, por el cual se le impuso unilateralmente y sin posibilidad de reclamos al contribuyente sumas antojadizas, gravando sueldos, devoluciones de IVA, ingresos que no se obtuvieron y retenciones en cuentas bancarias -afirmó- hoy nuevamente se los oprime con un inusitado aumento impositivo”.
“Parches sobre parches”
Agregó López Villa que “en una política a todas luces sin rumbo, enmascarada en un falso concepto de equidad, solidaridad y progresividad, Scioli aumenta la presión fiscal con una voracidad que parece no tener fin, al darse cuenta que hoy no le alcanza el dinero para completar el 2009 y avisora igual panorama para el 2010. Con el mayor descaro -subrayó- coloca “parches sobre parches” para la obtención de recursos, asfixiando no sólo a los comerciantes, profesionales, PyMes y campo, sino al ciudadano corriente, ya que esta ley, además del incremento del gravamen al sector rural y tasas de embarque, fija un aumento en el Inmobiliario Urbano y Baldío y en las tasas por los servicios que la Administración y Justicia Provincial les presta a los ciudadanos”.-
viernes, 25 de septiembre de 2009
"EN LUGAR DE RECLAMARLE A LA NACION LO QUE LES CORRESPONDE A LOS BONAERENSES, SCIOLI CASTIGA AUN MAS AL SECTOR PRODUCTIVO"
NUEVAS Y DURAS CRITICAS DE LOPEZ VILLA:
“En lugar de reclamar y exigirle a la Nación lo que legítimamente le corresponde a Buenos Aires por el piso de “coparticipación legal del 34%” y el aumento de la participación que debería percibir según su aporte al valor agregado nacional, el gobernador Daniel Scioli optó por asfixiar aún más a la actividad productiva, impidiendo su recuperación”. Así lo señaló el senador provincial Fernando López Villa (ARI-CC), al renovar sus críticas al proyecto de Ley Impositiva bonaerense 2010 elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado en la Cámara Alta con el voto de la mayoría oficialista y la sugestiva ausencia de los legisladores del PRO.
En tal sentido, expresó López Villa que “si bien Scioli anuncia que esta reforma tributaria no implica que no reclamará por la adecuación de la coparticipación, esta afirmación es meramente declamativa, ya que si no lo hizo hasta ahora -en una actitud sumisa al Gobierno Nacional- nada garantiza que sí lo hará, luego de este mazazo incomprensible a los que menos tienen”.
Explicó el senador del ARI que “luego de los excesos a los que fueron sometidos los productores agropecuarios por el Ejecutivo Nacional por todos conocidos, los que generaron la pérdida de mercados externos en un momento inmejorable para la colocación de productos primarios argentinos, ahora se los vuelve a castigar con el aumento de impuestos provinciales”.
Doble imposición:
Agregó que desde la instrumentación de la ley 13.850 “el productor sufre una doble imposición, ya que el acopiador o consignatario en la venta procede a retener el impuesto a los Ingresos Brutos al productor y cuando se deposita el dinero de la transacción se le vuelve a retener en el banco. Así -dice- se produce un crédito impositivo permanente para el productor que nunca recupera. Con este sistema, el gravamen pasa a ser un “costo financiero” altísimo para el productor, en lugar de ser un impuesto a la actividad”.
Explicó el senador del ARI que “luego de los excesos a los que fueron sometidos los productores agropecuarios por el Ejecutivo Nacional por todos conocidos, los que generaron la pérdida de mercados externos en un momento inmejorable para la colocación de productos primarios argentinos, ahora se los vuelve a castigar con el aumento de impuestos provinciales”.
Doble imposición:
Agregó que desde la instrumentación de la ley 13.850 “el productor sufre una doble imposición, ya que el acopiador o consignatario en la venta procede a retener el impuesto a los Ingresos Brutos al productor y cuando se deposita el dinero de la transacción se le vuelve a retener en el banco. Así -dice- se produce un crédito impositivo permanente para el productor que nunca recupera. Con este sistema, el gravamen pasa a ser un “costo financiero” altísimo para el productor, en lugar de ser un impuesto a la actividad”.
Recordó el senador López Villa que el Pacto Fiscal de 1993, al cual adhirió la Provincia de Buenos Aires, establecía la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos para las actividades primarias. “En el momento de efectivizarse la exención -subrayó- se fue prorrogando el término de puesta en vigencia hasta la actualidad por parte de todos los gobiernos justicialistas; ya que evidentemente la Provincia firma los Pactos para no cumplirlos De esta forma, nunca se desgravó al campo del Impuesto a los Ingresos Brutos y se alejó de la meta establecida en el Pacto Fiscal”.
“Como si esto fuera poco -destacó el legislador de la Coalición Cívica- se modificó el sistema de cálculo del impuesto a los Ingresos Brutos sobre la carga y descarga portuaria de mercadería, fijando a la alícuota vigente del 3,5 % para dichas actividades un monto fijo adicional. Por ello -señaló- los exportadores de los puertos bonaerenses deberán abonar en forma mensual un plus de $ 5 mensual para la carga de mercadería en buque, $ 18 para la descarga y $ 3 para la mercadería removida, desnaturalizando de esta forma el impuesto a los Ingresos Brutos que paga la actividad ya que tendrían una carga impositiva por tonelada cargada, descargada y removida”.
Daño permanente al interior bonaerense:
Manifestó López Villa que con esta medida “se tiende a destruir la actividad de los puertos bonaerenses, ya que dejarían de ser competitivos, afectando duramente a los trabajadores y ocasionando un gravísimo impacto social en todo el interior bonaerense, tal como ya se percibe, por ejemplo, en San Nicolás y en San Pedro”.
Tras consignar que el impuesto al movimiento de carga y descarga apuesta a recaudar entre 500 y 800 millones de pesos adicionales, según pautas oficiales, expresó López Villa que “no se considera, que el exportador hará las cargas y descargas en puertos de otras provincias, y aquellos que deban quedarse en puertos de la Provincia por los fletes trasladarán el impuesto a los productores agropecuarios, golpeando nuevamente a los pequeños productores. Por lo tanto -dijo- la pauta de recaudación no se alcanzará una vez más, pero el perjuicio al productor y a los trabajadores quedará como un daño permanente”.-
jueves, 24 de septiembre de 2009
LOPEZ VILLA: “SCIOLI ASFIXIA A LOS SECTORES MEDIOS Y BAJOS Y SIGUE SIN TOCAR A LOS GRANDES EVASORES"
“La voracidad fiscal del gobierno de Daniel Scioli se acentúa en este ejercicio disfrazada de equidad tributaria, cuando el verdadero objetivo oculto es la mera recaudación para cubrir los gastos discrecionales con fines electoralistas y achicar el cuantioso déficit que ha llevado a la Provincia a una aguda crisis económico-financiera”. Así lo afirmó el senador Fernando López Villa (ARI-CC) al fundamentar en el recinto su posición y la de su bancada al proyecto de Ley Impositiva 2010 girado por el Poder Ejecutivo bonaerense.
En tal sentido, señaló el legislador que Scioli “aumenta la presión impositiva sobre los contribuyentes –básicamente de las clases media y baja- afectando su patrimonio, ingresos y capacidad de ahorro, sin adoptar medidas de fondo para captar a los grandes evasores excluidos del sistema tributario”.
Preguntó luego el senador López Villa “en qué país vive el gobernador Scioli que en este momento de crisis profunda quiere instrumentar reformas que empobrecen aún más a la población, y muy lejos están de propender a la equidad social, progresividad y distribución del ingreso”.
Privilegios incomprensibles
Subrayó el legislador de la Coalición Cívica que “si este proyecto de Ley Impositiva estuviera realmente dirigido a que paguen más los sectores habituados a acumular grandes ganancias, debería centrar su atención en los grandes deudores del fisco como los concesionarios de juegos de azar”. Explicó que “una de las empresas de este rubro recauda en un año seis veces lo que le retiene el Gobierno en concepto de Ingresos Brutos de enero a agosto, además de lo cual se dio el lujo de pagar sólo la tercera parte de los 18 millones de pesos que le reclamaba ARBA como parte de su deuda”.
Al respecto destacó López Villa que “los sectores más favorecidos por los negocios con el Estado son los que más capacidad contributivas tienen, no obstante lo cual el gobierno de Scioli no se anima a imponerles alícuotas acordes con sus voluminosas ganancias”.
En tal sentido, señaló el legislador que Scioli “aumenta la presión impositiva sobre los contribuyentes –básicamente de las clases media y baja- afectando su patrimonio, ingresos y capacidad de ahorro, sin adoptar medidas de fondo para captar a los grandes evasores excluidos del sistema tributario”.
Preguntó luego el senador López Villa “en qué país vive el gobernador Scioli que en este momento de crisis profunda quiere instrumentar reformas que empobrecen aún más a la población, y muy lejos están de propender a la equidad social, progresividad y distribución del ingreso”.
Privilegios incomprensibles
Subrayó el legislador de la Coalición Cívica que “si este proyecto de Ley Impositiva estuviera realmente dirigido a que paguen más los sectores habituados a acumular grandes ganancias, debería centrar su atención en los grandes deudores del fisco como los concesionarios de juegos de azar”. Explicó que “una de las empresas de este rubro recauda en un año seis veces lo que le retiene el Gobierno en concepto de Ingresos Brutos de enero a agosto, además de lo cual se dio el lujo de pagar sólo la tercera parte de los 18 millones de pesos que le reclamaba ARBA como parte de su deuda”.
Al respecto destacó López Villa que “los sectores más favorecidos por los negocios con el Estado son los que más capacidad contributivas tienen, no obstante lo cual el gobierno de Scioli no se anima a imponerles alícuotas acordes con sus voluminosas ganancias”.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
"LAS RECETAS SON SIEMPRE LAS MISMAS Y EL DEFICIT ES CADA VEZ MAYOR"
El senador del ARI-CC Fernando López Villa se refirió al proyecto de Reforma Impositiva 2010 que envió el gobernador Daniel Scioli a la Legislatura , que ya cuenta con la aprobación de Diputados y que esta semana sería tratado por la Cámara alta.
“Como el Estado provincial tiene agotadas todas las vías de financiamiento, recurre a la presión fiscal. Doce meses después de la primera reforma que mandó Scioli – la Ley 13.850-, seguimos teniendo los mismos problemas. El año pasado dijimos que ninguna modificación fiscal podía ser la solución al problema de déficit estructural de la Provincia ”, comenzó López Villa.
Luego, prosiguió: “El Gobierno decía que las modificaciones que pretendía establecer eran fundamentales y que con las reformas en torno a Ingresos Brutos se obtendrían dos mil millones de pesos adicionales. Aseguraba, también, que con la buena gestión de ARBA alcanzaría para garantizar los gastos corrientes y las prestaciones”.
“Pero sucede que la recaudación propuesta para 2008 no se alcanzó. Lejos de eso, el ARBA es absolutamente insuficiente. En 2008 tuvo un presupuesto de 450 millones de pesos, de los cuales 30 millones fueron para publicidad. Para este año se presupuestaron 800 millones de pesos y se destinaron 45 millones para publicidad. El presupuesto de ARBA subió un cien por ciento y la propia recaudación apenas podrá llegar a un tercio del crecimiento respecto del año anterior”, agregó el senador.
De este modo, López Villa explicó: “Hoy vemos que la receta sigue siendo la misma, pero que el déficit es mayor. Siempre se afecta a los mismos sectores. Ahora pretenden imponer mayor presión fiscal sobre pequeños productores, comerciantes y clase media en general. Jamás avanzan para detectar evasores entre los grandes ganadores del sistema. Tampoco, para afectar a aquellos que tienen más capacidad contributiva: las financieras, los bancos, los seguros, las empresas constructoras o las empresas de juegos de azar”.
“No hay eficiencia, no hay políticas fiscales acertadas ni permanentes, hay normatividad volátil y mucho gasto en publicidad. ARBA está muy lejos de cumplir los objetivos para los cuales fue creada con todas las pompas”, concluyó.
Cabe destacar que el martes 22 de septiembre, los bloques del ARI-CC, GEN-CC y UCR mantendrán una reunión con representantes de los puertos bonaerenses de San Nicolás y Bahía Blanca para abordar el impacto que tendrá en el sector el nuevo tributo sobre carga y descarga de mercancías.
“Como el Estado provincial tiene agotadas todas las vías de financiamiento, recurre a la presión fiscal. Doce meses después de la primera reforma que mandó Scioli – la Ley 13.850-, seguimos teniendo los mismos problemas. El año pasado dijimos que ninguna modificación fiscal podía ser la solución al problema de déficit estructural de la Provincia ”, comenzó López Villa.
Luego, prosiguió: “El Gobierno decía que las modificaciones que pretendía establecer eran fundamentales y que con las reformas en torno a Ingresos Brutos se obtendrían dos mil millones de pesos adicionales. Aseguraba, también, que con la buena gestión de ARBA alcanzaría para garantizar los gastos corrientes y las prestaciones”.
“Pero sucede que la recaudación propuesta para 2008 no se alcanzó. Lejos de eso, el ARBA es absolutamente insuficiente. En 2008 tuvo un presupuesto de 450 millones de pesos, de los cuales 30 millones fueron para publicidad. Para este año se presupuestaron 800 millones de pesos y se destinaron 45 millones para publicidad. El presupuesto de ARBA subió un cien por ciento y la propia recaudación apenas podrá llegar a un tercio del crecimiento respecto del año anterior”, agregó el senador.
De este modo, López Villa explicó: “Hoy vemos que la receta sigue siendo la misma, pero que el déficit es mayor. Siempre se afecta a los mismos sectores. Ahora pretenden imponer mayor presión fiscal sobre pequeños productores, comerciantes y clase media en general. Jamás avanzan para detectar evasores entre los grandes ganadores del sistema. Tampoco, para afectar a aquellos que tienen más capacidad contributiva: las financieras, los bancos, los seguros, las empresas constructoras o las empresas de juegos de azar”.
