Iniciativa del senador Fernando López Villa (CC-ARI)
La Plata, 10 septiembre de 2010
A través de un proyecto de ley de su autoría, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propone la fijación de pautas básicas para la constitución de los equipos de trabajo indispensables para el funcionamiento de cada Servicio de Colocación Selectiva de Personas Discapacitadas (SECLAS).
A tal efecto, propicia la modificación del artículo 12° de la Ley 10.592, por el cual se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo bonaerense, y en cada una de sus Delegaciones Regionales, el SECLAS, organismo que “será responsable de la administración del sistema de empleo, examinando las condiciones existentes en el mercado laboral y adoptando medidas para asegurar la colocación de las personas discapacitadas. A tal efecto, llevará un Registro de las personas discapacitadas aspirantes a ingresar a empleos o actividades públicos o privados”.
La iniciativa de López Villa, que también lleva la firma de sus pares de bancada Javier Mor Roig, María Isabel Gainza y Daniel Expósito, determina expresamente que dicho Servicio “deberá estar constituido por al menos un médico especialista en Medicina de Rehabilitación, Medicina del Trabajo y Psiquiatría; un terapista ocupacional; un psicólogo; un psicopedagogo; un asistente social y colocadores laborales a nivel central y descentralizado. Asimismo consigna que “su domicilio se establecerá considerando su libre accesibilidad física y funcional; implementará un sistema de recolección y sistematización de datos que incluya la recepción fluida de información sobre vacantes y las potencialidades de cada postulante; informará a las personas discapacitadas sobre las diversas posibilidades que hagan a su colocación y pleno empleo; realizará un seguimiento de su desempeño laboral y ofrecerá todo asesoramiento técnico necesario requerido por el sector oficial y privado”.
En los fundamentos de su presentación sostienen los senadores de la Coalición Cívica que a pesar de los 23 años transcurridos desde la sanción de esa norma “no se ha definido aún qué recursos humanos deben desempeñarse en dichos Servicios, siendo esta carencia de un impacto fuertemente negativo para su funcionamiento”.
Explican López Villa, Mor Roig, Gainza y Expósito que la conformación de los planteles básicos permitirá “el adecuado funcionamiento de este Servicio de Colocación Laboral selectiva de personas discapacitadas, que consiste puntualmente en el registro de los solicitantes de empleo; la evaluación que determinará la desventaja profesional y la aptitud y capacidad para el desempeño de una tarea; la promoción en instituciones oficiales y/o privadas que responda a la demanda existente en el mercado laboral, la selección; la ubicación y el posterior seguimiento”.-
viernes, 10 de septiembre de 2010
viernes, 27 de agosto de 2010
PROPICIAN MEDIDAS PARA FACILITAR LA OPTIMA ACCESIBILIDAD AL SENADO BONAERENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Iniciativa del senador Fernando López Villa de la CC-ARI
La Plata, 27 agosto de 2010
Un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la adopción de una serie de medidas tendientes a garantizar la óptima accesibilidad a todas las dependencias del H. Senado de la provincia de Buenos Aires de las personas con discapacidades.
La iniciativa, que también suscriben sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito y María Isabel Gainza, y el senador Juan Carlos Simón (UCR), determina -entre otros puntos- “la creación de estacionamientos para vehículos que transporten a personas con discapacidad, los cuales serán debidamente reservados, señalizados y dispuestos en los accesos al edificio que carezcan de barreras arquitectónicas”.
El proyecto, que apunta a dar cabal cumplimiento a lo prescripto por las leyes 24.314; 10.592 y 13.110, también contempla la adopción de “medidas de capacitación y coordinación necesarias a fin de asegurar en la Cámara Alta bonaerense la presencia de un traductor de lengua de señas ante el requerimiento de una persona sorda o hipoacúsica”. Al mismo tiempo establece “la habilitación de al menos un baño con adaptación para el uso de personas con silla de ruedas en cada piso de la Cámara de Senadores, y la realización de todas las obras conducentes a asegurar el acceso y la libre transitabilidad de los pasillos y accesos”.
