A través de un proyecto de ley ingresado en las últimas horas en la Legislatura, orientado a revertir drásticamente los elevados niveles de subalimentación imperantes en el ámbito bonaerense, el senador Fernando López Villa (ARI-CC) propone la asunción de parte del Estado provincial de la responsabilidad de garantizar la nutrición adecuada de aquellos habitantes que se desenvuelvan en situaciones de vulnerabilidad social, psicológica o económica, dando cumplimiento a lo establecido al respecto por la Constitución de la Provincia.
En la iniciativa, que también suscribe el senador Daniel Expósito (ARI-CC), se sostiene que “a fin de asegurar y agilizar la detección de los casos graves, se fija la obligatoriedad de la denuncia ante la presunción de situaciones de desnutrición, y se proponen mecanismos de respuesta que permitan brindar contención efectiva e inmediata para minimizar las consecuencias que la malnutrición tiene sobre la salud física, mental y social de los afectados, quedando el tratamiento bajo la responsabilidad del Estado hasta la superación del problema”.
Para ello, los legisladores del ARI en la Coalición Cívica proponen “un sistema de abordaje que contempla, en primer término, la sistematización del relevamiento, procesamiento de datos y la elaboración de conclusiones sobre la situación nutricional de las poblaciones vulnerables. Ello -explican-, sumado a la creación del Banco Provincial de Datos nutricionales y a la realización anual de una encuesta de nutrición y salud, logrará tanto la visibilización objetiva del problema como la provisión de información indispensable para la elaboración de medidas inmediatas y políticas estructurales que optimicen las condiciones sociales, económicas y de infraestructura -entre las que se destaca la provisión de agua potable-, indispensables para el desarrollo autonómico y adecuado de cada uno de los habitantes de nuestra provincia”.
Señalan López Villa y Expósito que “el diseño de respuestas adecuadas a los perfiles nutricionales de cada población que plantea el proyecto exige y promueve, además, una ajustada articulación con los centros de atención primaria, las unidades sanitarias y otros ámbitos de salud, desarrollo social y educación de nivel municipal, conformando con el Poder Ejecutivo Provincial una red de actuación que homogeneice la aplicación de protocolos elaborados, acompañados por las universidades nacionales”.
LOS EJES DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA
A modo de reseña, se indican a continuación los ejes de desarrollo de la iniciativa:
· La Provincia de Buenos Aires garantiza la nutrición adecuada de sus habitantes, en especial de las madres gestantes, los niños y los adultos mayores, cuando su situación social, psicológica y/o económica así lo requiera
* Se crea la obligatoriedad de la denuncia ante presuntos casos de desnutrición.
* Se establece un ámbito administrativo que sea el referente ante la sociedad y el
resto de los organismos del Estado para la canalización de las denuncias y el seguimiento de los casos.
* Se exigen protocolos de actuación y de articulación con otras dependencias del Estado, elaborados con la colaboración de las universidades estatales con asiento en la provincia.
* Se determinan mecanismos de respuesta inmediata bajo la responsabilidad del Estado hasta la superación del problema.
* Se requiere el diseño de respuestas adecuadas a los perfiles nutricionales de cada población.
· Visibilización del estado nutricional de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires
* La sistematización del relevamiento, procesamiento y conclusiones de los datos.
* La publicitación de la información relevada.
* La creación del Banco Provincial de Datos Nutricionales
* El establecimiento de la obligatoriedad por parte del Estado Provincial de la realización de una encuesta provincial anual de nutrición y salud. La metodología de su diseño e implementación será acordada con las universidades nacionales con asiento en el territorio bonaerense.
· Incorporación de instancias de control internas y externas
* El sistema deberá contar con mecanismos de control administrativo, legislativo y ciudadano respecto de la composición de la canasta; la transparencia de los canales de distribución; los aportes que se realizan a los beneficiarios y los seguimientos de los casos a atender por malnutrición.
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