“No hay eficiencia, no hay políticas fiscales acertadas ni permanentes, hay normatividad volátil y mucho gasto en publicidad. ARBA está muy lejos de cumplir los objetivos para los cuales fue creada con todas las pompas”, concluyó.
Cabe destacar que el martes 22 de septiembre, los bloques del ARI-CC, GEN-CC y UCR mantendrán una reunión con representantes de los puertos bonaerenses de San Nicolás y Bahía Blanca para abordar el impacto que tendrá en el sector el nuevo tributo sobre carga y descarga de mercancías.
jueves, 10 de septiembre de 2009
CRECE EL TEMOR POR LA INSTALACION DE TRES PLANTAS QUIMICAS ALTAMENTE CONTAMINANTES EN BERISSO
Reiteran un pedido de informes al gobernador Scioli ante la inacción y la falta de respuestas del Poder Ejecutivo bonaerense
Senadores provinciales del ARI-Coalición Cívica reiteraron su profunda preocupación ante el avance de los trabajos de instalación en la zona denominada “La Portada”, pleno radio urbano de Berisso, de tres plantas industriales de la empresa “Panimex Química S.A.”, firma de capitales chilenos que producirá anhídrido ftálico, ácido fumárico y plastificantes, sustancias contaminantes de alta peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente.
En un nuevo pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense promovido por el senador Fernando López Villa, que suscriben también sus pares de bloque Javier Mor Roig -titular de esa bancada-, y Daniel Expósito, preguntan si la empresa “realizó los estudios ambientales prescriptos por ley para ser habilitada” y si efectivamente fue catalogada por la Secretaría de Política Ambiental como de Categoría 3ª en virtud de que su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población, u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”.
También desean saber “si fue el Consorcio de Gestión Puerto La Plata el que entregó un “permiso de uso” a la firma Panimex para procesar los mencionados productos químicos; bajo que potestad y argumentos lo emitió” y, de no haber sido así, “qué autoridad provincial o municipal habilitó su funcionamiento, ya que proseguirían activamente los trabajos para su radicación en la zona”.
En los fundamentos de su iniciativa, López Villa y los demás senadores del ARI en la Coalición Cívica explican que las sustancias que producirá Panimex “se encuentran dentro de la clasificación de Sustancia/Residuo Peligroso/Especial que refiere la normativa nacional y provincial en vigencia, que considera “peligroso” a “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el ambiente. Estas características -agregan- son propias del anhídrido ftálico, compuesto inflamable que conlleva un peligro moderado de incendio y explosividad, y cuya toxicidad actúa como irritante de la piel, los ojos y el tracto respiratorio superior, y se manifiesta en conjuntivitis, secreciones nasales sanguinolentas, atrofia de la mucosa nasal, ronquera, tos, bronquitis y asma”.
“Por las cercanías de las plantas químicas con la Dársena de Inflamables del Puerto La Plata, y con el centro urbano de Berisso -manifiestan- el riesgo latente de toxicidad y explosividad se incrementa notoriamente, por lo que la presencia de Panimex, que actualmente estaría desarrollando la etapa de ingeniería de detalle, construcción de equipos y estudios técnicos complementarios para comenzar la obra civil en forma inminente, supone un peligro cierto de gravísimas consecuencias eventuales”. A modo de antecedente, citan el derrame de 200 toneladas de un derivado del etanol desde los tanques de almacenamiento de esa empresa ubicados en el Estero Campiche, Chile, en junio último, el que provocó serios daños en 25 niños y la evacuación de más de un millar de personas.
Por último, señalan los senadores de la C.C. que este nuevo pedido de informes se complementa con uno del mismo tenor aprobado por el Senado sobre tablas el 23 de diciembre de 2008 e ingresado en la Mesa de Entradas del Poder Ejecutivo bonaerense el 8 de enero último, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna en la Legislatura.
Senadores provinciales del ARI-Coalición Cívica reiteraron su profunda preocupación ante el avance de los trabajos de instalación en la zona denominada “La Portada”, pleno radio urbano de Berisso, de tres plantas industriales de la empresa “Panimex Química S.A.”, firma de capitales chilenos que producirá anhídrido ftálico, ácido fumárico y plastificantes, sustancias contaminantes de alta peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente.
En un nuevo pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense promovido por el senador Fernando López Villa, que suscriben también sus pares de bloque Javier Mor Roig -titular de esa bancada-, y Daniel Expósito, preguntan si la empresa “realizó los estudios ambientales prescriptos por ley para ser habilitada” y si efectivamente fue catalogada por la Secretaría de Política Ambiental como de Categoría 3ª en virtud de que su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población, u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”.
También desean saber “si fue el Consorcio de Gestión Puerto La Plata el que entregó un “permiso de uso” a la firma Panimex para procesar los mencionados productos químicos; bajo que potestad y argumentos lo emitió” y, de no haber sido así, “qué autoridad provincial o municipal habilitó su funcionamiento, ya que proseguirían activamente los trabajos para su radicación en la zona”.
En los fundamentos de su iniciativa, López Villa y los demás senadores del ARI en la Coalición Cívica explican que las sustancias que producirá Panimex “se encuentran dentro de la clasificación de Sustancia/Residuo Peligroso/Especial que refiere la normativa nacional y provincial en vigencia, que considera “peligroso” a “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el ambiente. Estas características -agregan- son propias del anhídrido ftálico, compuesto inflamable que conlleva un peligro moderado de incendio y explosividad, y cuya toxicidad actúa como irritante de la piel, los ojos y el tracto respiratorio superior, y se manifiesta en conjuntivitis, secreciones nasales sanguinolentas, atrofia de la mucosa nasal, ronquera, tos, bronquitis y asma”.
“Por las cercanías de las plantas químicas con la Dársena de Inflamables del Puerto La Plata, y con el centro urbano de Berisso -manifiestan- el riesgo latente de toxicidad y explosividad se incrementa notoriamente, por lo que la presencia de Panimex, que actualmente estaría desarrollando la etapa de ingeniería de detalle, construcción de equipos y estudios técnicos complementarios para comenzar la obra civil en forma inminente, supone un peligro cierto de gravísimas consecuencias eventuales”. A modo de antecedente, citan el derrame de 200 toneladas de un derivado del etanol desde los tanques de almacenamiento de esa empresa ubicados en el Estero Campiche, Chile, en junio último, el que provocó serios daños en 25 niños y la evacuación de más de un millar de personas.
Por último, señalan los senadores de la C.C. que este nuevo pedido de informes se complementa con uno del mismo tenor aprobado por el Senado sobre tablas el 23 de diciembre de 2008 e ingresado en la Mesa de Entradas del Poder Ejecutivo bonaerense el 8 de enero último, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna en la Legislatura.
martes, 25 de agosto de 2009
PROPICIAN QUE EL ESTADO PROVINCIAL GARANTICE LA NUTRICION ADECUADA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
A través de un proyecto de ley ingresado en las últimas horas en la Legislatura, orientado a revertir drásticamente los elevados niveles de subalimentación imperantes en el ámbito bonaerense, el senador Fernando López Villa (ARI-CC) propone la asunción de parte del Estado provincial de la responsabilidad de garantizar la nutrición adecuada de aquellos habitantes que se desenvuelvan en situaciones de vulnerabilidad social, psicológica o económica, dando cumplimiento a lo establecido al respecto por la Constitución de la Provincia.
En la iniciativa, que también suscribe el senador Daniel Expósito (ARI-CC), se sostiene que “a fin de asegurar y agilizar la detección de los casos graves, se fija la obligatoriedad de la denuncia ante la presunción de situaciones de desnutrición, y se proponen mecanismos de respuesta que permitan brindar contención efectiva e inmediata para minimizar las consecuencias que la malnutrición tiene sobre la salud física, mental y social de los afectados, quedando el tratamiento bajo la responsabilidad del Estado hasta la superación del problema”.
Para ello, los legisladores del ARI en la Coalición Cívica proponen “un sistema de abordaje que contempla, en primer término, la sistematización del relevamiento, procesamiento de datos y la elaboración de conclusiones sobre la situación nutricional de las poblaciones vulnerables. Ello -explican-, sumado a la creación del Banco Provincial de Datos nutricionales y a la realización anual de una encuesta de nutrición y salud, logrará tanto la visibilización objetiva del problema como la provisión de información indispensable para la elaboración de medidas inmediatas y políticas estructurales que optimicen las condiciones sociales, económicas y de infraestructura -entre las que se destaca la provisión de agua potable-, indispensables para el desarrollo autonómico y adecuado de cada uno de los habitantes de nuestra provincia”.
Señalan López Villa y Expósito que “el diseño de respuestas adecuadas a los perfiles nutricionales de cada población que plantea el proyecto exige y promueve, además, una ajustada articulación con los centros de atención primaria, las unidades sanitarias y otros ámbitos de salud, desarrollo social y educación de nivel municipal, conformando con el Poder Ejecutivo Provincial una red de actuación que homogeneice la aplicación de protocolos elaborados, acompañados por las universidades nacionales”.
LOS EJES DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA
A modo de reseña, se indican a continuación los ejes de desarrollo de la iniciativa:
· La Provincia de Buenos Aires garantiza la nutrición adecuada de sus habitantes, en especial de las madres gestantes, los niños y los adultos mayores, cuando su situación social, psicológica y/o económica así lo requiera
* Se crea la obligatoriedad de la denuncia ante presuntos casos de desnutrición.
* Se establece un ámbito administrativo que sea el referente ante la sociedad y el
resto de los organismos del Estado para la canalización de las denuncias y el seguimiento de los casos.
* Se exigen protocolos de actuación y de articulación con otras dependencias del Estado, elaborados con la colaboración de las universidades estatales con asiento en la provincia.
* Se determinan mecanismos de respuesta inmediata bajo la responsabilidad del Estado hasta la superación del problema.
* Se requiere el diseño de respuestas adecuadas a los perfiles nutricionales de cada población.
· Visibilización del estado nutricional de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires
* La sistematización del relevamiento, procesamiento y conclusiones de los datos.
* La publicitación de la información relevada.
* La creación del Banco Provincial de Datos Nutricionales
* El establecimiento de la obligatoriedad por parte del Estado Provincial de la realización de una encuesta provincial anual de nutrición y salud. La metodología de su diseño e implementación será acordada con las universidades nacionales con asiento en el territorio bonaerense.
· Incorporación de instancias de control internas y externas
* El sistema deberá contar con mecanismos de control administrativo, legislativo y ciudadano respecto de la composición de la canasta; la transparencia de los canales de distribución; los aportes que se realizan a los beneficiarios y los seguimientos de los casos a atender por malnutrición.
En la iniciativa, que también suscribe el senador Daniel Expósito (ARI-CC), se sostiene que “a fin de asegurar y agilizar la detección de los casos graves, se fija la obligatoriedad de la denuncia ante la presunción de situaciones de desnutrición, y se proponen mecanismos de respuesta que permitan brindar contención efectiva e inmediata para minimizar las consecuencias que la malnutrición tiene sobre la salud física, mental y social de los afectados, quedando el tratamiento bajo la responsabilidad del Estado hasta la superación del problema”.
Para ello, los legisladores del ARI en la Coalición Cívica proponen “un sistema de abordaje que contempla, en primer término, la sistematización del relevamiento, procesamiento de datos y la elaboración de conclusiones sobre la situación nutricional de las poblaciones vulnerables. Ello -explican-, sumado a la creación del Banco Provincial de Datos nutricionales y a la realización anual de una encuesta de nutrición y salud, logrará tanto la visibilización objetiva del problema como la provisión de información indispensable para la elaboración de medidas inmediatas y políticas estructurales que optimicen las condiciones sociales, económicas y de infraestructura -entre las que se destaca la provisión de agua potable-, indispensables para el desarrollo autonómico y adecuado de cada uno de los habitantes de nuestra provincia”.
Señalan López Villa y Expósito que “el diseño de respuestas adecuadas a los perfiles nutricionales de cada población que plantea el proyecto exige y promueve, además, una ajustada articulación con los centros de atención primaria, las unidades sanitarias y otros ámbitos de salud, desarrollo social y educación de nivel municipal, conformando con el Poder Ejecutivo Provincial una red de actuación que homogeneice la aplicación de protocolos elaborados, acompañados por las universidades nacionales”.
LOS EJES DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA
A modo de reseña, se indican a continuación los ejes de desarrollo de la iniciativa:
· La Provincia de Buenos Aires garantiza la nutrición adecuada de sus habitantes, en especial de las madres gestantes, los niños y los adultos mayores, cuando su situación social, psicológica y/o económica así lo requiera
* Se crea la obligatoriedad de la denuncia ante presuntos casos de desnutrición.
* Se establece un ámbito administrativo que sea el referente ante la sociedad y el
resto de los organismos del Estado para la canalización de las denuncias y el seguimiento de los casos.
* Se exigen protocolos de actuación y de articulación con otras dependencias del Estado, elaborados con la colaboración de las universidades estatales con asiento en la provincia.
* Se determinan mecanismos de respuesta inmediata bajo la responsabilidad del Estado hasta la superación del problema.
* Se requiere el diseño de respuestas adecuadas a los perfiles nutricionales de cada población.
· Visibilización del estado nutricional de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires
* La sistematización del relevamiento, procesamiento y conclusiones de los datos.
* La publicitación de la información relevada.
* La creación del Banco Provincial de Datos Nutricionales
* El establecimiento de la obligatoriedad por parte del Estado Provincial de la realización de una encuesta provincial anual de nutrición y salud. La metodología de su diseño e implementación será acordada con las universidades nacionales con asiento en el territorio bonaerense.
