PROPONEN CREAR EN LA PROVINCIA UNA RED DE SERVICIOS PARA LA PRESERVACION DE LA SALUD RENAL

La Plata, 17 de junio de 2010.-

Iniciativa del senador Fernando López Villa suscripta
por todos sus pares del Bloque de la CC-ARI.

A través de un proyecto de ley que suscriben todos los integrantes del bloque de la Coalición Cívica-ARI de la Cámara Alta bonaerense, el senador Fernando López Villa propone la implementación de una Red de servicios para la preservación de la salud renal en el ámbito provincial. Dichas acciones tendrán el fin de “promover la salud y calidad de vida de la población y evitar o minimizar las severas consecuencias derivadas de la detección tardía de condiciones y patologías predisponentes o determinantes de insuficiencia renal”, y será su autoridad de aplicación el Ministerio de Salud.

La iniciativa establece que el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) brindará cobertura a todas las prestaciones que deban ser realizadas por sus afiliados en razón de lo establecido por dicha norma, mientras que la Unidad de Coordinación del Sistema de Protección Social en Salud determinará la manera en que el Estado provincial incluirá la cobertura de dichos procesos diagnósticos y terapéuticos para aquellas personas que no dispongan de obra social.

Según el proyecto de López Villa, que firman también los senadores Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, las medidas dispuestas en el marco de la mencionada Red, y su articulación sistemática con los planes y programas de salud vigentes, aspiran a “la efectivización especialmente orientada desde la atención primaria de la salud de controles generalizados de presión arterial, análisis de sangre (creatinina) y análisis de orina (proteinuria). Estos simples controles y una entrevista médica -se explica- permitirán definir si la persona tiene daño renal, con o sin insuficiencia renal, estadificando a los positivos en niveles I a V, permitiendo al médico alcanzar, luego, un diagnóstico etiológico, e implementar medidas asistenciales, higiénico-dietéticas y de vigilancia que enlentezcan o detengan la progresión a etapas avanzadas de insuficiencia renal y a diálisis”.

Factores de riesgo y estudios preventivos:

Tras consignar en los fundamentos que “la presión alta, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los trastornos metabólicos -glucemia y colesterol elevados- y, por supuesto, la edad avanzada y los antecedentes hereditarios de enfermedades que afecten al corazón o riñón, constituyen factores de riesgo reconocidos”, la propuesta legislativa establece “análisis diagnósticos para las niñas, niños y adolescentes al ingreso de cada nivel escolar; evaluaciones insertas en los controles anuales previstos para los empleados públicos provinciales; protocolos de actuación y campañas sistemáticas que eduquen y alienten a la población general y, muy especialmente, a quienes se hallan sometidos a condiciones de vulnerabilidad, a detectar indicios y concretar estudios -cubiertos por la seguridad social- que determinen su nivel de riesgo y/o demanda terapéutica requerida”.


Ver proyecto completo

PROPONEN UN MARCO LEGAL PARA LA APLICACION DE TRATAMIENTOS CON DIALISIS EN LA PROVINCIA

La Plata, 8 de mayo de 2010.- El senador Fernando López Villa (CC-ARI) elaboró y presentó en la Legislatura un proyecto de ley tendiente a brindar un marco de ordenamiento para la aplicación de los tratamientos dialíticos a los bonaerenses.

De acuerdo con la iniciativa, quedarán sujetos a las disposiciones de esa norma “todas las prestaciones médico-asistenciales relacionadas con pacientes nefrológicos; las personas habilitadas para la atención de los mismos; los procedimientos inherentes; la provisión, adecuación o reparación de máquinas, instalaciones, materiales y elementos permanentes de tratamiento, y toda otra actividad que sea complementaria de dichas prestaciones”.

Tras consignar que deberá entenderse por pacientes nefrológicos a quienes padecen tanto una insuficiencia renal crónica terminal como una insuficiencia renal aguda, el proyecto determina -entre otros puntos- que el procedimiento de diálisis “podrá aplicarse únicamente en unidades oficiales o privadas de asistencia médica especializada que hayan sido formalmente habilitadas al efecto por parte de la Subsecretaría de Control Sanitario, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia”.