Mayor seguridad y autonomía
En los fundamentos de su proyecto explica López Villa que según la ley nacional 24.314, la accesibilidad es “…la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía, como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades”. En ese orden, sostiene que “la supresión de barreras arquitectónicas “abre oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y las de sus grupos de pertenencia, resguardando debidamente su derecho a la educación, la salud, al trabajo y a la recreación”.-
La Plata, 27 agosto de 2010
Un proyecto de resolución promovido por el senador Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la adopción de una serie de medidas tendientes a garantizar la óptima accesibilidad a todas las dependencias del H. Senado de la provincia de Buenos Aires de las personas con discapacidades.
La iniciativa, que también suscriben sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito y María Isabel Gainza, y el senador Juan Carlos Simón (UCR), determina -entre otros puntos- “la creación de estacionamientos para vehículos que transporten a personas con discapacidad, los cuales serán debidamente reservados, señalizados y dispuestos en los accesos al edificio que carezcan de barreras arquitectónicas”.
El proyecto, que apunta a dar cabal cumplimiento a lo prescripto por las leyes 24.314; 10.592 y 13.110, también contempla la adopción de “medidas de capacitación y coordinación necesarias a fin de asegurar en la Cámara Alta bonaerense la presencia de un traductor de lengua de señas ante el requerimiento de una persona sorda o hipoacúsica”. Al mismo tiempo establece “la habilitación de al menos un baño con adaptación para el uso de personas con silla de ruedas en cada piso de la Cámara de Senadores, y la realización de todas las obras conducentes a asegurar el acceso y la libre transitabilidad de los pasillos y accesos”.
Mayor seguridad y autonomía
En los fundamentos de su proyecto explica López Villa que según la ley nacional 24.314, la accesibilidad es “…la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía, como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades”. En ese orden, sostiene que “la supresión de barreras arquitectónicas “abre oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y las de sus grupos de pertenencia, resguardando debidamente su derecho a la educación, la salud, al trabajo y a la recreación”.-
jueves, 12 de agosto de 2010
BUSCAN GARANTIZAR QUE LOS FONDOS DEL I.P.S. SE DESTINEN SOLO A LOS JUBILADOS BONAERENSES
Proyecto de ley de los senadores Fernando López Villa y Javier Mor Roig (CC-ARI).
La Plata, 11 agosto de 2010
Con el fin de evitar la apropiación indebida de los excedentes del Instituto de Previsión Social (IPS) para su uso como fondo de financiamiento de las rentas generales por parte del Poder Ejecutivo bonaerense, los senadores Fernando López Villa y Javier Mor Roig, de la Coalición Cívica (CC), proponen la modificación del artículo 8° del Decreto Ley 9.650/80 de modo de establecer un límite y nuevas condiciones al endeudamiento que el Estado provincial puede tomar de dicho organismo y, a la vez, crear una nueva línea de créditos para el sector pasivo destinada a vivienda, salud y turismo o recreación.
La iniciativa determina que el límite del endeudamiento del Ejecutivo permitido no podrá exceder del 15 por ciento del superávit anual del ente previsional, y siempre que el total del endeudamiento del Estado Provincial, por todo concepto, no supere el 50% de la recaudación total del I.P.S. en ese año. En todos los casos -se indica- las tasas de interés no podrán ser menores a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a 30 días, incrementada en un 50%”.
La norma especifica que se establecerán líneas de crédito a los afiliados pasivos del I.P.S. destinados a la adquisición, construcción y refacción de vivienda familiar única, gastos de salud, o para turismo y recreación del afiliado y su grupo familiar.
Fundamentos
En los fundamentos de su proyecto explican los senadores López Villa y Mor Roig que el Decreto Ley 9.650/80 prevé que “los fondos del I.P.S. deben ser invertidos en condiciones óptimas de seguridad y liquidez, atendiendo al doble aspecto de productividad y fin social. Actualmente no se cumple con ese cometido -señala el legislador- por lo que urge garantizar la existencia de un fondo de capital genuino del Instituto que le permita atender la posible ocurrencia de un futuro déficit operativo por disminución de los recursos o por aumento de las prestaciones, todo ello manteniendo las condiciones de liquidez y seguridad, y apuntando efectivamente a un fin social”.