· Incorporación de instancias de control internas y externas
* El sistema deberá contar con mecanismos de control administrativo, legislativo y ciudadano respecto de la composición de la canasta; la transparencia de los canales de distribución; los aportes que se realizan a los beneficiarios y los seguimientos de los casos a atender por malnutrición.
martes, 11 de agosto de 2009
SCIOLI DEBE DEFENDER LA DIGNIDAD DE LOS BONAERENSES Y SOLICITAR AL GOBIERNO NACIONAL LA DEROGACION DEL TARIFAZO
Los senadores del ARI-CC, Javier Mor Roig y Fernando López Villa presentaron un proyecto de declaración a través del cual solicitan al gobierno de la Provincia que interceda ante la Nación para que derogue el Decreto 2067/08, que implementó el recargo denominado “Fondo Fiduciario para la importación de Gas Natural y Gas Licuado”.
“Todos aquellos bonaerenses que consuman más de 1500 metros cúbicos anuales quedaron incluidos dentro de la medida. Luego de la puesta en marcha del Fondo Fiduciario comenzaron a llegar a la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado provincial un sinfín de denuncias que alertaban sobre los excesivos aumentos registrados”, señala la iniciativa en sus fundamentos.Y agrega: “Al considerar a este tributo, que va a servir como fuente de financiamiento de los compromisos internacionales acarreados por el Estado Nacional, como hecho abusivo, es que remarcamos la necesidad de que el gobierno provincial le exija al Poder Ejecutivo Nacional la derogación en todo el territorio bonaerense del Fondo Fiduciario”. Por ello, en el proyecto se señala: “Es necesario evitar que nuevamente se castigue a los usuarios para así encubrir la falta de inversión de las empresas privatizadas, situación que llevó a que el país se encuentre inmerso en una crisis energética”.En relación a ello, el senador Mor Roig explicó: “Hay una necesidad de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y esta Legislatura se pronuncien en contra del decreto nacional que permitió el aumento desmesurado de tarifas de servicios públicos como el gas y la electricidad”.“Scioli debe ponerse a la cabeza de los reclamos porque esto perjudica a la población de más bajos recursos de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del total del país”, continuó. Y dijo: “Esto pareciera una venganza hacia el electorado, por no haber acompañado el proyecto del kirchnerismo. A 20 días de las elecciones se convalidó algo que sabíamos que iba a pasar, y que el Ejecutivo está profundizando”.“Aníbal Fernández dice que esto solo afecta a una pequeña porción de la población, y a la de mayores recursos. Pero la realidad indica otra cosa. Tenemos más de un ejemplo que muestra que la población de más bajos recursos está recibiendo facturas impagables. Esto genera un clima social contrario al que debería haber luego de lo que fue el proceso electoral. Insisto: esto pareciera una venganza del kichnerismo a una sociedad que no lo acompañó y que decidió que la Argentina tenía que dar un giro de 180 grados”, concluyó.
“Todos aquellos bonaerenses que consuman más de 1500 metros cúbicos anuales quedaron incluidos dentro de la medida. Luego de la puesta en marcha del Fondo Fiduciario comenzaron a llegar a la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado provincial un sinfín de denuncias que alertaban sobre los excesivos aumentos registrados”, señala la iniciativa en sus fundamentos.Y agrega: “Al considerar a este tributo, que va a servir como fuente de financiamiento de los compromisos internacionales acarreados por el Estado Nacional, como hecho abusivo, es que remarcamos la necesidad de que el gobierno provincial le exija al Poder Ejecutivo Nacional la derogación en todo el territorio bonaerense del Fondo Fiduciario”. Por ello, en el proyecto se señala: “Es necesario evitar que nuevamente se castigue a los usuarios para así encubrir la falta de inversión de las empresas privatizadas, situación que llevó a que el país se encuentre inmerso en una crisis energética”.En relación a ello, el senador Mor Roig explicó: “Hay una necesidad de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y esta Legislatura se pronuncien en contra del decreto nacional que permitió el aumento desmesurado de tarifas de servicios públicos como el gas y la electricidad”.“Scioli debe ponerse a la cabeza de los reclamos porque esto perjudica a la población de más bajos recursos de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del total del país”, continuó. Y dijo: “Esto pareciera una venganza hacia el electorado, por no haber acompañado el proyecto del kirchnerismo. A 20 días de las elecciones se convalidó algo que sabíamos que iba a pasar, y que el Ejecutivo está profundizando”.“Aníbal Fernández dice que esto solo afecta a una pequeña porción de la población, y a la de mayores recursos. Pero la realidad indica otra cosa. Tenemos más de un ejemplo que muestra que la población de más bajos recursos está recibiendo facturas impagables. Esto genera un clima social contrario al que debería haber luego de lo que fue el proceso electoral. Insisto: esto pareciera una venganza del kichnerismo a una sociedad que no lo acompañó y que decidió que la Argentina tenía que dar un giro de 180 grados”, concluyó.
jueves, 18 de junio de 2009
PIDEN LA CREACION DE UN JARDIN DE INFANTES EN EL BARRIO SAN JOSE DE ALMIRANTE BROWN
Los senadores provinciales de la Coalición Cívica Fernando López Villa y Daniel Expósito solicitaron al Poder Ejecutivo bonaerense que, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, disponga la creación de un jardín de infantes en el barrio San José, del partido de Almirante Brown.
Al fundamentar su iniciativa, basada en la necesidad de promover la creación de escuelas públicas en respuesta a las exigencias demográficas planteadas en el ámbito del Conurbano, explican los legisladores que el barrio San José, de Almirante Brown, “es una zona densamente poblada -datos oficiales consigna más de 45 mil habitantes-, en la que existen cinco jardines privados y ninguno público”, lo cual “torna ostensible la urgencia por establecer allí un jardín estatal, y significaría un alivio a los colapsados jardines públicos de otros barrios”
Tras definir las características e importancia de la educación preescolar, subrayan los senadores López Villa y Expósito que al jardín de infancia “se lo define como un espacio institucionalizado de enseñanza y de aprendizaje donde la socialización y el juego se integran con el aprendizaje de contenidos educativos por parte del niño, cuya relevancia en los primeros años de vida se halla firmemente acreditada”, al punto que los especialistas educativos “remarcan la dificultad que presenta para los maestros de primer año de la primaria la falta de educación en el nivel inicial en algunos alumnos, y que su carencia lleva al retraso de la clase en general”.
Por último, consignan los senadores de la Coalición Cívica que la Ley Provincial de Educación N° 13.688 “remarca la obligatoriedad legal de que los niños bonaerenses concurran al último año de Jardín, por lo cual es obligación del Estado asegurar una correcta distribución de establecimientos escolares en todo el territorio provincial”.
Al fundamentar su iniciativa, basada en la necesidad de promover la creación de escuelas públicas en respuesta a las exigencias demográficas planteadas en el ámbito del Conurbano, explican los legisladores que el barrio San José, de Almirante Brown, “es una zona densamente poblada -datos oficiales consigna más de 45 mil habitantes-, en la que existen cinco jardines privados y ninguno público”, lo cual “torna ostensible la urgencia por establecer allí un jardín estatal, y significaría un alivio a los colapsados jardines públicos de otros barrios”
Tras definir las características e importancia de la educación preescolar, subrayan los senadores López Villa y Expósito que al jardín de infancia “se lo define como un espacio institucionalizado de enseñanza y de aprendizaje donde la socialización y el juego se integran con el aprendizaje de contenidos educativos por parte del niño, cuya relevancia en los primeros años de vida se halla firmemente acreditada”, al punto que los especialistas educativos “remarcan la dificultad que presenta para los maestros de primer año de la primaria la falta de educación en el nivel inicial en algunos alumnos, y que su carencia lleva al retraso de la clase en general”.
Por último, consignan los senadores de la Coalición Cívica que la Ley Provincial de Educación N° 13.688 “remarca la obligatoriedad legal de que los niños bonaerenses concurran al último año de Jardín, por lo cual es obligación del Estado asegurar una correcta distribución de establecimientos escolares en todo el territorio provincial”.
RECLAMAN LA INSTRUMENTACION EN LA PROVINCIA DE UN PROGRAMA DE PREVENCION DE QUEMADURAS
Ante la proliferación del uso de medios caseros de calefacción potencialmente lesivos, los senadores de la Coalición Cívica Fernando López Villa y Luis Malagamba solicitan al Poder Ejecutivo bonaerense el urgente desarrollo y difusión de un programa de prevención de quemaduras.
Al fundamentar un proyecto de declaración en tal sentido, los legisladores expresan que las quemaduras pediátricas “constituyen una de las principales causas de mortalidad en nuestra infancia y en numerosas ocasiones conlleva niveles de invalidez con secuelas que afectan a todo el núcleo familiar”. En ese orden, explican que según informes proporcionados por el Hospital de Niños “Sor María Ludovico” de La Plata, “en nuestro país las quemaduras son la tercera causa de muerte por lesiones en los niños, luego de los accidentes viales y las asfixias por inmersión”, y consignan que en su gran mayoría “los accidentes son de tipo casero, por lo que, cuando suceden en el marco de una sociedad pauperizada, pueden constituir consecuencias sumamente graves que exigen la inmediata intervención preventiva del Estado”.
Otra dolorosa consecuencia de la exclusión social
Agregan los senadores López Villa y Malagamba que desde el inicio del clima frío “se incrementó sensiblemente la llegada a los centros de salud de niños quemados a raíz de accidentes producidos por el uso de recursos precarios de calefacción -tales como botellas de vidrio o plástico con agua hirviendo, ladrillos calientes, braseros, etc.-, ante los cuales los consejos que se suelen difundir (supervisión constante de los niños por parte de un adulto, controlar el termostato del calefón o termotanque, realizar una revisión profesional de las instalaciones eléctricas y de gas, instalar alarmas de humo, mantener a los niños fuera de la cocina, etc.) parten de supuestos respecto de la situación habitacional y funcional del receptor que no hallan correlato en la realidad de los barrios precarios de nuestra provincia”.
“Es por ello que, hasta tanto se logren mayores niveles de integración social -señalan los legisladores de la Coalición Cívica- urge la inmediata respuesta del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia a fin de elaborar un programa de acción preventiva que elabore y difunda de manera efectiva un programa de prevención de quemaduras que proteja a nuestra población más vulnerable, considerando, asimismo, la distribución de elementos que sirvan para paliar los efectos de las bajas temperaturas”.-
Al fundamentar un proyecto de declaración en tal sentido, los legisladores expresan que las quemaduras pediátricas “constituyen una de las principales causas de mortalidad en nuestra infancia y en numerosas ocasiones conlleva niveles de invalidez con secuelas que afectan a todo el núcleo familiar”. En ese orden, explican que según informes proporcionados por el Hospital de Niños “Sor María Ludovico” de La Plata, “en nuestro país las quemaduras son la tercera causa de muerte por lesiones en los niños, luego de los accidentes viales y las asfixias por inmersión”, y consignan que en su gran mayoría “los accidentes son de tipo casero, por lo que, cuando suceden en el marco de una sociedad pauperizada, pueden constituir consecuencias sumamente graves que exigen la inmediata intervención preventiva del Estado”.
Otra dolorosa consecuencia de la exclusión social
Agregan los senadores López Villa y Malagamba que desde el inicio del clima frío “se incrementó sensiblemente la llegada a los centros de salud de niños quemados a raíz de accidentes producidos por el uso de recursos precarios de calefacción -tales como botellas de vidrio o plástico con agua hirviendo, ladrillos calientes, braseros, etc.-, ante los cuales los consejos que se suelen difundir (supervisión constante de los niños por parte de un adulto, controlar el termostato del calefón o termotanque, realizar una revisión profesional de las instalaciones eléctricas y de gas, instalar alarmas de humo, mantener a los niños fuera de la cocina, etc.) parten de supuestos respecto de la situación habitacional y funcional del receptor que no hallan correlato en la realidad de los barrios precarios de nuestra provincia”.
“Es por ello que, hasta tanto se logren mayores niveles de integración social -señalan los legisladores de la Coalición Cívica- urge la inmediata respuesta del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia a fin de elaborar un programa de acción preventiva que elabore y difunda de manera efectiva un programa de prevención de quemaduras que proteja a nuestra población más vulnerable, considerando, asimismo, la distribución de elementos que sirvan para paliar los efectos de las bajas temperaturas”.-
jueves, 11 de junio de 2009
BASTA DE PUBLICIDAD OFICIAL SIN CONTROL
Los senadores provinciales de la Coalición Cívica (CC) Fernando López Villa y Javier Mor Roig -titular de esa bancada- presentaron un proyecto de ley tendiente a transparentar el otorgamiento de publicidad oficial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a través de la regulación de las correspondientes contrataciones de emisión y difusión.
En primer término, la iniciativa define qué es la publicidad oficial, y establece que la regla general de contratación de la misma será la licitación pública. Los legisladores explican que ello se debe particularmente a “todos lo abusos que se vienen observando -aún más en tiempos electorales-, toda vez que la ley aplicable a la disposición de la publicidad oficial en la esfera bonaerense permite la contratación directa de la misma”.
A fin de ejemplificar la realidad imperante en la actualidad, expresan López Villa y Mor Roig que el gobernador Daniel Scioli -a su vez candidato a diputado nacional para las elecciones del próximo 28 de junio del corriente- “está utilizando los fondos públicos del Poder Ejecutivo provincial -por ende, aportados por todos los bonaerenses- contratados de manera discrecional y directa para llevar adelante su campaña electoral bajo el manto de la contratación de la publicidad oficial”.