Fundamentos

En los fundamentos de su propuesta parlamentaria, que también lleva las firmas de sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, explica en senador López Villa que en la Argentina, como en otros países de Latinoamérica, “la insuficiencia renal se ha transformado en un problema sanitario severo, ya que está vinculado no sólo con la pérdida de la salud y la pauperización de la calidad de vida sino, también, con altos costos médicos para su atención”. En ese orden, sostiene que “en nuestro país, la cifra de pacientes dializados aumenta año a año un 10 por ciento, siendo la diabetes y la hipertensión las principales causas de ingreso al tratamiento”, para agregar que “las estadísticas oficiales plantean que a la fecha existen 26.000 pacientes en tratamiento en todo el país, de los cuales 9.400, aproximadamente, habitan en territorio bonaerense”.
Luego de hacer referencia a la valiosa información reunida en la base de datos del INCUCAI, y de brindar una reseña vinculada con la creación y expansión de los centros de diálisis, señalan los legisladores de la CC-ARI que “la industria de la fabricación de riñones artificiales ha evolucionado admirablemente”, diseñando equipos sofisticados que permiten realizar el tratamiento del agua, el control computarizado, la ultra filtración, etc., otorgando mayor seguridad y confianza a quienes requieren de este tratamiento que permite al paciente en diálisis crónica su acceso al trasplante renal en condiciones adecuadas.

“Uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de los pacientes nefrológicos -afirman López Villa y sus pares de bloque- es lograr que las tareas a llevar a cabo; las condiciones laborales y sanitarias en que éstas se realizan y los controles que deben ejecutarse de manera sistemática, estén articulados y supervisados por el Estado, dado que este tratamiento requiere un equipo multidisciplinario de médicos y enfermeros especializados en hemodiálisis y profesionales de apoyo psicológico y funcional por el impacto que genera la aceptación de una enfermedad crónica o hasta la realización de un trasplante” , todo lo cual demanda una legislación específica que regule la formulación y aplicación de tratamientos dialíticos en un marco de adecuada atención, seguridad y eficiencia.-

PROPONEN CREAR EN LA PROVINCIA LA FIGURA DEL DEFENSOR GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

La Plata, 22 de abril de 2010.- Mediante un proyecto de ley promovido por el senador Fernando López Villa, legisladores de la Coalición Cívica-ARI proponen la creación de la figura del Defensor General de la Suprema Corte de Justicia y la modificación de diversos artículos de la Ley de Ministerio Público y de la norma que regula el funcionamiento del Tribunal de Casación.

La iniciativa, tendiente a jerarquizar la función de la Defensa y otorgarle una organización funcional autónoma de la de los Fiscales, propicia una distribución de las funciones que actualmente corresponden enteramente al Procurador General de la Suprema Corte, asignándole al Defensor General del máximo tribunal de Justicia las que específicamente se refieren al Ministerio de la Defensa Pública, sin perjuicio de que, en última instancia, el Procurador seguirá siendo la cabeza del Ministerio Público, como lo prevé el art. 189° de la Constitución.

En los fundamentos del proyecto de López Villa, que suscriben también sus pares de bancada Javier Mor Roig, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, se consigna que la figura del Defensor General de la Suprema Corte de Justicia “surge como una necesidad institucional a la luz del diseño que la Constitución de la Provincia prevé para el funcionamiento del Ministerio Público”, al especificar que “será desempeñado por el Procurador y el Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia, agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres”, siendo el primero de ellos quien ejerce la superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público.

“Pero tal diseño -se añade-, ajustado a las necesidades y al desarrollo conceptual propio de la época, aparece hoy como insuficiente frente a las necesidades operativas de la organización. En efecto, el Ministerio Público consta de tres estructuras diferentes: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar, y el Ministerio Público de la Defensa. En cada departamento judicial -subrayan- mientras el Fiscal de Cámaras tiene a su cargo a los agentes fiscales -el Ministerio Público Fiscal-, el Defensor General hace lo propio respecto de los defensores oficiales y los asesores de incapaces”.

Contraposición de objetivos

“Esta separación de funciones -dicen los senadores de la CC-ARI- tiene una razón clara y evidente: las funciones de los agentes fiscales y de los defensores, si bien pueden ubicarse dentro de la misión genérica del Ministerio Público, que es la de vigilar la aplicación de la ley y representar los intereses colectivos, tiene evidentes motivos de colisión en los casos concretos, ya que fiscales y defensores persiguen objetivos muchas veces contrapuestos. Así, mientras unos piden la condena del reo, los otros solicitan su absolución, o una condena menor, y en tales condiciones -explican- el ejercicio de la superintendencia sobre unos y otros es recomendable que sea ejercido por funcionarios diferentes”.-

EL PODER EJECUTIVO BONAERENSE DEBERA CONTESTAR EN VEINTE DIAS LOS PEDIDOS DE INFORMES ENVIADOS POR LA LEGISLATURA

La Plata, 22 de abril de 2010.-Un proyecto del senador Fernando López Villa fija ese plazo y determina sanciones para los funcionarios que no cumplan con él.