“El Estado Provincial -subraya el senador López Villa- ha venido utilizando los excedentes del I.P.S. como fondo propio de financiamiento de las rentas generales, mediante el procedimiento no legítimo de desafectar los fondos excedentes del Instituto. Posteriormente comenzó a entregar una letra a cambio de los fondos que ha venido utilizando, pero ello generó un endeudamiento creciente que corre el riesgo de convertirse en impagable”.-
Ver proyecto fondos del I.P.S. completo
La Plata, 11 agosto de 2010
Con el fin de evitar la apropiación indebida de los excedentes del Instituto de Previsión Social (IPS) para su uso como fondo de financiamiento de las rentas generales por parte del Poder Ejecutivo bonaerense, los senadores Fernando López Villa y Javier Mor Roig, de la Coalición Cívica (CC), proponen la modificación del artículo 8° del Decreto Ley 9.650/80 de modo de establecer un límite y nuevas condiciones al endeudamiento que el Estado provincial puede tomar de dicho organismo y, a la vez, crear una nueva línea de créditos para el sector pasivo destinada a vivienda, salud y turismo o recreación.
La iniciativa determina que el límite del endeudamiento del Ejecutivo permitido no podrá exceder del 15 por ciento del superávit anual del ente previsional, y siempre que el total del endeudamiento del Estado Provincial, por todo concepto, no supere el 50% de la recaudación total del I.P.S. en ese año. En todos los casos -se indica- las tasas de interés no podrán ser menores a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a 30 días, incrementada en un 50%”.
La norma especifica que se establecerán líneas de crédito a los afiliados pasivos del I.P.S. destinados a la adquisición, construcción y refacción de vivienda familiar única, gastos de salud, o para turismo y recreación del afiliado y su grupo familiar.
Fundamentos
En los fundamentos de su proyecto explican los senadores López Villa y Mor Roig que el Decreto Ley 9.650/80 prevé que “los fondos del I.P.S. deben ser invertidos en condiciones óptimas de seguridad y liquidez, atendiendo al doble aspecto de productividad y fin social. Actualmente no se cumple con ese cometido -señala el legislador- por lo que urge garantizar la existencia de un fondo de capital genuino del Instituto que le permita atender la posible ocurrencia de un futuro déficit operativo por disminución de los recursos o por aumento de las prestaciones, todo ello manteniendo las condiciones de liquidez y seguridad, y apuntando efectivamente a un fin social”.
“El Estado Provincial -subraya el senador López Villa- ha venido utilizando los excedentes del I.P.S. como fondo propio de financiamiento de las rentas generales, mediante el procedimiento no legítimo de desafectar los fondos excedentes del Instituto. Posteriormente comenzó a entregar una letra a cambio de los fondos que ha venido utilizando, pero ello generó un endeudamiento creciente que corre el riesgo de convertirse en impagable”.-
viernes, 2 de julio de 2010
PROPONEN INSTITUIR EN LA PROVINCIA UN SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
La Plata, 2 julio de 2010.-
El senador López Villa propicia la creación del Sistema de Acogimiento Familiar, del cual podrán ser beneficiarios los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento y hasta los 18 años de edad.
A través de un proyecto de ley recientemente ingresado en la Legislatura, el senador bonaerense Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la creación del Sistema de Acogimiento Familiar, del cual podrán ser beneficiarios los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento y hasta los 18 años de edad, residentes en la Provincia de Buenos Aires, “cuando se observen en el hogar circunstancias que inhiban u obstaculicen el cabal ejercicio de sus derechos humanos”. Se explica en la iniciativa que se entiende por acogimiento familiar -enmarcado en la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños y la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- “al procedimiento devenido del derecho de los beneficiarios a ser contenidos en el seno de una familia acogedora, con el objeto de favorecer, desde el respeto a su identidad, la recomposición vincular con su familia de origen”
Tras aclarar expresamente que “el acogimiento no crea parentesco alguno entre acogedores y acogidos, no forma parte del proceso de adopción y preserva los derechos de la familia de origen”, define como familia acogedora a aquella “evaluada, formada y seleccionada por el organismo estatal competente que se dispone a recibir en su hogar a una niña, niño o adolescente miembro de una familia que, en forma temporal o permanente, no pueda garantizar su desarrollo integral. Dicho acogimiento -se sostiene- debe garantizar la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien le recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle contención emocional”.