Scioli y el financiamiento ilegítimo de su campaña
“Ante ello -consignan- no podemos dejar de propiciar medidas tendientes a dar fin a las acciones inapropiadas y fuertemente cuestionables de nuestro Gobernador, y terminar así con el financiamiento ilegítimo de su campaña electoral”.
Además de ello, el proyecto de referencia establece la prohibición de cláusulas de confidencialidad establecidas en los contratos de la publicidad oficial -utilizadas en virtud de los preceptos del decreto provincial 1868/05-, declarándoselas nulas, y ajustando los contenidos de los acuerdos a las normas y principios de derecho público.
Por último se propone la fijación de medios que aseguren un amplio acceso a la información pública a través de este nuevo procedimiento de contratación de la publicidad oficial en el ámbito bonaerense, como “otro modo de terminar con manejos arbitrarios y discrecionales en el uso y destino de los recursos públicos facilitados por el actual sistema de contratación directa, el cual permite que en la actualidad el destino de esos recursos revista el carácter de “secreto” de la administración pública, lo cual es absolutamente inaceptable en un sistema republicano de gobierno”.-
En primer término, la iniciativa define qué es la publicidad oficial, y establece que la regla general de contratación de la misma será la licitación pública. Los legisladores explican que ello se debe particularmente a “todos lo abusos que se vienen observando -aún más en tiempos electorales-, toda vez que la ley aplicable a la disposición de la publicidad oficial en la esfera bonaerense permite la contratación directa de la misma”.
A fin de ejemplificar la realidad imperante en la actualidad, expresan López Villa y Mor Roig que el gobernador Daniel Scioli -a su vez candidato a diputado nacional para las elecciones del próximo 28 de junio del corriente- “está utilizando los fondos públicos del Poder Ejecutivo provincial -por ende, aportados por todos los bonaerenses- contratados de manera discrecional y directa para llevar adelante su campaña electoral bajo el manto de la contratación de la publicidad oficial”.
Scioli y el financiamiento ilegítimo de su campaña
“Ante ello -consignan- no podemos dejar de propiciar medidas tendientes a dar fin a las acciones inapropiadas y fuertemente cuestionables de nuestro Gobernador, y terminar así con el financiamiento ilegítimo de su campaña electoral”.
Además de ello, el proyecto de referencia establece la prohibición de cláusulas de confidencialidad establecidas en los contratos de la publicidad oficial -utilizadas en virtud de los preceptos del decreto provincial 1868/05-, declarándoselas nulas, y ajustando los contenidos de los acuerdos a las normas y principios de derecho público.
Por último se propone la fijación de medios que aseguren un amplio acceso a la información pública a través de este nuevo procedimiento de contratación de la publicidad oficial en el ámbito bonaerense, como “otro modo de terminar con manejos arbitrarios y discrecionales en el uso y destino de los recursos públicos facilitados por el actual sistema de contratación directa, el cual permite que en la actualidad el destino de esos recursos revista el carácter de “secreto” de la administración pública, lo cual es absolutamente inaceptable en un sistema republicano de gobierno”.-
FALTAN INSUMOS INDISPENSABLES EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA
Los senadores provinciales Fernando López Villa y Luis Malagamba (CC) solicitaron al Poder Ejecutivo la urgente provisión al Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” de la ciudad de La Plata, de los recursos e insumos indispensables para el desarrollo de sus actividades específicamente en el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.
Entre los elementos requeridos se cuentan un mallador de piel Mesh Craft o similar; tres saturómetros de oxígeno; sábanas de algodón; tres tensiómetros pediátricos; dos centrífugas para sangre; tres camas ortopédicas y doce uniformes para enfermeras, elementos imprescindibles para el correcto funcionamiento del servicio y la debida atención a los pacientes.
En los fundamentos de su iniciativa señalan los legisladores de la Coalición Cívica que el Hospital de Niños de La Plata “es la institución de máxima complejidad para la niñez en la provincia de Buenos Aires. Desde 1889 -dicen- cuenta con sólidos equipos de trabajo constituidos por médicos, odontólogos,- bioquímicos, técnicos, enfermeros y personal administrativo así como también grupos de padres y servicio de voluntariado, quienes han cimentado y acrecientan la calidad humana y profesional que lo caracteriza”.
“El área de atención de niños quemados, en particular la Sala 27 -afirman López Villa y Malagamba- tiene a su cargo el cuidado intensivo grave -tanto en la etapa aguda como en el tratamiento de las secuelas- de los menores que padecen las consecuencias de la exposición a agentes físicos, ya sea térmicos, eléctricos, radiantes, químicos, cáusticos o biológicos que les han provocado alteraciones con consecuencias corporales, psicológicas y/o sociales. Asisten, asimismo, a pacientes derivados de distintos centros de la provincia, del país e, incluso, del exterior”.
Añaden que el tratamiento del paciente pediátrico quemado grave “constituye un problema especial ya que requiere de personal especializado y de una infraestructura adecuada tanto edilicia como tecnológica, y la disponibilidad adecuada de dichos requerimientos aumenta de manera exponencial las posibilidades y capacidad de supervivencia de los afectados, por lo cual son necesarios recursos que deberían ser provistos de manera previsible y constante por la autoridad competente”. Expresan por último que “el prestigio y la trascendencia del Hospital de Niños Sor María Ludovica han logrado persistir y profundizarse a lo largo de la historia. Esta constancia en la excelencia -consignan- reside de manera excluyente en la calidad humana y profesional de sus integrantes profesionales y no profesionales, cuya voluntad e idoneidad en el cuidado de la salud de nuestra infancia más vulnerable merecen y demandan una contrapartida constante y efectiva por parte de las autoridades gubernamentales”.
Entre los elementos requeridos se cuentan un mallador de piel Mesh Craft o similar; tres saturómetros de oxígeno; sábanas de algodón; tres tensiómetros pediátricos; dos centrífugas para sangre; tres camas ortopédicas y doce uniformes para enfermeras, elementos imprescindibles para el correcto funcionamiento del servicio y la debida atención a los pacientes.
En los fundamentos de su iniciativa señalan los legisladores de la Coalición Cívica que el Hospital de Niños de La Plata “es la institución de máxima complejidad para la niñez en la provincia de Buenos Aires. Desde 1889 -dicen- cuenta con sólidos equipos de trabajo constituidos por médicos, odontólogos,- bioquímicos, técnicos, enfermeros y personal administrativo así como también grupos de padres y servicio de voluntariado, quienes han cimentado y acrecientan la calidad humana y profesional que lo caracteriza”.
“El área de atención de niños quemados, en particular la Sala 27 -afirman López Villa y Malagamba- tiene a su cargo el cuidado intensivo grave -tanto en la etapa aguda como en el tratamiento de las secuelas- de los menores que padecen las consecuencias de la exposición a agentes físicos, ya sea térmicos, eléctricos, radiantes, químicos, cáusticos o biológicos que les han provocado alteraciones con consecuencias corporales, psicológicas y/o sociales. Asisten, asimismo, a pacientes derivados de distintos centros de la provincia, del país e, incluso, del exterior”.
Añaden que el tratamiento del paciente pediátrico quemado grave “constituye un problema especial ya que requiere de personal especializado y de una infraestructura adecuada tanto edilicia como tecnológica, y la disponibilidad adecuada de dichos requerimientos aumenta de manera exponencial las posibilidades y capacidad de supervivencia de los afectados, por lo cual son necesarios recursos que deberían ser provistos de manera previsible y constante por la autoridad competente”. Expresan por último que “el prestigio y la trascendencia del Hospital de Niños Sor María Ludovica han logrado persistir y profundizarse a lo largo de la historia. Esta constancia en la excelencia -consignan- reside de manera excluyente en la calidad humana y profesional de sus integrantes profesionales y no profesionales, cuya voluntad e idoneidad en el cuidado de la salud de nuestra infancia más vulnerable merecen y demandan una contrapartida constante y efectiva por parte de las autoridades gubernamentales”.
LA ESCUELA N°13 DE LA MATANZA NECESITA UN COMEDOR
A través de un proyecto de declaración, los senadores Fernando López Villa y Luis Malagamba (CC) solicitan al Poder Ejecutivo bonaerense que a través de la Dirección General de Cultura y Educación, disponga las medidas necesarias a fin de dotar de servicio de comedor a la Escuela de Educación Técnica Nº 13 de La Matanza.
En los fundamentos de su iniciativa, los legisladores de la Coalición Cívica explican que el citado establecimiento educativo, enclavado en el Barrio Nicole de Virrey del Pino, González Catán, partido de La Matanza, es “un baluarte invalorable en la construcción de una sociedad integrada, educada y democrática”, toda vez que “allí, su comunidad educativa trabaja de manera persistente y comprometida con la búsqueda de un proyecto de vida digno para sus niños y jóvenes, pese a los cotidianos embates de una pobreza que busca someterlos, en una de las zonas más desfavorables del partido más populoso del Conurbano”.
Señalan López Villa y Malagamba que “la vulnerabilidad de los niños y adolescentes que asisten a ese centro de enseñanza -cuya infraestructura aún aguarda ser reconstruida- se manifiesta en múltiples formas, siendo la más ostensible la necesidad de disponer de una alimentación regular y equilibrada, pues es en la pubertad en la que finaliza el desarrollo físico y, por tanto, es la última gran oportunidad de efectivizar una alimentación básica que contribuya de manera decidida a preservar sus oportunidades en el camino hacia una sociedad igualitaria"
Consignan los autores del proyecto que la Escuela cuenta sólo con copa de leche, “pero las duras condiciones de vida que abruman a los alumnos, sumadas a la prolongación horaria a que están sometidos - máxime aquellos que tienen extensos traslados desde localidades vecinas- tornan a este servicio indispensable, al menos hasta tanto se logre la restauración de la mesa familiar compartida y la creación de fuentes de trabajo, en el marco de una sociedad integrada”.
“En el convencimiento compartido de que las falencias nutricionales obstaculizan la asistencia a clases, disminuyen su rendimiento, afectan su aprendizaje y bastardea la dignidad individual y de la sociedad en su conjunto -señalan-, es que se solicita se dé cabal cumplimiento a los objetivos de la Dirección de Políticas Alimentarias y Educación para la Salud de la Provincia de Buenos Aires, que detenta la responsabilidad de planificar, coordinar, promover y ejecutar acciones dirigidas a mejorar y promocionar la salud y el estado nutricional de la población escolar bonaerense, y se disponga la inmediata provisión del servicio alimentario a la Escuela de Educación Técnica Nº 13”.-
En los fundamentos de su iniciativa, los legisladores de la Coalición Cívica explican que el citado establecimiento educativo, enclavado en el Barrio Nicole de Virrey del Pino, González Catán, partido de La Matanza, es “un baluarte invalorable en la construcción de una sociedad integrada, educada y democrática”, toda vez que “allí, su comunidad educativa trabaja de manera persistente y comprometida con la búsqueda de un proyecto de vida digno para sus niños y jóvenes, pese a los cotidianos embates de una pobreza que busca someterlos, en una de las zonas más desfavorables del partido más populoso del Conurbano”.
Señalan López Villa y Malagamba que “la vulnerabilidad de los niños y adolescentes que asisten a ese centro de enseñanza -cuya infraestructura aún aguarda ser reconstruida- se manifiesta en múltiples formas, siendo la más ostensible la necesidad de disponer de una alimentación regular y equilibrada, pues es en la pubertad en la que finaliza el desarrollo físico y, por tanto, es la última gran oportunidad de efectivizar una alimentación básica que contribuya de manera decidida a preservar sus oportunidades en el camino hacia una sociedad igualitaria"
Consignan los autores del proyecto que la Escuela cuenta sólo con copa de leche, “pero las duras condiciones de vida que abruman a los alumnos, sumadas a la prolongación horaria a que están sometidos - máxime aquellos que tienen extensos traslados desde localidades vecinas- tornan a este servicio indispensable, al menos hasta tanto se logre la restauración de la mesa familiar compartida y la creación de fuentes de trabajo, en el marco de una sociedad integrada”.
“En el convencimiento compartido de que las falencias nutricionales obstaculizan la asistencia a clases, disminuyen su rendimiento, afectan su aprendizaje y bastardea la dignidad individual y de la sociedad en su conjunto -señalan-, es que se solicita se dé cabal cumplimiento a los objetivos de la Dirección de Políticas Alimentarias y Educación para la Salud de la Provincia de Buenos Aires, que detenta la responsabilidad de planificar, coordinar, promover y ejecutar acciones dirigidas a mejorar y promocionar la salud y el estado nutricional de la población escolar bonaerense, y se disponga la inmediata provisión del servicio alimentario a la Escuela de Educación Técnica Nº 13”.-
domingo, 19 de abril de 2009
SENADORES DE CC PIDEN QUE SE DECLARE EL ALERTA EPIDEMIOLOGICO POR DENGUE
(17/4/2009) Los senadores de la Coalición Cívica, Fernando López Villa, Javier Mor Roig y Luis Malagamba, presentaron hoy un proyecto de ley para que se declare el alerta epidemiológico en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Además, la norma incluye la creación de un comité provincial del manejo del dengue, cuya función será coordinar acciones en la comunidad a través de la educación, información y la acción directa sobre la materia.
En ese sentido, el presidente de la bancada, Javier Mor Roig, expresó: “Es necesario impulsar esta medida ya que en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud reconoce que son 52 los casos confirmados, cinco de los cuales fueron contagiados en la zona, por mosquitos Aedes aegypty infectados: lo que los sanitaristas llaman dengue autóctono”.
Los senadores agregaron que “debido a esta presencia de dengue autóctono en la Provincia de Buenos Aires y considerando que algunas de las causas para la expansión del dengue están vinculadas con situaciones sanitarias precarias, se debe hacer eje en las acciones de prevención como políticas públicas sostenidas aún cuando la enfermedad pase a un nivel de latencia estacional”.