A través de un proyecto de ley, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la fijación de un plazo de veinte días hábiles para que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se le cursen desde la Legislatura, y establece severas sanciones para los funcionarios que no se ajustaran a ese término.

En ese orden la iniciativa -que también suscriben sus pares Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza-, determina que vencido el referido plazo “las solicitudes de informes en cuestión se harán públicas a través de su difusión en los dos diarios de mayor circulación provincial, con costos solventados en forma personal por el funcionario reticente a quien, asimismo, se considerará incurso en falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público previstos en el artículo 249 del Código Penal”. Se aclara asimismo que “la ejecución de las multas que se apliquen por la nueva ley se efectivizará por el proceso de apremio y lo así recaudado será destinado al presupuesto del Seguro Público de Salud”, y que “el tiempo de respuesta requerido podrá ser reducido de mediar cuestiones de urgencia o probable extemporaneidad”.

Incumplimiento

En los fundamentos de su propuesta expresan López Villa, Mor Roig y Gainza que la misma tiene por objeto “restablecer en el accionar interinstitucional de nuestra provincia el ejercicio cabal de las solicitudes de informes y su respuesta en tiempo, forma y contenido, lo cual constituye un deber ineludible por parte del Poder Ejecutivo en una sociedad que pretenda vivir en democracia”.

Agregan que “es ya contumaz la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a los requerimientos presentados por ambas Cámaras legislativas, gestando una sistematicidad por omisión que abarca ya a diversas administraciones; se ha acendrado como lamentable hábito y ha conllevado a un deterioro creciente de la efectividad del Poder Legislativo tergiversando hasta la inoperatividad su capacidad de garantizar el acceso ciudadano a la información; la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la gestión racional de los recursos públicos”.

“La gravedad institucional suscitada y el compromiso que todos los bloques hemos contraído con la sociedad -manifiestan los legisladores- nos conminan a hallar mecanismos que aseguren la reversión de esta renuencia a la obligación republicana de dar cuenta pública de los actos de gobierno, cuya acción en contrario la circunscribirá a los discursos de campaña”.-

PROPONEN CONSTITUIR EN EL SENADO BONAERENSE UNA COMISION DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Plata, 14 de abril de 2010.-
A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa.

A través de un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa (CC-ARI), y rubricado por presidentes y miembros de distintos bloques que componen la Cámara Alta bonaerense, se propicia la creación en ese ámbito parlamentario de la Comisión de Atención integral a las Personas con Discapacidad, la que tendrá a su cargo -entre otros cometidos- “dictaminar en cuestiones referidas a: su rehabilitación, educación, recreación y capacitación; la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo intelectual, emocional, creativo y deportivo, y la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicacionales, culturales, de transporte y funcionales”.

El proyecto de resolución promovido por López Villa, que también lleva las firmas de los senadores Javier Mor Roig (CC-ARI), Marta Helguero (FpV-PJ), Luis Malagamba (GEN), Orlando Costa (UCR) y Alfredo Meckievi (Unión PRO), explica que la creación de esta Comisión “resulta indispensable al contemplar la enorme complejidad contenida en el concepto de “discapacidad” y sus diferentes tipos -sensoriales y de la comunicación (vista, oído, discapacidad del habla, discapacidad de comprensión del lenguaje); motrices (discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza; de las extremidades superiores); mentales (intelectuales, conductuales, psiquiátricas); discapacidades múltiples (combinación de dos o más discapacidades); derivadas de enfermedades crónicas; etc.- sus diversos grados de manifestación; sus causas y/o factores implicados o las consecuencias que surgen en la vida del ser humano afectado y en su entorno”.

Eliminar limitaciones

Se explica en los fundamentos de la iniciativa que “en nuestra provincia, cerca de un millón de habitantes son personas con discapacidad -albergados en uno de cada cinco hogares- la mitad de ellos se encuentran en edad laboral y más de la mitad padece discapacidades que han sido adquiridas ya sea por enfermedades o accidentes. Todos ellos -.se añade- deben afrontar el desafío de sus limitaciones en un contexto en el que, aún hoy, les restringe de hecho la posibilidad de educación, de desarrollo profesional, de intercambio social fluido, de acceso a la cultura, a edificios públicos, a desenvolverse con autonomía, a la práctica deportiva, a la recreación, etc.”.