Solidaridad, respeto y contención
En los fundamentos del proyecto del senador López Villa, a quien acompañan con sus firmas sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, se expresa, entre otros puntos, que “el cabal ejercicio del derecho a vivir en familia, relacionarse con su grupo de pertenencia de manera consistente, afrontar el desafío de la intervinculación, la tolerancia, la contención, el respeto, las rutinas cotidianas, es parte esencial y determinante en el proceso constituyente de una persona plena. Sin embargo -se dice- múltiples y complejas son las circunstancias que pueden obstaculizar, imposibilitar o tornar inapropiada la permanencia de los hijos en su propio hogar. La emergencia de tales situaciones impone al Estado la obligación de actuar en orden a la preservación de los derechos de los afectados, con especial referencia a los de los niños y a los de las familias que atraviesan dificultades”.
“Así entendido -afirman los senadores de la CC.-ARI- el acogimiento permite dotar a quien se halle en situación de vulnerabilidad, de una respuesta brindada de un par hacia otro par de la comunidad, con el apoyo y la supervisión de los organismos establecidos en las leyes vigentes, evitando estigmatizaciones y promoviendo la solidaridad como valor fundante de nuestra sociedad”.
Cabe diferenciar este proceder de una adopción: los niños que se hallen dentro del sistema de acogimiento lo están porque no fueron declarados en abandono y, por lo tanto, no pueden ser adoptados. En tal sentido, se señala que “ello no debe ser la paradójica causa de que no crezcan y se desarrollen en el seno de una familia. Este mecanismo, entonces, defiende tanto el derecho de las familias en problemas a no perder el vínculo con su pequeño como al de los niños a gozar de un entorno familiar contenedor y respetuoso para su desarrollo integral”.
VER PROYECTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR COMPLETO
El senador López Villa propicia la creación del Sistema de Acogimiento Familiar, del cual podrán ser beneficiarios los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento y hasta los 18 años de edad.
A través de un proyecto de ley recientemente ingresado en la Legislatura, el senador bonaerense Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la creación del Sistema de Acogimiento Familiar, del cual podrán ser beneficiarios los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento y hasta los 18 años de edad, residentes en la Provincia de Buenos Aires, “cuando se observen en el hogar circunstancias que inhiban u obstaculicen el cabal ejercicio de sus derechos humanos”. Se explica en la iniciativa que se entiende por acogimiento familiar -enmarcado en la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños y la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- “al procedimiento devenido del derecho de los beneficiarios a ser contenidos en el seno de una familia acogedora, con el objeto de favorecer, desde el respeto a su identidad, la recomposición vincular con su familia de origen”
Tras aclarar expresamente que “el acogimiento no crea parentesco alguno entre acogedores y acogidos, no forma parte del proceso de adopción y preserva los derechos de la familia de origen”, define como familia acogedora a aquella “evaluada, formada y seleccionada por el organismo estatal competente que se dispone a recibir en su hogar a una niña, niño o adolescente miembro de una familia que, en forma temporal o permanente, no pueda garantizar su desarrollo integral. Dicho acogimiento -se sostiene- debe garantizar la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien le recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle contención emocional”.
Solidaridad, respeto y contención
En los fundamentos del proyecto del senador López Villa, a quien acompañan con sus firmas sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, se expresa, entre otros puntos, que “el cabal ejercicio del derecho a vivir en familia, relacionarse con su grupo de pertenencia de manera consistente, afrontar el desafío de la intervinculación, la tolerancia, la contención, el respeto, las rutinas cotidianas, es parte esencial y determinante en el proceso constituyente de una persona plena. Sin embargo -se dice- múltiples y complejas son las circunstancias que pueden obstaculizar, imposibilitar o tornar inapropiada la permanencia de los hijos en su propio hogar. La emergencia de tales situaciones impone al Estado la obligación de actuar en orden a la preservación de los derechos de los afectados, con especial referencia a los de los niños y a los de las familias que atraviesan dificultades”.