Por último, señalaron que frente a esta situación “queda claro que se falló en la fase de prevención y el dengue está entre nosotros. La actitud de indiferencia de quienes deben tomar medidas e instrumentar políticas de prevención, incluso secundarias y terciarias, para paliar esta situación angustiante”.
En los fundamentos del proyecto de ley constan algunas de las causas por las que se llegó a este escenario: la baja prioridad asignada al dengue como problema de salud por parte de las autoridades sanitarias; no destinar los fondos suficientes para las campañas de difusión de la información a la comunidad y las acciones preventivas tales como capacitación de efectores locales de salud; trabajos de reducción de fuentes de infestación; compra de equipamiento necesario para encarar fumigaciones masivas y uso de insecticidas ineficaces o vencidos.
¿Qué es el dengue?
El dengue es una enfermedad de tipo viral trasmitida por un virus que tiene cuatro serotipos, todas pueden causar dengue hemorrágico grave y mortal en muchos casos. Hoy, el dengue dejó de ser un peligro en potencia en nuestra provincia para convertirse en una amenaza sanitaria de primer orden.
El Ministerio de Salud de la Nación informó el número de personas contagiadas hasta la fecha, con un total de 13.408 casos autóctonos confirmados en todo el país y 769 importados. Asimismo, detallan tres casos de dengue hemorrágico en Salta, dos fallecimientos por shock por dengue (en Catamarca y Chaco) y otros dos por dengue hemorrágico (en Salta).
En ese sentido, el presidente de la bancada, Javier Mor Roig, expresó: “Es necesario impulsar esta medida ya que en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud reconoce que son 52 los casos confirmados, cinco de los cuales fueron contagiados en la zona, por mosquitos Aedes aegypty infectados: lo que los sanitaristas llaman dengue autóctono”.
Los senadores agregaron que “debido a esta presencia de dengue autóctono en la Provincia de Buenos Aires y considerando que algunas de las causas para la expansión del dengue están vinculadas con situaciones sanitarias precarias, se debe hacer eje en las acciones de prevención como políticas públicas sostenidas aún cuando la enfermedad pase a un nivel de latencia estacional”.
Por último, señalaron que frente a esta situación “queda claro que se falló en la fase de prevención y el dengue está entre nosotros. La actitud de indiferencia de quienes deben tomar medidas e instrumentar políticas de prevención, incluso secundarias y terciarias, para paliar esta situación angustiante”.
En los fundamentos del proyecto de ley constan algunas de las causas por las que se llegó a este escenario: la baja prioridad asignada al dengue como problema de salud por parte de las autoridades sanitarias; no destinar los fondos suficientes para las campañas de difusión de la información a la comunidad y las acciones preventivas tales como capacitación de efectores locales de salud; trabajos de reducción de fuentes de infestación; compra de equipamiento necesario para encarar fumigaciones masivas y uso de insecticidas ineficaces o vencidos.
¿Qué es el dengue?
El dengue es una enfermedad de tipo viral trasmitida por un virus que tiene cuatro serotipos, todas pueden causar dengue hemorrágico grave y mortal en muchos casos. Hoy, el dengue dejó de ser un peligro en potencia en nuestra provincia para convertirse en una amenaza sanitaria de primer orden.
El Ministerio de Salud de la Nación informó el número de personas contagiadas hasta la fecha, con un total de 13.408 casos autóctonos confirmados en todo el país y 769 importados. Asimismo, detallan tres casos de dengue hemorrágico en Salta, dos fallecimientos por shock por dengue (en Catamarca y Chaco) y otros dos por dengue hemorrágico (en Salta).
DENGUE: LA CC QUIERE SABER SI EXISTE UN PLAN PREVENTIVO PROVINCIAL
(17/4/2009) Preocupados por la epidemia de dengue en el país, los senadores de la Coalición Cívica, Javier Mor Roig y Fernando López Villa, solicitaron al Ejecutivo provincial información sobre cuáles son las medidas adoptadas al respecto, concretamente cuál es el plan preventivo impulsado en territorio bonaerense.
Los senadores anunciaron que presentaron un pedido de informes en el Senado y recordaron que el ministro de Salud, Claudio Zin, admitió que en Buenos Aires hay 46 casos confirmados, 137 sospechosos y 71 casos descartados, que tuvieron fiebre pero no fue dengue. “Ante este grave panorama torna necesario conocer de los responsables directos en nuestra provincia y los aspectos que tienen que ver con la marcha del plan de prevención, la utilización de los recursos destinados para tal fin, pues creemos que al Estado le cabe un rol fundamental a la hora de atender estas situaciones”, planteó el titular del bloque.
“La provincia debe realizar una planificación seria y acorde a la necesidades que la realidad plantea. Además, debe plasmar respuestas racionales y posibles que nos permitan visualizar en forma concreta el esfuerzo de la sociedad, realizado a través de sus aportes tributarios”, agregó Mor Roig, quien integra las mesas nacional y provincial de conducción de la CC.
En tanto, López Villa expresó: “Hace pocos días desde el gobierno provincial se realizó una conferencia de prensa refiriéndose a las medidas a tomar y los casos existentes. Confiamos en que trascienda las presentaciones mediáticas y se concentren todas las energías en la resolución de una problemática que ya está instalada entre nosotros”.
Los senadores anunciaron que presentaron un pedido de informes en el Senado y recordaron que el ministro de Salud, Claudio Zin, admitió que en Buenos Aires hay 46 casos confirmados, 137 sospechosos y 71 casos descartados, que tuvieron fiebre pero no fue dengue. “Ante este grave panorama torna necesario conocer de los responsables directos en nuestra provincia y los aspectos que tienen que ver con la marcha del plan de prevención, la utilización de los recursos destinados para tal fin, pues creemos que al Estado le cabe un rol fundamental a la hora de atender estas situaciones”, planteó el titular del bloque.
“La provincia debe realizar una planificación seria y acorde a la necesidades que la realidad plantea. Además, debe plasmar respuestas racionales y posibles que nos permitan visualizar en forma concreta el esfuerzo de la sociedad, realizado a través de sus aportes tributarios”, agregó Mor Roig, quien integra las mesas nacional y provincial de conducción de la CC.
En tanto, López Villa expresó: “Hace pocos días desde el gobierno provincial se realizó una conferencia de prensa refiriéndose a las medidas a tomar y los casos existentes. Confiamos en que trascienda las presentaciones mediáticas y se concentren todas las energías en la resolución de una problemática que ya está instalada entre nosotros”.
miércoles, 15 de abril de 2009
PIDEN INFORMES AL EJECUTIVO BONAERENSE ANTE LA MUERTE DE UNA NIÑA EN LA PLATA POR PRESUNTOS PROBLEMAS NUTRICIONALES
La muerte de una niña de 8 años por presunta desnutrición, acaecido en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, dio lugar a la presentación de un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense de parte de los senadores de la Coalición Cívica Fernando López Villa y Andrés Antedoménico.
En ese orden preguntan cuál fue el diagnóstico emitido por los profesionales que atendieron a la niña Belén Anahí Leguizamón al arribar al referido nosocomio, y las conclusiones de los estudios médicos realizados tras su fallecimiento. También sostienen que dado que a priori se consideró que la causa del óbito habría sido desnutrición, y que los otros seis hijos de la familia de la niña no presentan manifestaciones de dicho padecimiento, surgió como causa probable que su estado se debiera a un cuadro de celiaquía, por lo que desean saber qué funcionario y dependencia provincial debió hacerse responsable de lo determinado por la ley 10.499 y su modificatoria 12.631, que asigna al Estado la responsabilidad de arbitrar los medios para proveer de alimentos adecuados a los celíacos carenciados.
Los legisladores de la Coalición Cívica demandan precisiones en torno del accionar de los médicos en la Unidad Sanitaria 14, de la capital provincial, a la cual habría recurrido en primera instancia la familia de Belén, y de la demora de un mes en concedérsele un turno para ser atendida en el Hospital de Niños, inexplicable dada la gravedad del cuadro.
Deslinde de responsabilidades:
En los fundamentos de su presentación afirman López Villa y Antedoménico que la pequeña Belén, fallecida por un cuadro perfectamente evitable, vivía en el barrio denominado La Favela, cuyos habitantes afrontan condiciones insostenibles al carecer de servicios tales como agua potable o desagües cloacales, de los cuales dependen, en gran medida, los riesgos a que someten su salud y su vida.
Dada la sospecha de los médicos de que la niña sufría de inconvenientes en la asimilación de los alimentos, llegando a mencionar específicamente a la celiaquía, “urge determinar las responsabilidades que desencadenaron el trágico episodio a partir de la legislación específica en vigor que establece con irrefutable claridad el rol que le cabe al Estado en la preservación de la vida y la salud de los bonaerenses, de modo de garantizar -sobre todo- que lo sucedido no vuelva a acontecer, y establecer a la vez con absoluta certeza tanto el rol desempeñado por los médicos y funcionarios intervinientes como los mecanismos que deben arbitrarse para la detección y reversión de todo tipo de déficits nutricionales”.-
En ese orden preguntan cuál fue el diagnóstico emitido por los profesionales que atendieron a la niña Belén Anahí Leguizamón al arribar al referido nosocomio, y las conclusiones de los estudios médicos realizados tras su fallecimiento. También sostienen que dado que a priori se consideró que la causa del óbito habría sido desnutrición, y que los otros seis hijos de la familia de la niña no presentan manifestaciones de dicho padecimiento, surgió como causa probable que su estado se debiera a un cuadro de celiaquía, por lo que desean saber qué funcionario y dependencia provincial debió hacerse responsable de lo determinado por la ley 10.499 y su modificatoria 12.631, que asigna al Estado la responsabilidad de arbitrar los medios para proveer de alimentos adecuados a los celíacos carenciados.
Los legisladores de la Coalición Cívica demandan precisiones en torno del accionar de los médicos en la Unidad Sanitaria 14, de la capital provincial, a la cual habría recurrido en primera instancia la familia de Belén, y de la demora de un mes en concedérsele un turno para ser atendida en el Hospital de Niños, inexplicable dada la gravedad del cuadro.
Deslinde de responsabilidades:
En los fundamentos de su presentación afirman López Villa y Antedoménico que la pequeña Belén, fallecida por un cuadro perfectamente evitable, vivía en el barrio denominado La Favela, cuyos habitantes afrontan condiciones insostenibles al carecer de servicios tales como agua potable o desagües cloacales, de los cuales dependen, en gran medida, los riesgos a que someten su salud y su vida.
Dada la sospecha de los médicos de que la niña sufría de inconvenientes en la asimilación de los alimentos, llegando a mencionar específicamente a la celiaquía, “urge determinar las responsabilidades que desencadenaron el trágico episodio a partir de la legislación específica en vigor que establece con irrefutable claridad el rol que le cabe al Estado en la preservación de la vida y la salud de los bonaerenses, de modo de garantizar -sobre todo- que lo sucedido no vuelva a acontecer, y establecer a la vez con absoluta certeza tanto el rol desempeñado por los médicos y funcionarios intervinientes como los mecanismos que deben arbitrarse para la detección y reversión de todo tipo de déficits nutricionales”.-
martes, 14 de abril de 2009
PIDEN INFORMES POR EL DERRUMBE DE PARTE DE LA ESTRUCTURA EDILICIA DEL HOSPITAL ROSSI DE LA PLATA
El derrumbe de parte de la estructura edilicia del Hospital Interzonal General de Agudos “Prof. Dr. Rodolfo Rossi” de La Plata, dio motivo a un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense por parte de los senadores provinciales de la Coalición Cívica Fernando López Villa y Luis Malagamba.
En su iniciativa preguntan los legisladores, entre otros puntos, “cuál ha sido la causa del derrumbe de un alero en el sexto piso y dos balcones situados en el cuarto y quinto piso del establecimiento” y “qué otros daños se registraron en ese episodio”. Dado que la Dirección Provincial de Hospitales, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud, tiene la responsabilidad de garantizar la infraestructura y gestión de los hospitales provinciales bonaerenses, preguntan también “cuál es su análisis respecto del rol desempeñado por los funcionarios responsables ante el hecho” y “qué medidas técnicas y administrativas está implementando esa área del Ministerio de Salud bonaerense para evitar su reiteración”. Al tiempo que desean saber “cuál ha sido el impacto del derrumbe en la operatividad de este centro asistencial”, aluden a “advertencias y reclamos que habría formulado a las autoridades del Ejecutivo bonaerense personal del Hospital respecto de la necesidad de controlar, reparar y mantener la infraestructura edilicia del mismo, los que fueron desatendidos”.
Negligencia oficial y riesgo de nuevos accidentes:
A la vez de requerir un informe completo y actualizado de las inspecciones y controles de la infraestructura realizados en los últimos cinco años en este nosocomio y en cada uno de los hospitales públicos provinciales, los senadores López Villa y Malagamba señalan que según el testimonio de Pedro Ferrara, director Ejecutivo del hospital, “el derrumbe dejó al descubierto la falta de una estructura de hierro adecuada en los balcones”, omisión que sumada a la inacción oficial en materia del adecuado mantenimiento edilicio de los centros asistenciales dependientes de la Provincia, alerta sobre la posibilidad de que se reitere este tipo de accidentes con consecuencias de insospechada gravedad.-
En su iniciativa preguntan los legisladores, entre otros puntos, “cuál ha sido la causa del derrumbe de un alero en el sexto piso y dos balcones situados en el cuarto y quinto piso del establecimiento” y “qué otros daños se registraron en ese episodio”. Dado que la Dirección Provincial de Hospitales, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud, tiene la responsabilidad de garantizar la infraestructura y gestión de los hospitales provinciales bonaerenses, preguntan también “cuál es su análisis respecto del rol desempeñado por los funcionarios responsables ante el hecho” y “qué medidas técnicas y administrativas está implementando esa área del Ministerio de Salud bonaerense para evitar su reiteración”. Al tiempo que desean saber “cuál ha sido el impacto del derrumbe en la operatividad de este centro asistencial”, aluden a “advertencias y reclamos que habría formulado a las autoridades del Ejecutivo bonaerense personal del Hospital respecto de la necesidad de controlar, reparar y mantener la infraestructura edilicia del mismo, los que fueron desatendidos”.
