La Plata, 15 de diciembre de 2009.-
Ante el ataque perpetrado a un local de la Coalición Cívica-ARI el último viernes en la localidad de Tapiales, distrito de La Matanza, el Senador López Villa manifiesta:
Declaro mi más contundente repudio hacia lo que no sólo constituye una ofensa contra una organización partidaria particular, sino también contra el sistema democrático en general. En torno a los compromisos que nos caben a los funcionarios públicos, es mi deber velar por el respeto de los derechos que surgen de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos los Derechos Políticos.
Ante estos lamentables eventos, espero que la justicia determine con celeridad a los autores materiales e intelectuales, y vele para que episodios violentos que regresan a la época más gris de nuestra historia, se erradiquen definitivamente de nuestro territorio.
Dr. Fernando R. López Villa
Senador Pcia. de Buenos Aires
martes, 15 de diciembre de 2009
martes, 24 de noviembre de 2009
PROPICIAN QUE EL ESTADO BONAERENSE GARANTICE ASISTENCIA INTEGRAL A LOS CELÍACOS
A través de un proyecto de ley, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propicia el suministro de atención integral a los enfermos de celiaquía. La iniciativa apunta específicamente a “la optimización de la investigación clínica y epidemiológica, la prevención, proceso de diagnosis, atención médica, asistencia y acceso a medios y tratamiento relativos a la enfermedad denominada enteropatía inducida por gluten o celiaquía”, y determina también que el Estado “deberá promover investigaciones que permitan la sensible disminución de los costos de alimentos y productos que excluyan el trigo, la avena, la cebada y el centeno”.
En la iniciativa, que suscriben también los senadores de la Coalición Cívica Javier Mor Roig y Daniel Expósito, señala López Villa que la referida dolencia “es una afección causada por una condición genética que presenta, de manera permanente, intolerancia a un conjunto de proteínas denominadas prolaminas”. Como consecuencia de ella “el intestino delgado no puede cumplir adecuadamente con la absorción de nutrientes, lo cual genera trastornos cuyas más frecuentes manifestaciones en la niñez son diarreas, vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso y retraso del crecimiento, y en adultos, descalcificación, diarreas, fracturas espontáneas, desnutrición, abortos espontáneos y/o impotencia, entre otras.”.
Explican que “dado que los síntomas descriptos pueden ser fácilmente referidos a otras patologías, el desconocimiento social de los mismos y la sucesión de diagnósticos erróneos –que en muchos casos recién son advertidos en la edad madura del paciente- acentúan la gravedad de los trastornos generados y profundizan el deterioro de su calidad de vida”.
Sostienen los senadores López Villa, Mor Roig y Expósito que “la necesidad de difundir las características de esta enfermedad se torna particularmente imperiosa cuando los afectados se hallan inmersos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ello es así dado que suele asumirse que los cuadros presentados obedecen a la falta de alimentos y no a su mala absorción intestinal, por lo que al tiempo que transcurren sin la debida atención se les suma que la habitual asistencia alimentaria se caracteriza por una gran proporción de productos farináceos. En estos casos -expresan- urge la realización de un diagnóstico precoz y la provisión del tratamiento adecuado, pues el cuadro puede agravarse e ir desde serias dificultades relacionadas con el aprendizaje hasta a generar su deceso”.
Prestaciones
En orden a lo expuesto, el Poder Ejecutivo bonaerense deberá, entre otros puntos, formular -junto a los jefes de los servicios de Gastroenterología de los hospitales públicos bonaerenses y entidades profesionales vinculadas a esta dolencia- “las normas técnicas aplicables en toda la Provincia para la elaboración, ejecución, evaluación y control de los programas de diagnosis y acción directa e indirecta contra la enfermedad; el suministro de alimentos y fármacos aptos a los pacientes en estado de vulnerabilidad social, y la provisión de los productos mencionados en comedores infantiles, escuelas, establecimientos de salud, institutos carcelarios, geriátricos y comedores en lugares de trabajo, entre otros”.