“Así entendido -afirman los senadores de la CC.-ARI- el acogimiento permite dotar a quien se halle en situación de vulnerabilidad, de una respuesta brindada de un par hacia otro par de la comunidad, con el apoyo y la supervisión de los organismos establecidos en las leyes vigentes, evitando estigmatizaciones y promoviendo la solidaridad como valor fundante de nuestra sociedad”.
Cabe diferenciar este proceder de una adopción: los niños que se hallen dentro del sistema de acogimiento lo están porque no fueron declarados en abandono y, por lo tanto, no pueden ser adoptados. En tal sentido, se señala que “ello no debe ser la paradójica causa de que no crezcan y se desarrollen en el seno de una familia. Este mecanismo, entonces, defiende tanto el derecho de las familias en problemas a no perder el vínculo con su pequeño como al de los niños a gozar de un entorno familiar contenedor y respetuoso para su desarrollo integral”.
viernes, 25 de junio de 2010
PIDEN INFORMES AL GOBIERNO PROVINCIAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
La Plata, 25 de junio de 2010.-
Mediante un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC-ARI) requiere precisiones en torno de la constitución y el funcionamiento del Consejo para Personas Discapacitadas (COPRODIS).
En la iniciativa, que también lleva la firma de los senadores de la Coalición Cívica Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza, se explica que el citado Consejo “constituye una trascendente alternativa para la creación de consensos destinados a compartir experiencias, intercambiar opiniones y acceder a la información de las demandas de los destinatarios de las acciones implementadas o esperadas sobre el tema, a la vez de proporcionar un ámbito de discusión en el que se hallan representados todos los involucrados en esta temática en el diseño de políticas públicas efectivas y generadoras de una optimización de la calidad de vida de quienes se hallan afectados por alguna discapacidad, así como la de quienes comparten sus vicisitudes y luchas cotidianas”.
Dado que, además de lo establecido en su Reglamento Interno, en los que se cuentan como funciones del COPRODIS -entre otras- las de proponer los lineamientos de las políticas en prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, así como sugerir la planificación y coordinación de de las mismas, y fomentar y participar en campañas permanentes de información y concientización comunitaria, el Consejo “tiene la neurálgica misión de incentivar su replicación en el ámbito municipal, el nivel de actividad que registre tiene un impacto directo en el poder multiplicador de las acciones planteadas, y su detenimiento implicaría exponer a las personas discapacitadas a una postergación en el proceso de toma de decisiones que culminaría en un acendramiento de sus pesares”.
“Ante la necesidad imperiosa de contar con un Estado determinado a asegurar a los más vulnerables el cabal ejercicio de sus derechos humanos, la claridad de los objetivos y disposiciones previstas en la normativa vigente y la carencia de información clara y fehaciente con que debe, por derecho, contar la ciudadanía” -subrayan los legisladores de la Coalición Cívica- es que se demanda información al Poder Ejecutivo bonaerense acerca del funcionamiento del referido organismo.-
ver proyecto de solicitud de informes completo
Mediante un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense, el senador Fernando López Villa (CC-ARI) requiere precisiones en torno de la constitución y el funcionamiento del Consejo para Personas Discapacitadas (COPRODIS).
En la iniciativa, que también lleva la firma de los senadores de la Coalición Cívica Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza, se explica que el citado Consejo “constituye una trascendente alternativa para la creación de consensos destinados a compartir experiencias, intercambiar opiniones y acceder a la información de las demandas de los destinatarios de las acciones implementadas o esperadas sobre el tema, a la vez de proporcionar un ámbito de discusión en el que se hallan representados todos los involucrados en esta temática en el diseño de políticas públicas efectivas y generadoras de una optimización de la calidad de vida de quienes se hallan afectados por alguna discapacidad, así como la de quienes comparten sus vicisitudes y luchas cotidianas”.
Dado que, además de lo establecido en su Reglamento Interno, en los que se cuentan como funciones del COPRODIS -entre otras- las de proponer los lineamientos de las políticas en prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, así como sugerir la planificación y coordinación de de las mismas, y fomentar y participar en campañas permanentes de información y concientización comunitaria, el Consejo “tiene la neurálgica misión de incentivar su replicación en el ámbito municipal, el nivel de actividad que registre tiene un impacto directo en el poder multiplicador de las acciones planteadas, y su detenimiento implicaría exponer a las personas discapacitadas a una postergación en el proceso de toma de decisiones que culminaría en un acendramiento de sus pesares”.