Negligencia oficial y riesgo de nuevos accidentes:
A la vez de requerir un informe completo y actualizado de las inspecciones y controles de la infraestructura realizados en los últimos cinco años en este nosocomio y en cada uno de los hospitales públicos provinciales, los senadores López Villa y Malagamba señalan que según el testimonio de Pedro Ferrara, director Ejecutivo del hospital, “el derrumbe dejó al descubierto la falta de una estructura de hierro adecuada en los balcones”, omisión que sumada a la inacción oficial en materia del adecuado mantenimiento edilicio de los centros asistenciales dependientes de la Provincia, alerta sobre la posibilidad de que se reitere este tipo de accidentes con consecuencias de insospechada gravedad.-
viernes, 3 de abril de 2009
SUSPENSION DE LA ASISTENCIA A OXIGENO-DEPENDIENTES MOVILIZA A SENADORES LOPEZ VILLA Y MALAGAMBA
Más de mil oxígeno-dependientes sin auxilio por deuda de la Provincia con prestadores de servicios:
“urgimos al Gobernador Scioli a que normalice el servicio de manera inmediata, lleve tranquilidad a los numerosos hogares de pacientes y trabajadores del rubro que se ven afectados por esta crisis y disponga los cambios en los procesos administrativos y decisorios del Ministerio de Salud, necesarios para evitar la reiteración de estos lamentables hechos”.
Los Senadores bonaerenses de la Coalición Cívica Fernando López Villa -miembro de la comisión de Salud Pública- y Luís Malagamba, denunciaron la discontinuidad asistencial del Ministerio de Salud provincial a pacientes dependientes de oxígeno por la onerosa deuda que la cartera mantiene con los proveedores del servicio: En consecuencia, dichos Senadores, canalizaron su preocupación requiriendo una respuesta urgente, por esta anomalía, a través de un pedido de informes.
Afirman los senadores que “la postergación desde hace más de tres años de los pagos adeudados” por parte del Ministerio de Salud, provoca que “mil doscientos pacientes, en su mayoría de bajos recursos, se hallen expuestos a la suspensión del servicio, pues las empresas encargadas – pymes en su mayoría- ya no pueden continuar con el mantenimiento de los equipos” de oxígeno. La deuda “según la Federación de Mayoristas y proveedores del Estado (FEMAPE) fue presentada en el marco del Decreto que promulgó la emergencia administrativa”.
Afirman los senadores que “la postergación desde hace más de tres años de los pagos adeudados” por parte del Ministerio de Salud, provoca que “mil doscientos pacientes, en su mayoría de bajos recursos, se hallen expuestos a la suspensión del servicio, pues las empresas encargadas – pymes en su mayoría- ya no pueden continuar con el mantenimiento de los equipos” de oxígeno. La deuda “según la Federación de Mayoristas y proveedores del Estado (FEMAPE) fue presentada en el marco del Decreto que promulgó la emergencia administrativa”.
SISTEMA PARA OPTIMIZAR, MEJORAR Y AGILIZAR SEGUN MINISTRO ZIN
“En qué consiste el nuevo sistema para optimizar, mejorar y agilizar la forma en la que se liquidan los pagos a proveedores anunciado por el titular de la cartera”, expresa uno de los interrogantes de los legisladores de la cámara alta, ya que “las razones aducidas por el Dr. Zin, hacen referencia a la necesidad de auditar expediente por expediente antes de liberar los pagos, sin advertir que “la auditoría de expedientes es un procedimiento habitual del cual difícilmente pueda depender una demora de años. En segundo término, resulta ineludible preguntarse cuál fue, entonces, el sentido de la declaración de emergencia administrativa de la cartera sanitaria provincial, si no se revisó y ordenó lo actuado por la anterior administración, hasta el punto en que hoy, tales medidas, generan una paralización de un servicio vital” “que no puede supeditarse a tiempos burocráticos”.
Tras estas aseveraciones López Villa y Malagamba declaran: “urgimos al Gobernador Scioli a que normalice el servicio de manera inmediata, lleve tranquilidad a los numerosos hogares de pacientes y trabajadores del rubro que se ven afectados por esta crisis y disponga los cambios en los procesos administrativos y decisorios del Ministerio de Salud, necesarios para evitar la reiteración de estos lamentables hechos”. Por último, sentencian “tal perjuicio a la salud y a la estabilidad emocional de los pacientes, y la sociedad que sigue sin entender cómo puede permitirse que las cosas lleguen a este punto, reclama una respuesta clara y urgente”.
Tras estas aseveraciones López Villa y Malagamba declaran: “urgimos al Gobernador Scioli a que normalice el servicio de manera inmediata, lleve tranquilidad a los numerosos hogares de pacientes y trabajadores del rubro que se ven afectados por esta crisis y disponga los cambios en los procesos administrativos y decisorios del Ministerio de Salud, necesarios para evitar la reiteración de estos lamentables hechos”. Por último, sentencian “tal perjuicio a la salud y a la estabilidad emocional de los pacientes, y la sociedad que sigue sin entender cómo puede permitirse que las cosas lleguen a este punto, reclama una respuesta clara y urgente”.
viernes, 27 de marzo de 2009
PIDEN QUE SE REGULARICE EL FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACION DEL MAL DE CHAGAS
Iniciativa de senadores de la Coalición Cívica
A través de una iniciativa promovida por el senador provincial Fernando López Villa (CC), suscripta también por sus pares de bancada Javier Mor Roig y Luis Malagamba, se solicita la intervención del Poder Ejecutivo bonaerense para que interceda ante el Gobierno Nacional en aras de la regularización del financiamiento acordado con los equipos estatales de investigación del Hospital “Presidente Perón” de Avellaneda, y del Instituto Fatala Chabén de Capital Federal, especializados en la enfermedad de Chagas.
En los fundamentos de su proyecto de declaración, sostienen los legisladores de la Coalición Cívica que a través del mismo se procura brindar apoyo al esfuerzo y la calidad profesional de los miembros de los referidos institutos públicos de salud que realizan ensayos clínicos con células madre destinados al tratamiento de pacientes chagásicos, “los que no logran disponer de la financiación de dos millones de pesos que le fuera otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional en 2005”.
Al respecto, el doctor Jorge Trainini, director del Hospital “Presidente Perón” de Avellaneda, y uno de los pioneros en implantes cardíacos de células madre en la Argentina, sostuvo recientemente que “cumplimos con todos los requisitos formales pero la plata no llegó nunca, y ahora anunciaron que les van a dar dos millones de dólares a entes privados para investigar en animales, cuando nosotros las aplicamos en seres humanos desde hace más de cinco años con resultados exitosos”.
Tras explicar que desde el Gobierno Nacional “se admitieron las demoras en el giro de las partidas, las que atribuyeron a “instancias burocráticas propias de este tipo de protocolos”, subrayan López Villa, Mor Roig y Malagamba que “sin ánimo de generar postergaciones en las nuevas líneas de investigación en las que puedan intervenir laboratorios y empresas privadas, lo que el Estado debe promover es la investigación, la creación de equipos de trabajo que puedan progresar en un marco de previsibilidad y la puesta de esos aportes al servicio de la elevación de la calidad de vida, en primer lugar, de los más vulnerables”.-
A través de una iniciativa promovida por el senador provincial Fernando López Villa (CC), suscripta también por sus pares de bancada Javier Mor Roig y Luis Malagamba, se solicita la intervención del Poder Ejecutivo bonaerense para que interceda ante el Gobierno Nacional en aras de la regularización del financiamiento acordado con los equipos estatales de investigación del Hospital “Presidente Perón” de Avellaneda, y del Instituto Fatala Chabén de Capital Federal, especializados en la enfermedad de Chagas.
En los fundamentos de su proyecto de declaración, sostienen los legisladores de la Coalición Cívica que a través del mismo se procura brindar apoyo al esfuerzo y la calidad profesional de los miembros de los referidos institutos públicos de salud que realizan ensayos clínicos con células madre destinados al tratamiento de pacientes chagásicos, “los que no logran disponer de la financiación de dos millones de pesos que le fuera otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional en 2005”.
Al respecto, el doctor Jorge Trainini, director del Hospital “Presidente Perón” de Avellaneda, y uno de los pioneros en implantes cardíacos de células madre en la Argentina, sostuvo recientemente que “cumplimos con todos los requisitos formales pero la plata no llegó nunca, y ahora anunciaron que les van a dar dos millones de dólares a entes privados para investigar en animales, cuando nosotros las aplicamos en seres humanos desde hace más de cinco años con resultados exitosos”.
Tras explicar que desde el Gobierno Nacional “se admitieron las demoras en el giro de las partidas, las que atribuyeron a “instancias burocráticas propias de este tipo de protocolos”, subrayan López Villa, Mor Roig y Malagamba que “sin ánimo de generar postergaciones en las nuevas líneas de investigación en las que puedan intervenir laboratorios y empresas privadas, lo que el Estado debe promover es la investigación, la creación de equipos de trabajo que puedan progresar en un marco de previsibilidad y la puesta de esos aportes al servicio de la elevación de la calidad de vida, en primer lugar, de los más vulnerables”.-
DENUNCIA EL SENADOR LOPEZ VILLA LA IMPOSIBILIDAD DE COMENZAR EL CICLO LECTIVO EN ESCUELA ESPECIAL
Indignación por escuela especial relegada por las autoridades del gobierno
El senador bonaerense de la Coalición Cívica (ARI), Fernando López Villa, denunció la imposibilidad de la Escuela Nº 504 -de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora- de comenzar el ciclo lectivo por no contar con un espacio físico, mediante un pedido de informes en el que interroga al Poder Ejecutivo del gobierno de Scioli por dicha irregularidad y que firma con sus pares Javier Mor Roig y Luís Malagamba.
Luego de sucesivos reclamos efectuados por las autoridades de la escuela -especializada en niños con dificultades para el aprendizaje, en particular con retardo mental- y de las familias de los más de cien alumnos allí matriculados “La ubicación actual no tiene ni la capacidad ni la infraestructura requerida, además que las instalaciones existentes se hallan en un estado precario con los riesgos que ello implica”, manifestó el legislador. En consecuencia, “los mandos de la escuela requirieron el cambio de ámbito físico hace dos años y, luego de promesas fallidas de distinta naturaleza por parte de las autoridades municipales, “aún no se tiene una solución concreta al tema.”
Entre otras cuestiones, el Senador López Villa interpela acerca de “Cuál es la causa por la que no se efectuó el contrato de alquiler del edificio para empezar el dictado de clases hasta que el inmueble definitivo donde funcione el colegio sea construido”, inquiriendo “quines son los responsables del atraso en dar solución a estos problemas” y “si se tiene en cuenta que se necesita un establecimiento más grande que el anterior debido al aumento en la demanda de matrícula”: Considerando que “la escuela tiene una lista de espera de más de cien alumnos, la capacidad está desbordada debido al poco espacio disponible por lo que el aumento de matriculación se torna inaccesible con las obvias consecuencias de incertidumbre y desplazamientos que caen sobre niños que ya suficientes desafíos deben afrontar en forma cotidiana”.
Por último aseveró el legislador de Carrió que “muchísimos chicos dependen de estas escuelas, no solo desde el punto de vista de la educación formal, sino también en la integración y en lo psicológico. Por ello es fundamental darle a esta situación la atención debida y modificar aquellos procesos administrativos o decisionales cuya ineficiencia termina conspirando contra la razón de ser de la cartera a cargo”.-
El senador bonaerense de la Coalición Cívica (ARI), Fernando López Villa, denunció la imposibilidad de la Escuela Nº 504 -de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora- de comenzar el ciclo lectivo por no contar con un espacio físico, mediante un pedido de informes en el que interroga al Poder Ejecutivo del gobierno de Scioli por dicha irregularidad y que firma con sus pares Javier Mor Roig y Luís Malagamba.
Luego de sucesivos reclamos efectuados por las autoridades de la escuela -especializada en niños con dificultades para el aprendizaje, en particular con retardo mental- y de las familias de los más de cien alumnos allí matriculados “La ubicación actual no tiene ni la capacidad ni la infraestructura requerida, además que las instalaciones existentes se hallan en un estado precario con los riesgos que ello implica”, manifestó el legislador. En consecuencia, “los mandos de la escuela requirieron el cambio de ámbito físico hace dos años y, luego de promesas fallidas de distinta naturaleza por parte de las autoridades municipales, “aún no se tiene una solución concreta al tema.”
Entre otras cuestiones, el Senador López Villa interpela acerca de “Cuál es la causa por la que no se efectuó el contrato de alquiler del edificio para empezar el dictado de clases hasta que el inmueble definitivo donde funcione el colegio sea construido”, inquiriendo “quines son los responsables del atraso en dar solución a estos problemas” y “si se tiene en cuenta que se necesita un establecimiento más grande que el anterior debido al aumento en la demanda de matrícula”: Considerando que “la escuela tiene una lista de espera de más de cien alumnos, la capacidad está desbordada debido al poco espacio disponible por lo que el aumento de matriculación se torna inaccesible con las obvias consecuencias de incertidumbre y desplazamientos que caen sobre niños que ya suficientes desafíos deben afrontar en forma cotidiana”.
