Mediante un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC-ARI) requiere precisiones en torno de la constitución y el funcionamiento del Consejo para Personas Discapacitadas (COPRODIS).
En la iniciativa, que también lleva la firma de los senadores de la Coalición Cívica Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza, se explica que el citado Consejo “constituye una trascendente alternativa para la creación de consensos destinados a compartir experiencias, intercambiar opiniones y acceder a la información de las demandas de los destinatarios de las acciones implementadas o esperadas sobre el tema, a la vez de proporcionar un ámbito de discusión en el que se hallan representados todos los involucrados en esta temática en el diseño de políticas públicas efectivas y generadoras de una optimización de la calidad de vida de quienes se hallan afectados por alguna discapacidad, así como la de quienes comparten sus vicisitudes y luchas cotidianas”.
Dado que, además de lo establecido en su Reglamento Interno, en los que se cuentan como funciones del COPRODIS -entre otras- las de proponer los lineamientos de las políticas en prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, así como sugerir la planificación y coordinación de de las mismas, y fomentar y participar en campañas permanentes de información y concientización comunitaria, el Consejo “tiene la neurálgica misión de incentivar su replicación en el ámbito municipal, el nivel de actividad que registre tiene un impacto directo en el poder multiplicador de las acciones planteadas, y su detenimiento implicaría exponer a las personas discapacitadas a una postergación en el proceso de toma de decisiones que culminaría en un acendramiento de sus pesares”.
“Ante la necesidad imperiosa de contar con un Estado determinado a asegurar a los más vulnerables el cabal ejercicio de sus derechos humanos, la claridad de los objetivos y disposiciones previstas en la normativa vigente y la carencia de información clara y fehaciente con que debe, por derecho, contar la ciudadanía” -subrayan los legisladores de la Coalición Cívica- es que se demanda información al Poder Ejecutivo bonaerense acerca del funcionamiento del referido organismo.-
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