“Ante la necesidad imperiosa de contar con un Estado determinado a asegurar a los más vulnerables el cabal ejercicio de sus derechos humanos, la claridad de los objetivos y disposiciones previstas en la normativa vigente y la carencia de información clara y fehaciente con que debe, por derecho, contar la ciudadanía” -subrayan los legisladores de la Coalición Cívica- es que se demanda información al Poder Ejecutivo bonaerense acerca del funcionamiento del referido organismo.-
jueves, 17 de junio de 2010
PROPONEN CREAR EN LA PROVINCIA UNA RED DE SERVICIOS PARA LA PRESERVACION DE LA SALUD RENAL
La Plata, 17 de junio de 2010.-
Iniciativa del senador Fernando López Villa suscripta
por todos sus pares del Bloque de la CC-ARI.
A través de un proyecto de ley que suscriben todos los integrantes del bloque de la Coalición Cívica-ARI de la Cámara Alta bonaerense, el senador Fernando López Villa propone la implementación de una Red de servicios para la preservación de la salud renal en el ámbito provincial. Dichas acciones tendrán el fin de “promover la salud y calidad de vida de la población y evitar o minimizar las severas consecuencias derivadas de la detección tardía de condiciones y patologías predisponentes o determinantes de insuficiencia renal”, y será su autoridad de aplicación el Ministerio de Salud.
La iniciativa establece que el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) brindará cobertura a todas las prestaciones que deban ser realizadas por sus afiliados en razón de lo establecido por dicha norma, mientras que la Unidad de Coordinación del Sistema de Protección Social en Salud determinará la manera en que el Estado provincial incluirá la cobertura de dichos procesos diagnósticos y terapéuticos para aquellas personas que no dispongan de obra social.
Según el proyecto de López Villa, que firman también los senadores Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, las medidas dispuestas en el marco de la mencionada Red, y su articulación sistemática con los planes y programas de salud vigentes, aspiran a “la efectivización especialmente orientada desde la atención primaria de la salud de controles generalizados de presión arterial, análisis de sangre (creatinina) y análisis de orina (proteinuria). Estos simples controles y una entrevista médica -se explica- permitirán definir si la persona tiene daño renal, con o sin insuficiencia renal, estadificando a los positivos en niveles I a V, permitiendo al médico alcanzar, luego, un diagnóstico etiológico, e implementar medidas asistenciales, higiénico-dietéticas y de vigilancia que enlentezcan o detengan la progresión a etapas avanzadas de insuficiencia renal y a diálisis”.
Factores de riesgo y estudios preventivos:
Tras consignar en los fundamentos que “la presión alta, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los trastornos metabólicos -glucemia y colesterol elevados- y, por supuesto, la edad avanzada y los antecedentes hereditarios de enfermedades que afecten al corazón o riñón, constituyen factores de riesgo reconocidos”, la propuesta legislativa establece “análisis diagnósticos para las niñas, niños y adolescentes al ingreso de cada nivel escolar; evaluaciones insertas en los controles anuales previstos para los empleados públicos provinciales; protocolos de actuación y campañas sistemáticas que eduquen y alienten a la población general y, muy especialmente, a quienes se hallan sometidos a condiciones de vulnerabilidad, a detectar indicios y concretar estudios -cubiertos por la seguridad social- que determinen su nivel de riesgo y/o demanda terapéutica requerida”.
Ver proyecto completo
Iniciativa del senador Fernando López Villa suscripta
por todos sus pares del Bloque de la CC-ARI.
A través de un proyecto de ley que suscriben todos los integrantes del bloque de la Coalición Cívica-ARI de la Cámara Alta bonaerense, el senador Fernando López Villa propone la implementación de una Red de servicios para la preservación de la salud renal en el ámbito provincial. Dichas acciones tendrán el fin de “promover la salud y calidad de vida de la población y evitar o minimizar las severas consecuencias derivadas de la detección tardía de condiciones y patologías predisponentes o determinantes de insuficiencia renal”, y será su autoridad de aplicación el Ministerio de Salud.