Por último aseveró el legislador de Carrió que “muchísimos chicos dependen de estas escuelas, no solo desde el punto de vista de la educación formal, sino también en la integración y en lo psicológico. Por ello es fundamental darle a esta situación la atención debida y modificar aquellos procesos administrativos o decisionales cuya ineficiencia termina conspirando contra la razón de ser de la cartera a cargo”.-
martes, 17 de marzo de 2009
PIDEN QUE SE DECLARE DE INTERES PROVINCIAL LA "MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA"
Iniciativa de senadores bonaerenses de la Coalición Cívica
A través de un proyecto de ley ingresado en las últimas horas en la Legislatura, los senadores bonaerenses de la Coalición Cívica Fernando López Villa, Javier Mor Roig y Luis Malagamba proponen que se declare de Interés Provincial la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, impulsada por la organización internacional “Mundo sin guerras”, que se iniciará en Nueva Zelanda el 2 de octubre próximo, y finalizará en nuestro país el 2 de enero de 2010.
Explican los legisladores en su iniciativa que “Mundo sin guerras” trabaja desde hace 15 años en la promoción del pacifismo y la no violencia, y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones y personalidades sociales, culturales, educativas, gubernamentales y deportivas, tales como el Dalai Lama, Michelle Bachelet, Eduardo Galeano, Adolfo Pérez Esquivel, Amnesty Internacional, Abuelas de Plaza de Mayo, AMIA, Cruz Roja, Médicos del Mundo, y otros. La Marcha de referencia, en tanto, comenzará el 2 de octubre venidero- aniversario del nacimiento de Mohandas Gandhi y declarado por las Naciones Unidas “Día Internacional de la No Violencia”- y finalizará en la cordillera de los Andes (Punta de Vacas, Aconcagua, Argentina) el 2 de enero de 2010.
Sostienen López Villa, Mor Roig y Malagamba que los objetivos de dicha manifestación global son “la desaparición de las armas nucleares; la reducción progresiva y proporcional de armamento, la firma de tratados de no agresión entre naciones, y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos”, entre otros. “El esfuerzo -subrayan- se orienta a proporcionar canales de expresión y acción a quienes soportan otras múltiples formas de violencia económica, racial, sexual, religiosa, etc., que son sufridas y percibidas de manera más directa pero resultan silenciadas o banalizadas por quienes las provocan y por su penetración en las distintas culturas”.-
A través de un proyecto de ley ingresado en las últimas horas en la Legislatura, los senadores bonaerenses de la Coalición Cívica Fernando López Villa, Javier Mor Roig y Luis Malagamba proponen que se declare de Interés Provincial la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, impulsada por la organización internacional “Mundo sin guerras”, que se iniciará en Nueva Zelanda el 2 de octubre próximo, y finalizará en nuestro país el 2 de enero de 2010.
Explican los legisladores en su iniciativa que “Mundo sin guerras” trabaja desde hace 15 años en la promoción del pacifismo y la no violencia, y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones y personalidades sociales, culturales, educativas, gubernamentales y deportivas, tales como el Dalai Lama, Michelle Bachelet, Eduardo Galeano, Adolfo Pérez Esquivel, Amnesty Internacional, Abuelas de Plaza de Mayo, AMIA, Cruz Roja, Médicos del Mundo, y otros. La Marcha de referencia, en tanto, comenzará el 2 de octubre venidero- aniversario del nacimiento de Mohandas Gandhi y declarado por las Naciones Unidas “Día Internacional de la No Violencia”- y finalizará en la cordillera de los Andes (Punta de Vacas, Aconcagua, Argentina) el 2 de enero de 2010.
Sostienen López Villa, Mor Roig y Malagamba que los objetivos de dicha manifestación global son “la desaparición de las armas nucleares; la reducción progresiva y proporcional de armamento, la firma de tratados de no agresión entre naciones, y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos”, entre otros. “El esfuerzo -subrayan- se orienta a proporcionar canales de expresión y acción a quienes soportan otras múltiples formas de violencia económica, racial, sexual, religiosa, etc., que son sufridas y percibidas de manera más directa pero resultan silenciadas o banalizadas por quienes las provocan y por su penetración en las distintas culturas”.-
PREOCUPA AL SENADOR LOPEZ VILLA LA FALTA DE SUERO ANTITETANICO
Carencia de vital medicamento en la Provincia
El senador bonaerense Fernando López Villa (CC), miembro de la comisión de Salud de la Cámara Alta provincial, advirtió sobre el déficit de gammaglobulina antitetánica en todas las regiones sanitarias, hospitales y centros de salud provinciales, no obstante lo cual requirió al Poder Ejecutivo provincial que informe a través del Ministerio de Salud, en forma urgente, si estaría cubierta la provisión de este vital medicamento suficientemente según la demanda habitual.
El proyecto, que acompañan sus pares de bancada Javier Mor Roig y Luís Malagamba, ilustra que dicho suero antitetánico “es un tipo de suero con anticuerpos que se prescribe a pacientes con riesgo de contraer tétanos, enfermedad de origen bacteriano con un proceso neurológico con frecuencia mortal- que no cuenten con un estado de inmunización previo. La inmunización cada diez años, mediante vacuna, protege contra este agente -señala-, y de allí, la trascendencia que una campaña de difusión tendría sobre la salud de la población, particularmente ante casos de dificultades para su provisión. La realidad, sin embargo, habla de sectores significativos de la población que no llevan el calendario de vacunación y sus refuerzos al día -añade el legislador-, por lo que las posibilidades de necesitar recurrir al suero antitetánico aumentan de manera sostenida y tener asegurada su provisión se torna indispensable”.
Consecuente con estas aseveraciones, el Dr. López Villa pregunta al Ministerio “si dispuso alguna campaña de vacunación masiva, en consonancia con la Ley 10.393 y su modificatoria, alertando a la población a los fines de educar sus hábitos e inducirla a completar el esquema de vacunación contra el tétanos. Además- agrega- ello se traduciría en un considerable descenso del uso del suero antitetánico, menor ausentismo laboral, y menores visitas innecesarias a hospitales y unidades sanitarias con la reducción en costos económicos que esto implica”.
En tanto, solicita a la cartera de Salud que informe “cuáles son las causas que originan tal situación” y “si ha establecido un plan de contingencia a los fines de regularizar su provisión y mitigar las posibles consecuencias de la anomalía citada”.
Por último, sentencia el senador: “Cuando alertado de un riesgo potencial prevenible, los poderes públicos del Estado dejan de actuar en consecuencia por los métodos conocidos o establecidos, la omisión es deliberada y negligente, recayendo en ellos las derivaciones del caso. La promoción de la salud debe ser una prioridad del Estado y no una alternativa”.
El senador bonaerense Fernando López Villa (CC), miembro de la comisión de Salud de la Cámara Alta provincial, advirtió sobre el déficit de gammaglobulina antitetánica en todas las regiones sanitarias, hospitales y centros de salud provinciales, no obstante lo cual requirió al Poder Ejecutivo provincial que informe a través del Ministerio de Salud, en forma urgente, si estaría cubierta la provisión de este vital medicamento suficientemente según la demanda habitual.
El proyecto, que acompañan sus pares de bancada Javier Mor Roig y Luís Malagamba, ilustra que dicho suero antitetánico “es un tipo de suero con anticuerpos que se prescribe a pacientes con riesgo de contraer tétanos, enfermedad de origen bacteriano con un proceso neurológico con frecuencia mortal- que no cuenten con un estado de inmunización previo. La inmunización cada diez años, mediante vacuna, protege contra este agente -señala-, y de allí, la trascendencia que una campaña de difusión tendría sobre la salud de la población, particularmente ante casos de dificultades para su provisión. La realidad, sin embargo, habla de sectores significativos de la población que no llevan el calendario de vacunación y sus refuerzos al día -añade el legislador-, por lo que las posibilidades de necesitar recurrir al suero antitetánico aumentan de manera sostenida y tener asegurada su provisión se torna indispensable”.
Consecuente con estas aseveraciones, el Dr. López Villa pregunta al Ministerio “si dispuso alguna campaña de vacunación masiva, en consonancia con la Ley 10.393 y su modificatoria, alertando a la población a los fines de educar sus hábitos e inducirla a completar el esquema de vacunación contra el tétanos. Además- agrega- ello se traduciría en un considerable descenso del uso del suero antitetánico, menor ausentismo laboral, y menores visitas innecesarias a hospitales y unidades sanitarias con la reducción en costos económicos que esto implica”.
En tanto, solicita a la cartera de Salud que informe “cuáles son las causas que originan tal situación” y “si ha establecido un plan de contingencia a los fines de regularizar su provisión y mitigar las posibles consecuencias de la anomalía citada”.
Por último, sentencia el senador: “Cuando alertado de un riesgo potencial prevenible, los poderes públicos del Estado dejan de actuar en consecuencia por los métodos conocidos o establecidos, la omisión es deliberada y negligente, recayendo en ellos las derivaciones del caso. La promoción de la salud debe ser una prioridad del Estado y no una alternativa”.
SCIOLI AHORA CASTIGA A LOS BONAERENSES CON UN TARIFAZO
Conceptos del senador Fernando López Villa (CC)
El senador provincial Fernando López Villa (CC) definió como “otra clara muestra de la insensibilidad social del Gobernador” el último incremento en la tarifa de provisión de agua corriente dispuesto por Aguas Bonaerenses S.A., que se suma a las alzas que se verifican en las facturaciones de los servicios de energía eléctrica y gas natural, autorizadas todas ellas por Daniel Scioli.
En tal sentido, precisó el legislador que este “abusivo tarifazo configura un severo golpe al bolsillo de los bonaerenses, en momentos en que los crecientes niveles inflacionarios, el aumento progresivo de la desocupación; los efectos de la crisis internacional y la impericia del Gobierno Nacional en el manejo de la economía castiga con crudeza a la población, en especial a los sectores de menores recursos”.
Expresó López Villa que “al desmedido incremento registrado en los servicios de electricidad y gas, se suma ahora el ajuste superior al 200 por ciento en el de agua corriente autorizado por el gobernador Scioli a través del decreto 3144, publicado en el Boletín Oficial del 19 de enero último, que afecta a más de tres millones de usuarios de 80 localidades del territorio bonaerense”.
Impericia e insensibilidad social
“Una vez más -subrayó el senador de la Coalición Cívica- Scioli deja al descubierto que por encima de las necesidades y los intereses de la ciudadanía bonaerense se ubica, para él, la defensa a ultranza de los márgenes de ganancia de las empresa prestadoras de servicios, aún cuando por su impericia e insensibilidad social sigue sin dar respuesta a los acuciantes problemas de inseguridad y de pauperización de los sistemas sanitario y educativo, por ejemplo, y crecen el espiral inflacionario y el desempleo, a despecho de lo que intente hacernos creer la maquinaria propagandística del kirchnerismo”.-
El senador provincial Fernando López Villa (CC) definió como “otra clara muestra de la insensibilidad social del Gobernador” el último incremento en la tarifa de provisión de agua corriente dispuesto por Aguas Bonaerenses S.A., que se suma a las alzas que se verifican en las facturaciones de los servicios de energía eléctrica y gas natural, autorizadas todas ellas por Daniel Scioli.
En tal sentido, precisó el legislador que este “abusivo tarifazo configura un severo golpe al bolsillo de los bonaerenses, en momentos en que los crecientes niveles inflacionarios, el aumento progresivo de la desocupación; los efectos de la crisis internacional y la impericia del Gobierno Nacional en el manejo de la economía castiga con crudeza a la población, en especial a los sectores de menores recursos”.
Expresó López Villa que “al desmedido incremento registrado en los servicios de electricidad y gas, se suma ahora el ajuste superior al 200 por ciento en el de agua corriente autorizado por el gobernador Scioli a través del decreto 3144, publicado en el Boletín Oficial del 19 de enero último, que afecta a más de tres millones de usuarios de 80 localidades del territorio bonaerense”.
Impericia e insensibilidad social
“Una vez más -subrayó el senador de la Coalición Cívica- Scioli deja al descubierto que por encima de las necesidades y los intereses de la ciudadanía bonaerense se ubica, para él, la defensa a ultranza de los márgenes de ganancia de las empresa prestadoras de servicios, aún cuando por su impericia e insensibilidad social sigue sin dar respuesta a los acuciantes problemas de inseguridad y de pauperización de los sistemas sanitario y educativo, por ejemplo, y crecen el espiral inflacionario y el desempleo, a despecho de lo que intente hacernos creer la maquinaria propagandística del kirchnerismo”.-
martes, 3 de marzo de 2009
“SCIOLI ENAJENO LA AUTONOMIA DE LA PROVINCIA EN FAVOR DE LOS INTERESES DE LOS KIRCHNER"
Declaraciones del Senador en ocasión del discurso del Gobernador de la Provincia, en la apertura de las sesiones ordinarias ante la asamblea legislativa.
El senador provincial Fernando López Villa (CC) criticó el mensaje que pronunció el gobernador Daniel Scioli ante la Asamblea Legislativa al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias, en torno del cual afirmó que a través de ese discurso “el mandatario dejó en claro que no es más que un delegado del Gobierno Nacional” y que “enajenó la autonomía de la provincia de Buenos Aires a favor de los intereses del matrimonio Kirchner”.
“Contrariamente a lo deseado -sostuvo el legislador de la Coalición Cívica- el mensaje del gobernador Scioli fue tan pobre en su contenido como plagado de frases voluntaristas. Hubiésemos deseado escuchar resultados concretos de gestión y proyectos serios y responsables para dar respuestas a los gravísimos problemas estructurales enquistados en la Provincia a lo largo de más de 21 años de gobiernos justicialistas que no sólo no han sido resueltos sino que se agravan día a día -dijo- como la inseguridad, la falta de políticas sanitarias, la degradación del sistema educativo y la pauperización de la calidad de vida de sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad”.