Por último se determina que “toda persona sin cobertura médica, tendrá garantizados, de manera gratuita, el examen médico y las pruebas de laboratorio para el diagnóstico específico de la enfermedad. Los mismos se realizarán, en todos los establecimientos sanitarios públicos, provinciales y municipales, que cuenten con el equipamiento requerido”. En tal sentido propicia que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) incorpore a la celiaquía como patología crónica, otorgándole cobertura obligatoria a las prestaciones médicas y farmacológicas que requiera su diagnosis y tratamiento.-
En la iniciativa, que suscriben también los senadores de la Coalición Cívica Javier Mor Roig y Daniel Expósito, señala López Villa que la referida dolencia “es una afección causada por una condición genética que presenta, de manera permanente, intolerancia a un conjunto de proteínas denominadas prolaminas”. Como consecuencia de ella “el intestino delgado no puede cumplir adecuadamente con la absorción de nutrientes, lo cual genera trastornos cuyas más frecuentes manifestaciones en la niñez son diarreas, vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso y retraso del crecimiento, y en adultos, descalcificación, diarreas, fracturas espontáneas, desnutrición, abortos espontáneos y/o impotencia, entre otras.”.
Explican que “dado que los síntomas descriptos pueden ser fácilmente referidos a otras patologías, el desconocimiento social de los mismos y la sucesión de diagnósticos erróneos –que en muchos casos recién son advertidos en la edad madura del paciente- acentúan la gravedad de los trastornos generados y profundizan el deterioro de su calidad de vida”.
Sostienen los senadores López Villa, Mor Roig y Expósito que “la necesidad de difundir las características de esta enfermedad se torna particularmente imperiosa cuando los afectados se hallan inmersos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ello es así dado que suele asumirse que los cuadros presentados obedecen a la falta de alimentos y no a su mala absorción intestinal, por lo que al tiempo que transcurren sin la debida atención se les suma que la habitual asistencia alimentaria se caracteriza por una gran proporción de productos farináceos. En estos casos -expresan- urge la realización de un diagnóstico precoz y la provisión del tratamiento adecuado, pues el cuadro puede agravarse e ir desde serias dificultades relacionadas con el aprendizaje hasta a generar su deceso”.
Prestaciones
En orden a lo expuesto, el Poder Ejecutivo bonaerense deberá, entre otros puntos, formular -junto a los jefes de los servicios de Gastroenterología de los hospitales públicos bonaerenses y entidades profesionales vinculadas a esta dolencia- “las normas técnicas aplicables en toda la Provincia para la elaboración, ejecución, evaluación y control de los programas de diagnosis y acción directa e indirecta contra la enfermedad; el suministro de alimentos y fármacos aptos a los pacientes en estado de vulnerabilidad social, y la provisión de los productos mencionados en comedores infantiles, escuelas, establecimientos de salud, institutos carcelarios, geriátricos y comedores en lugares de trabajo, entre otros”.
Por último se determina que “toda persona sin cobertura médica, tendrá garantizados, de manera gratuita, el examen médico y las pruebas de laboratorio para el diagnóstico específico de la enfermedad. Los mismos se realizarán, en todos los establecimientos sanitarios públicos, provinciales y municipales, que cuenten con el equipamiento requerido”. En tal sentido propicia que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) incorpore a la celiaquía como patología crónica, otorgándole cobertura obligatoria a las prestaciones médicas y farmacológicas que requiera su diagnosis y tratamiento.-
miércoles, 18 de noviembre de 2009
LOPEZ VILLA: "LA PROVINCIA MAS RICA DEL PAIS ATRAVIESA LA CRISIS MAS BRUTAL DE SU HISTORIA"
El senador Fernando López Villa (CC-ARI) fundamentó la
oposición de su bloque al proyecto de Presupuesto bonaerense 2010.-
oposición de su bloque al proyecto de Presupuesto bonaerense 2010.-
“En tan sólo dos años de gobierno, Scioli ha llevado a la provincia de Buenos Aires a una situación financiera infranqueable, y la realidad de los números coloca a la jurisdicción más rica del país en la crisis más brutal de su historia”. Así lo afirmó el senador Fernando López Villa (CC-ARI) al fundamentar en el recinto la oposición de su bloque al proyecto oficial de Presupuesto bonaerense 2010, al tiempo que graficó la gravedad del cuadro al sostener que “está en riesgo el pago normal de los salarios a los trabajadores de la Administración Pública, y a los proveedores”.