Por último, se explica que “en la búsqueda de contribuir a que nuestra provincia evolucione hacia un escenario inclusivo y dignificante, es que se han definido las funciones establecidas para esta Comisión. Así -se dice- la propuesta de atender tanto a los aspectos vinculados con la recuperación física y de la calidad de vida, la promoción efectiva de sus derechos; su inserción social y laboral; su desarrollo personal integral; el apoyo a los desarrollos tecnológicos y productivos orientados a la atención o minimización de las discapacidades; el control de las normativas vigentes, entre otros, se enmarca en la necesidad de que nuestra provincia crezca, trascendiendo incluso el aporte económico, académico, artístico o artesanal que podría obtener de las personas discapacitadas que están viendo diluir sin sentido sus días y sus dones: creceremos como seres humanos y como sociedad”.-

PROPONE EL SENADOR LOPEZ VILLA AMPLIAR EL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS EN LOS CONCEJOS DELIBERANTES BONAERENSES

La Plata, 9 de abril de 2010.-
El senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propone ampliar en un mes el período de sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes bonaerenses, a través de una modificación del artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La iniciativa, que también suscriben sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito y María Isabel Gainza, determina que los períodos legislativos municipales darán inicio el 1 de marzo de cada año en lugar del 1 de abril -tal como ocurre en la actualidad-, y culminarán el 30 de noviembre.

En los fundamentos de su iniciativa, recuerda López Villa que “el texto vigente del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone que las sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes se abrirán por propia determinación del cuerpo el 1 de abril de cada año y cerrarán el 30 de noviembre. Si bien la norma pudo parecer adecuada al momento de su dictado -señala- resulta claro que ha quedado desactualizada, y requiere su ajuste por diferentes razones”.

Agregan los legisladores de la Coalición Cívica que “en efecto, el funcionamiento de la democracia ha evolucionado haciendo necesario un creciente protagonismo de los órganos de la representación popular, antes postergados por la mayor actividad de los ejecutivos. En ese orden de ideas, es claro que el aumento del período de sesiones ordinarias redundará en una mayor actividad del Concejo; un control más ajustado de la marcha de la administración, y una mayor eficacia de la tarea del Departamento Deliberativo”.

En el mismo sentido, consignan que “de manera similar, al reformarse la Constitución en 1994 se amplió considerablemente el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, para lo cual se esgrimieron argumentos enteramente compatibles con los que aquí se exponen. Por otra parte -dicen López Villa y los demás senadores de la CC-ARI- el período de sesiones que se propone coincide con el que la Constitución prevé para el funcionamiento del Poder Legislativo en sesiones ordinarias”.

PROPONE EL SENADOR LOPEZ VILLA QUE SE RECONOZCA A LAS MUJERES QUE LUCHAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

A través de un proyecto de ley ingresado en las últimas horas en la Legislatura bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC-ARI) propicia que se instituya un reconocimiento expreso a las mujeres que trabajan para erradicar la violencia de género, a través de la inclusión de este rubro entre las actividades y disciplinas que se toman en consideración para el otorgamiento de los premios anuales “Mujeres Innovadoras” que otorga el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley 13.032.

Dicho galardón se entrega cada año a las mujeres destacadas en diferentes quehaceres -tales como Lucha por los Discapacitados, Labor Docente, Derechos Humanos, Defensa de la Niñez, Actividades Solidarias, Deporte, Promoción de la Cultura, etc.- en oportunidad de una sesión especial convocada a tal fin en oportunidad de la celebración del Día Internacional de la Mujer, de acuerdo con las propuestas que eleve cada comunidad, a través de sus organizaciones intermedias, a la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades de la Cámara Alta bonaerense, de la cual el senador López Villa es vicepresidente.

Saludo a las mujeres en su Día

Por otra parte, y con motivo de celebrarse el próximo lunes el “Día Internacional de la mujer”, el legislador de la CC-ARI saludó a las destinatarias del homenaje consignando que “después de muchos años de lucha, y aunque aún restan por desterrar resabios de prejuicios e injusticia, ya nadie ignora que en la Argentina de hoy llegó definitivamente la hora de la mujer que comparte una causa pública; que se desterró la idea de la mujer como valor inerte y numérico de la sociedad, y que es el momento de la mujer que piensa y que juzga, que acepta o rechaza, que evalúa y decide en el marco de la elaboración política y social de los destinos de su país”.

En el mismo contexto, señaló López Villa que “es una obligación ineludible de toda la sociedad priorizar el valor universal de sus derechos y el esfuerzo de todas las mujeres que, desde su lucha cotidiana, comparten con el hombre la responsabilidad de construir una sociedad mejor y más digna, apoyada en el respeto mutuo y el reconocimiento igualitario, lo cual es más trascendente que una mera cuestión de género”.-