“Además -señaló el senador López Villa- fue un discurso propio de un delegado del Gobierno Nacional, revelador del alto grado de sumisión con que se maneja al frente de una Provincia cuyo autonomía enajenó en favor de los intereses del matrimonio Kirchner”.-
El senador provincial Fernando López Villa (CC) criticó el mensaje que pronunció el gobernador Daniel Scioli ante la Asamblea Legislativa al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias, en torno del cual afirmó que a través de ese discurso “el mandatario dejó en claro que no es más que un delegado del Gobierno Nacional” y que “enajenó la autonomía de la provincia de Buenos Aires a favor de los intereses del matrimonio Kirchner”.
“Contrariamente a lo deseado -sostuvo el legislador de la Coalición Cívica- el mensaje del gobernador Scioli fue tan pobre en su contenido como plagado de frases voluntaristas. Hubiésemos deseado escuchar resultados concretos de gestión y proyectos serios y responsables para dar respuestas a los gravísimos problemas estructurales enquistados en la Provincia a lo largo de más de 21 años de gobiernos justicialistas que no sólo no han sido resueltos sino que se agravan día a día -dijo- como la inseguridad, la falta de políticas sanitarias, la degradación del sistema educativo y la pauperización de la calidad de vida de sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad”.
“Además -señaló el senador López Villa- fue un discurso propio de un delegado del Gobierno Nacional, revelador del alto grado de sumisión con que se maneja al frente de una Provincia cuyo autonomía enajenó en favor de los intereses del matrimonio Kirchner”.-
jueves, 12 de febrero de 2009
Boleta unica: Una solucion inobjetable.
Las reticencias presentadas por parte del oficialismo ante la propuesta de boleta única se pueden resumir en que la suponen inaplicable por la extensión que debería tener al incluir todos los candidatos y, paradójicamente, en la falta de transparencia que implicaría que no todos los candidatos figuren en las mismas.
Resulta arduo creer en la posibilidad que ambos cuestionamientos provengan de una genuina preocupación por la salud de la República o de una inimputable ignorancia.
En primer lugar, el argumento de la supuesta impracticabilidad por el tamaño excesivo que tendría la papeleta enunciado por Aníbal Fernández queda desmentido con el simple hecho de ser practicada por casi toda América Latina (a excepción de Argentina y Uruguay) además de países altamente desarrollados como Estados Unidos. Queda a criterio del lector qué es peor: que un Ministro del Interior y Justicia de la Nación posea tal nivel de desconocimiento o que lo finja para manipular a la opinión pública.
Respecto de su recién emergida preocupación por garantizar el derecho de la ciudadanía a la información, podría haberla resuelto con sólo leer los proyectos presentados que establecen que las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes serán publicadas en afiches de exhibición obligatoria en los mismos centros de votación. Más aún, en el proyecto que aguarda tratamiento en el Senado bonaerense, la obligatoriedad exigida en el artículo 6 establece que “…La Junta Electoral dará a conocer de manera inmediata las listas completas oficializadas las cuales se difundirán a través de las páginas oficiales de Internet, la publicación en medios de comunicación, la exposición en lugar visible en oficinas públicas y en los cuartos oscuros durante el acto eleccionario.
Asimismo, hará público a través de las páginas oficiales de Internet, el modelo uniforme de datos personales de cada uno de los candidatos que las integren. El mismo deberá contener de manera fehaciente y completa: sus datos de filiación, último domicilio electoral, estudios realizados, trayectoria laboral, antecedentes penales, situación patrimonial, judicial e impositiva y los datos básicos del proceso eleccionario interno del cual emergió”. Esta obligación debe ser cumplida desde el primer candidato de la lista hasta el último suplente. Cabe mencionar, asimismo, que se ha buscado preservar también el derecho de los ciudadanos no videntes quienes contarán con una plantilla en Braille para ejercer su derecho a elegir sin interferencias.
Los argumentos hasta aquí esgrimidos por el oficialismo han evidenciado su oportunismo y falta de sustento. Lo impracticable se practica desde hace años por toda clase de países y las modificaciones propuestas no sólo no obstruyen el conocimiento de los candidatos sino que lo transparenta de manera ostensible, todo ello con un recorte del 97% del costo previo en boletas electorales.
El nudo de la cuestión que el gobierno se resiste a despejar se reduce a que la boleta única neutraliza las argucias delictivas más aplicadas durante la última elección: el robo de boletas y el voto cadena.
Urge elevar el nivel de discusión aún para disentir o perfeccionar la mencionada propuesta pues todo aquello que se relacione con el proceso fundacional de la democracia pesa de manera trascendente en la posibilidad de recuperación de nuestra vapuleada república.
Resulta arduo creer en la posibilidad que ambos cuestionamientos provengan de una genuina preocupación por la salud de la República o de una inimputable ignorancia.
En primer lugar, el argumento de la supuesta impracticabilidad por el tamaño excesivo que tendría la papeleta enunciado por Aníbal Fernández queda desmentido con el simple hecho de ser practicada por casi toda América Latina (a excepción de Argentina y Uruguay) además de países altamente desarrollados como Estados Unidos. Queda a criterio del lector qué es peor: que un Ministro del Interior y Justicia de la Nación posea tal nivel de desconocimiento o que lo finja para manipular a la opinión pública.
Respecto de su recién emergida preocupación por garantizar el derecho de la ciudadanía a la información, podría haberla resuelto con sólo leer los proyectos presentados que establecen que las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes serán publicadas en afiches de exhibición obligatoria en los mismos centros de votación. Más aún, en el proyecto que aguarda tratamiento en el Senado bonaerense, la obligatoriedad exigida en el artículo 6 establece que “…La Junta Electoral dará a conocer de manera inmediata las listas completas oficializadas las cuales se difundirán a través de las páginas oficiales de Internet, la publicación en medios de comunicación, la exposición en lugar visible en oficinas públicas y en los cuartos oscuros durante el acto eleccionario.
Asimismo, hará público a través de las páginas oficiales de Internet, el modelo uniforme de datos personales de cada uno de los candidatos que las integren. El mismo deberá contener de manera fehaciente y completa: sus datos de filiación, último domicilio electoral, estudios realizados, trayectoria laboral, antecedentes penales, situación patrimonial, judicial e impositiva y los datos básicos del proceso eleccionario interno del cual emergió”. Esta obligación debe ser cumplida desde el primer candidato de la lista hasta el último suplente. Cabe mencionar, asimismo, que se ha buscado preservar también el derecho de los ciudadanos no videntes quienes contarán con una plantilla en Braille para ejercer su derecho a elegir sin interferencias.
Los argumentos hasta aquí esgrimidos por el oficialismo han evidenciado su oportunismo y falta de sustento. Lo impracticable se practica desde hace años por toda clase de países y las modificaciones propuestas no sólo no obstruyen el conocimiento de los candidatos sino que lo transparenta de manera ostensible, todo ello con un recorte del 97% del costo previo en boletas electorales.
El nudo de la cuestión que el gobierno se resiste a despejar se reduce a que la boleta única neutraliza las argucias delictivas más aplicadas durante la última elección: el robo de boletas y el voto cadena.
Urge elevar el nivel de discusión aún para disentir o perfeccionar la mencionada propuesta pues todo aquello que se relacione con el proceso fundacional de la democracia pesa de manera trascendente en la posibilidad de recuperación de nuestra vapuleada república.
martes, 10 de febrero de 2009
El pasado turno electoral se caracterizó por evidenciar un largo listado de argucias fraudulentas que ensombreció la legitimidad del acto fundacional de la democracia y llegó a ser perceptible aún para el menos comprometido de los ciudadanos.
Sin embargo, tanto la exposición de lo sucedido como la presentación de alternativas concretas que ayuden a prevenir estos hechos suelen perderse en la nebulosa de reacciones resignadas o escépticas de quienes buscan así refugio de la recurrente frustración a los que los ha sometido nuestra historia política. Pero ambas actitudes no son sólo funcionales sino indispensables para evitar que se implementen medidas que puedan vencer estos manejos y den aliento a procesos superadores de tales bajezas.
La boleta única es uno de los caminos posibles. Consiste en una papeleta en la cual constan los nombres y fotos de quienes encabezan las listas por cada nivel electoral y al lado de cuya opción elegida se escribe una x. Esto garantiza poder elegir entre todos los candidatos, aún cuando los partidos carezcan de fiscales suficientes, tornando inútil el robo de boletas en los cuartos oscuros (que constituyó el 83% de las denuncias recibidas en 2007 por Poder Ciudadano) y evitando los efectos negativos de la sábana horizontal que se da cuando el sufragio queda reducido a apoyar o no a un candidato, que arrastra con él a quienes se postulan en otras categorías.
Asimismo, para preservar el conocimiento ciudadano de todos y cada uno de los integrantes de las listas, se incluyó la exigencia de presentación y difusión de un modelo uniforme de curriculum vitae que deberá cumplimentar desde el primer candidato hasta el último suplente a Consejero Escolar.
Dado que las boletas quedan en poder del Estado, éste imprimirá sólo un 5% más de la cantidad total de electores y las distribuirá directamente a las mesas de votación, el presidente de mesa en el anverso y los fiscales en el reverso firman la boleta y la entregan al votante quien ingresa al cuarto oscuro, inscribe su opción y deposita su voto. Así, se reducirían de manera sustancial los costos (según Poder Ciudadano, imprimir una sola boleta donde figuren todos los partidos le costaría al Estado cerca de $ 300.000, contra los $ 10 millones entregados a los partidos en 2007 para que impriman sus boletas) y se daría fin a la distribución previa de boletas o "voto cadena".
En conclusión: este recurso es de muy sencilla implementación, optimiza la transparencia de la elección, facilita la supervisión y control del proceso eleccionario aún por quienes no tengan una formación específica, no sólo no requiere inversión previa sino que genera un importante ahorro al Estado, puede ser aplicada luego de una campaña de difusión masiva de pocos meses, iincluye penas específicas por manipulación indebida de boletas, resuelve el agobio del elector ante el vigente mar de boletas en el cuarto oscuro y se halla respaldada tanto por ámbitos académicos como por la experiencia práctica.
Este sencillo recurso se aplica de manera extendida en el mundo y, en particular, en casi toda América Latina, es compatible con el camino hacia el voto electrónico y la Coalición Cívica ha presentado los proyectos de reforma electoral que las implementan.
Lo único que impide su puesta en marcha en nuestro país y en nuestra provincia es la decisión oficial de mantener el actual estado de los procesos eleccionarios.
Podes unirte a esta cruzada a favor de una solución práctica y lógica para uno de los grandes problemas de las elecciones argentinas.
Mándanos tu opinión, critica o apoyo a la dirección flopezvilla@senado-ba.gov.ar, o dejanos tu opinion en este blog.
Sin embargo, tanto la exposición de lo sucedido como la presentación de alternativas concretas que ayuden a prevenir estos hechos suelen perderse en la nebulosa de reacciones resignadas o escépticas de quienes buscan así refugio de la recurrente frustración a los que los ha sometido nuestra historia política. Pero ambas actitudes no son sólo funcionales sino indispensables para evitar que se implementen medidas que puedan vencer estos manejos y den aliento a procesos superadores de tales bajezas.
La boleta única es uno de los caminos posibles. Consiste en una papeleta en la cual constan los nombres y fotos de quienes encabezan las listas por cada nivel electoral y al lado de cuya opción elegida se escribe una x. Esto garantiza poder elegir entre todos los candidatos, aún cuando los partidos carezcan de fiscales suficientes, tornando inútil el robo de boletas en los cuartos oscuros (que constituyó el 83% de las denuncias recibidas en 2007 por Poder Ciudadano) y evitando los efectos negativos de la sábana horizontal que se da cuando el sufragio queda reducido a apoyar o no a un candidato, que arrastra con él a quienes se postulan en otras categorías.
Asimismo, para preservar el conocimiento ciudadano de todos y cada uno de los integrantes de las listas, se incluyó la exigencia de presentación y difusión de un modelo uniforme de curriculum vitae que deberá cumplimentar desde el primer candidato hasta el último suplente a Consejero Escolar.
Dado que las boletas quedan en poder del Estado, éste imprimirá sólo un 5% más de la cantidad total de electores y las distribuirá directamente a las mesas de votación, el presidente de mesa en el anverso y los fiscales en el reverso firman la boleta y la entregan al votante quien ingresa al cuarto oscuro, inscribe su opción y deposita su voto. Así, se reducirían de manera sustancial los costos (según Poder Ciudadano, imprimir una sola boleta donde figuren todos los partidos le costaría al Estado cerca de $ 300.000, contra los $ 10 millones entregados a los partidos en 2007 para que impriman sus boletas) y se daría fin a la distribución previa de boletas o "voto cadena".
En conclusión: este recurso es de muy sencilla implementación, optimiza la transparencia de la elección, facilita la supervisión y control del proceso eleccionario aún por quienes no tengan una formación específica, no sólo no requiere inversión previa sino que genera un importante ahorro al Estado, puede ser aplicada luego de una campaña de difusión masiva de pocos meses, iincluye penas específicas por manipulación indebida de boletas, resuelve el agobio del elector ante el vigente mar de boletas en el cuarto oscuro y se halla respaldada tanto por ámbitos académicos como por la experiencia práctica.
Este sencillo recurso se aplica de manera extendida en el mundo y, en particular, en casi toda América Latina, es compatible con el camino hacia el voto electrónico y la Coalición Cívica ha presentado los proyectos de reforma electoral que las implementan.
Lo único que impide su puesta en marcha en nuestro país y en nuestra provincia es la decisión oficial de mantener el actual estado de los procesos eleccionarios.
Podes unirte a esta cruzada a favor de una solución práctica y lógica para uno de los grandes problemas de las elecciones argentinas.
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