Tras expresar que “el déficit total de la Provincia será este año de 8.600 millones de pesos como mínimo”, señaló López Villa que “existe una tendencia creciente a la apropiación compulsiva de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Caja de Policía, lo que se refleja en que con la estimación 2010 la deuda del Gobierno bonaerense con las instituciones de seguridad social asciende a 3428 millones de pesos, mecánica que reproduce el mismo criterio que aplica el Gobierno Nacional respecto de los fondos de la ANSES”.
“De este modo -dijo el legislador- el Gobierno provincial sigue usando el dinero de los actuales y de los futuros jubilados para solventar gastos de gestión que deberían ser solventados con recursos provenientes de otras fuentes”.
Agregó el legislador de la Coalición Cívica-ARI que “con el financiamiento estimado para el próximo ejercicio de 5387 millones de pesos, y la amortización de deuda por 4507 millones, se arriba al escalofriante déficit previsto de 9894 millones de pesos, lo cual coloca a la Provincia en una crisis de gravísimas derivaciones. Lo indignante -subrayó López Villa- es que Scioli le cede complaciente al Gobierno Nacional los recursos coparticipables que legítimamente les corresponden a los bonaerenses”.
Luego de puntualizar el irrelevante monto relativo destinado a inversión -3169 millones de pesos-, destacó el legislador que “por la tendencia a la baja de los recursos surge la necesidad de la entrada de fondos urgente para financiar el Presupuesto 2010 a la vez que el Gobernador pretende renegociar con su principal acreedor, la Nación, y endeudarse para solventar gastos corrientes en una suma de 3350 millones de pesos, además de elevar a consideración legislativa autorizaciones de endeudamientos por más de 14.160 millones de pesos, con los cuales la deuda global treparía a más de 60 mil millones de pesos”.
Por último sostuvo el senador López Villa que “no existen precedentes de una asfixia financiera como la actual, y el fracaso de la gestión de gobierno de Daniel Scioli se impone en su total dimensión. La Provincia quebró -dijo-, y está sumida en una crisis económica sin parangón”.-
jueves, 12 de noviembre de 2009
PROPONEN QUE LOS FUNCIONARIOS DE ARBA RESPONDAN CIVILMENTE EN CASOS DE PROCEDIMIENTOS ERRONEOS O ABUSIVOS.
A través de un proyecto de ley promovido por el senador provincial Fernando López Villa (ARI-CC), también suscripto por sus pares Javier Mor Roig –titular de ese bloque- y Daniel Expósito, se propicia establecer un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil de todos los agentes y funcionarios que ejerzan las facultades tributarias establecidas en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y sus normas reglamentarias y complementarias.
La iniciativa determina que “todas las veces que se demande civilmente al Estado provincial por errores cometidos por los funcionarios de ARBA, éstos serán citados al juicio a los fines de que se deslinde su responsabilidad civil”. En tal sentido se aclara que “los funcionarios enjuiciados podrán ser objeto de medidas cautelares sobre sus patrimonios o, en su caso, se podrá disponer administrativamente la retención sobre sus haberes”, al tiempo que “en todos los supuestos la sentencia dictada después de la intervención del tercero lo afectará como a los litigantes principales”.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto, los senadores López Villa, Mor Roig y Expósito señalan que “estamos viviendo un constante avasallamiento de los derechos y garantías de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires por parte de aquellas autoridades públicas que tienen en cabeza el ejercicio de las facultades tributarias de recaudación”, al punto de ser reiteradamente “testigos de procedimientos tributarios determinativos erróneos, intimaciones infundadas por sumas multimillonarias y del ejercicio abusivo de facultades “especiales” de dudosa constitucionalidad”.
Tras consignar que “si bien estamos de acuerdo con optimizar la recaudación de la administración pública provincial”, los legisladores del ARI en la Coalición Cívica afirman que “no compartimos el ejercicio abusivo y errático de las facultades establecidas en el Código Fiscal”, por lo que se propone “distinguir y determinar hasta dónde llegan la responsabilidad del funcionario actuante y la del Estado, cuestión que hasta ahora no ha tenido aplicación práctica en el ámbito bonaerense”.