La iniciativa establece que el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) brindará cobertura a todas las prestaciones que deban ser realizadas por sus afiliados en razón de lo establecido por dicha norma, mientras que la Unidad de Coordinación del Sistema de Protección Social en Salud determinará la manera en que el Estado provincial incluirá la cobertura de dichos procesos diagnósticos y terapéuticos para aquellas personas que no dispongan de obra social.
Según el proyecto de López Villa, que firman también los senadores Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, las medidas dispuestas en el marco de la mencionada Red, y su articulación sistemática con los planes y programas de salud vigentes, aspiran a “la efectivización especialmente orientada desde la atención primaria de la salud de controles generalizados de presión arterial, análisis de sangre (creatinina) y análisis de orina (proteinuria). Estos simples controles y una entrevista médica -se explica- permitirán definir si la persona tiene daño renal, con o sin insuficiencia renal, estadificando a los positivos en niveles I a V, permitiendo al médico alcanzar, luego, un diagnóstico etiológico, e implementar medidas asistenciales, higiénico-dietéticas y de vigilancia que enlentezcan o detengan la progresión a etapas avanzadas de insuficiencia renal y a diálisis”.
Factores de riesgo y estudios preventivos:
Tras consignar en los fundamentos que “la presión alta, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los trastornos metabólicos -glucemia y colesterol elevados- y, por supuesto, la edad avanzada y los antecedentes hereditarios de enfermedades que afecten al corazón o riñón, constituyen factores de riesgo reconocidos”, la propuesta legislativa establece “análisis diagnósticos para las niñas, niños y adolescentes al ingreso de cada nivel escolar; evaluaciones insertas en los controles anuales previstos para los empleados públicos provinciales; protocolos de actuación y campañas sistemáticas que eduquen y alienten a la población general y, muy especialmente, a quienes se hallan sometidos a condiciones de vulnerabilidad, a detectar indicios y concretar estudios -cubiertos por la seguridad social- que determinen su nivel de riesgo y/o demanda terapéutica requerida”.
viernes, 7 de mayo de 2010
PROPONEN UN MARCO LEGAL PARA LA APLICACION DE TRATAMIENTOS CON DIALISIS EN LA PROVINCIA
La Plata, 8 de mayo de 2010.- El senador Fernando López Villa (CC-ARI) elaboró y presentó en la Legislatura un proyecto de ley tendiente a brindar un marco de ordenamiento para la aplicación de los tratamientos dialíticos a los bonaerenses.
De acuerdo con la iniciativa, quedarán sujetos a las disposiciones de esa norma “todas las prestaciones médico-asistenciales relacionadas con pacientes nefrológicos; las personas habilitadas para la atención de los mismos; los procedimientos inherentes; la provisión, adecuación o reparación de máquinas, instalaciones, materiales y elementos permanentes de tratamiento, y toda otra actividad que sea complementaria de dichas prestaciones”.
Tras consignar que deberá entenderse por pacientes nefrológicos a quienes padecen tanto una insuficiencia renal crónica terminal como una insuficiencia renal aguda, el proyecto determina -entre otros puntos- que el procedimiento de diálisis “podrá aplicarse únicamente en unidades oficiales o privadas de asistencia médica especializada que hayan sido formalmente habilitadas al efecto por parte de la Subsecretaría de Control Sanitario, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia”.
Fundamentos
En los fundamentos de su propuesta parlamentaria, que también lleva las firmas de sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, explica en senador López Villa que en la Argentina, como en otros países de Latinoamérica, “la insuficiencia renal se ha transformado en un problema sanitario severo, ya que está vinculado no sólo con la pérdida de la salud y la pauperización de la calidad de vida sino, también, con altos costos médicos para su atención”. En ese orden, sostiene que “en nuestro país, la cifra de pacientes dializados aumenta año a año un 10 por ciento, siendo la diabetes y la hipertensión las principales causas de ingreso al tratamiento”, para agregar que “las estadísticas oficiales plantean que a la fecha existen 26.000 pacientes en tratamiento en todo el país, de los cuales 9.400, aproximadamente, habitan en territorio bonaerense”.