Los senadores del ARI propician que cuando se promuevan acciones cuyo objeto principal o accesorio sea indemnizatorio, en virtud a daños surgidos de la aplicación efectiva de las facultades conferidas, “el Fiscal de Estado deberá citar a los funcionarios involucrados en carácter de terceros de intervención obligada. De ésta manera -sostienen- cuando se traba la litis, el funcionario citado pasará a ser parte del juicio en cuestión, alcanzándole así los efectos de la sentencia que se dicte”. Por último se establece que “determinada la responsabilidad del funcionario o agente público, el Estado Provincial responderá por el todo luego de excutidos los bienes de dichos funcionarios”. En estos casos se prevé también la retención de haberes a los funcionarios pertinentes a los fines de la devolución de los fondos abonados por el fisco de la Provincia.
La iniciativa determina que “todas las veces que se demande civilmente al Estado provincial por errores cometidos por los funcionarios de ARBA, éstos serán citados al juicio a los fines de que se deslinde su responsabilidad civil”. En tal sentido se aclara que “los funcionarios enjuiciados podrán ser objeto de medidas cautelares sobre sus patrimonios o, en su caso, se podrá disponer administrativamente la retención sobre sus haberes”, al tiempo que “en todos los supuestos la sentencia dictada después de la intervención del tercero lo afectará como a los litigantes principales”.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto, los senadores López Villa, Mor Roig y Expósito señalan que “estamos viviendo un constante avasallamiento de los derechos y garantías de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires por parte de aquellas autoridades públicas que tienen en cabeza el ejercicio de las facultades tributarias de recaudación”, al punto de ser reiteradamente “testigos de procedimientos tributarios determinativos erróneos, intimaciones infundadas por sumas multimillonarias y del ejercicio abusivo de facultades “especiales” de dudosa constitucionalidad”.
Tras consignar que “si bien estamos de acuerdo con optimizar la recaudación de la administración pública provincial”, los legisladores del ARI en la Coalición Cívica afirman que “no compartimos el ejercicio abusivo y errático de las facultades establecidas en el Código Fiscal”, por lo que se propone “distinguir y determinar hasta dónde llegan la responsabilidad del funcionario actuante y la del Estado, cuestión que hasta ahora no ha tenido aplicación práctica en el ámbito bonaerense”.
Los senadores del ARI propician que cuando se promuevan acciones cuyo objeto principal o accesorio sea indemnizatorio, en virtud a daños surgidos de la aplicación efectiva de las facultades conferidas, “el Fiscal de Estado deberá citar a los funcionarios involucrados en carácter de terceros de intervención obligada. De ésta manera -sostienen- cuando se traba la litis, el funcionario citado pasará a ser parte del juicio en cuestión, alcanzándole así los efectos de la sentencia que se dicte”. Por último se establece que “determinada la responsabilidad del funcionario o agente público, el Estado Provincial responderá por el todo luego de excutidos los bienes de dichos funcionarios”. En estos casos se prevé también la retención de haberes a los funcionarios pertinentes a los fines de la devolución de los fondos abonados por el fisco de la Provincia.
sábado, 3 de octubre de 2009
"SCIOLI, CON SU DOBLE DISCURSO, YA NO LOGRA ENGAÑAR A NADIE"
El senador López Villa (ARI-CC), criticó duramente al Gobernador
“El gobernador Daniel Scioli habla de equidad y plasma en la Ley Tributaria un marco de desigualdad; habla de progresividad e instrumenta políticas regresivas; habla de distribución justa del ingreso y confisca a quienes menos tienen, privilegiando a los grandes evasores y deudores, quienes continúan sin verse afectados... En suma: el engañoso y evidente doble discurso del mandatario ya no convence a nadie”. Así lo afirmó el senador provincial Fernando López Villa (ARI-CC), al renovar sus agudas críticas al titular del Ejecutivo bonaerense.
Señaló el legislador que “a doce meses de la última reforma fiscal enviada por Scioli a la Legislatura, nos encontramos nuevamente frente a los mismos problemas: falta de recursos para afrontar los gastos; ineficiencia y, a partir de ello, una reforma tributaria que atenta contra los que menos tienen. Como si el atropello al que se sometió a los bonaerenses hace un año -mediante la ley 13.850- fuese poco, instrumentando el tan cuestionado sistema Arbanet, por el cual se le impuso unilateralmente y sin posibilidad de reclamos al contribuyente sumas antojadizas, gravando sueldos, devoluciones de IVA, ingresos que no se obtuvieron y retenciones en cuentas bancarias -afirmó- hoy nuevamente se los oprime con un inusitado aumento impositivo”.