Luego de hacer referencia a la valiosa información reunida en la base de datos del INCUCAI, y de brindar una reseña vinculada con la creación y expansión de los centros de diálisis, señalan los legisladores de la CC-ARI que “la industria de la fabricación de riñones artificiales ha evolucionado admirablemente”, diseñando equipos sofisticados que permiten realizar el tratamiento del agua, el control computarizado, la ultra filtración, etc., otorgando mayor seguridad y confianza a quienes requieren de este tratamiento que permite al paciente en diálisis crónica su acceso al trasplante renal en condiciones adecuadas.
“Uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de los pacientes nefrológicos -afirman López Villa y sus pares de bloque- es lograr que las tareas a llevar a cabo; las condiciones laborales y sanitarias en que éstas se realizan y los controles que deben ejecutarse de manera sistemática, estén articulados y supervisados por el Estado, dado que este tratamiento requiere un equipo multidisciplinario de médicos y enfermeros especializados en hemodiálisis y profesionales de apoyo psicológico y funcional por el impacto que genera la aceptación de una enfermedad crónica o hasta la realización de un trasplante” , todo lo cual demanda una legislación específica que regule la formulación y aplicación de tratamientos dialíticos en un marco de adecuada atención, seguridad y eficiencia.-
De acuerdo con la iniciativa, quedarán sujetos a las disposiciones de esa norma “todas las prestaciones médico-asistenciales relacionadas con pacientes nefrológicos; las personas habilitadas para la atención de los mismos; los procedimientos inherentes; la provisión, adecuación o reparación de máquinas, instalaciones, materiales y elementos permanentes de tratamiento, y toda otra actividad que sea complementaria de dichas prestaciones”.
Tras consignar que deberá entenderse por pacientes nefrológicos a quienes padecen tanto una insuficiencia renal crónica terminal como una insuficiencia renal aguda, el proyecto determina -entre otros puntos- que el procedimiento de diálisis “podrá aplicarse únicamente en unidades oficiales o privadas de asistencia médica especializada que hayan sido formalmente habilitadas al efecto por parte de la Subsecretaría de Control Sanitario, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia”.
Fundamentos
En los fundamentos de su propuesta parlamentaria, que también lleva las firmas de sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, explica en senador López Villa que en la Argentina, como en otros países de Latinoamérica, “la insuficiencia renal se ha transformado en un problema sanitario severo, ya que está vinculado no sólo con la pérdida de la salud y la pauperización de la calidad de vida sino, también, con altos costos médicos para su atención”. En ese orden, sostiene que “en nuestro país, la cifra de pacientes dializados aumenta año a año un 10 por ciento, siendo la diabetes y la hipertensión las principales causas de ingreso al tratamiento”, para agregar que “las estadísticas oficiales plantean que a la fecha existen 26.000 pacientes en tratamiento en todo el país, de los cuales 9.400, aproximadamente, habitan en territorio bonaerense”.
Luego de hacer referencia a la valiosa información reunida en la base de datos del INCUCAI, y de brindar una reseña vinculada con la creación y expansión de los centros de diálisis, señalan los legisladores de la CC-ARI que “la industria de la fabricación de riñones artificiales ha evolucionado admirablemente”, diseñando equipos sofisticados que permiten realizar el tratamiento del agua, el control computarizado, la ultra filtración, etc., otorgando mayor seguridad y confianza a quienes requieren de este tratamiento que permite al paciente en diálisis crónica su acceso al trasplante renal en condiciones adecuadas.
“Uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de los pacientes nefrológicos -afirman López Villa y sus pares de bloque- es lograr que las tareas a llevar a cabo; las condiciones laborales y sanitarias en que éstas se realizan y los controles que deben ejecutarse de manera sistemática, estén articulados y supervisados por el Estado, dado que este tratamiento requiere un equipo multidisciplinario de médicos y enfermeros especializados en hemodiálisis y profesionales de apoyo psicológico y funcional por el impacto que genera la aceptación de una enfermedad crónica o hasta la realización de un trasplante” , todo lo cual demanda una legislación específica que regule la formulación y aplicación de tratamientos dialíticos en un marco de adecuada atención, seguridad y eficiencia.-
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