“Parches sobre parches”
Agregó López Villa que “en una política a todas luces sin rumbo, enmascarada en un falso concepto de equidad, solidaridad y progresividad, Scioli aumenta la presión fiscal con una voracidad que parece no tener fin, al darse cuenta que hoy no le alcanza el dinero para completar el 2009 y avisora igual panorama para el 2010. Con el mayor descaro -subrayó- coloca “parches sobre parches” para la obtención de recursos, asfixiando no sólo a los comerciantes, profesionales, PyMes y campo, sino al ciudadano corriente, ya que esta ley, además del incremento del gravamen al sector rural y tasas de embarque, fija un aumento en el Inmobiliario Urbano y Baldío y en las tasas por los servicios que la Administración y Justicia Provincial les presta a los ciudadanos”.-
“El gobernador Daniel Scioli habla de equidad y plasma en la Ley Tributaria un marco de desigualdad; habla de progresividad e instrumenta políticas regresivas; habla de distribución justa del ingreso y confisca a quienes menos tienen, privilegiando a los grandes evasores y deudores, quienes continúan sin verse afectados... En suma: el engañoso y evidente doble discurso del mandatario ya no convence a nadie”. Así lo afirmó el senador provincial Fernando López Villa (ARI-CC), al renovar sus agudas críticas al titular del Ejecutivo bonaerense.
Señaló el legislador que “a doce meses de la última reforma fiscal enviada por Scioli a la Legislatura, nos encontramos nuevamente frente a los mismos problemas: falta de recursos para afrontar los gastos; ineficiencia y, a partir de ello, una reforma tributaria que atenta contra los que menos tienen. Como si el atropello al que se sometió a los bonaerenses hace un año -mediante la ley 13.850- fuese poco, instrumentando el tan cuestionado sistema Arbanet, por el cual se le impuso unilateralmente y sin posibilidad de reclamos al contribuyente sumas antojadizas, gravando sueldos, devoluciones de IVA, ingresos que no se obtuvieron y retenciones en cuentas bancarias -afirmó- hoy nuevamente se los oprime con un inusitado aumento impositivo”.
“Parches sobre parches”
Agregó López Villa que “en una política a todas luces sin rumbo, enmascarada en un falso concepto de equidad, solidaridad y progresividad, Scioli aumenta la presión fiscal con una voracidad que parece no tener fin, al darse cuenta que hoy no le alcanza el dinero para completar el 2009 y avisora igual panorama para el 2010. Con el mayor descaro -subrayó- coloca “parches sobre parches” para la obtención de recursos, asfixiando no sólo a los comerciantes, profesionales, PyMes y campo, sino al ciudadano corriente, ya que esta ley, además del incremento del gravamen al sector rural y tasas de embarque, fija un aumento en el Inmobiliario Urbano y Baldío y en las tasas por los servicios que la Administración y Justicia Provincial les presta a los ciudadanos”.-
viernes, 25 de septiembre de 2009
"EN LUGAR DE RECLAMARLE A LA NACION LO QUE LES CORRESPONDE A LOS BONAERENSES, SCIOLI CASTIGA AUN MAS AL SECTOR PRODUCTIVO"
NUEVAS Y DURAS CRITICAS DE LOPEZ VILLA:
“En lugar de reclamar y exigirle a la Nación lo que legítimamente le corresponde a Buenos Aires por el piso de “coparticipación legal del 34%” y el aumento de la participación que debería percibir según su aporte al valor agregado nacional, el gobernador Daniel Scioli optó por asfixiar aún más a la actividad productiva, impidiendo su recuperación”. Así lo señaló el senador provincial Fernando López Villa (ARI-CC), al renovar sus críticas al proyecto de Ley Impositiva bonaerense 2010 elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado en la Cámara Alta con el voto de la mayoría oficialista y la sugestiva ausencia de los legisladores del PRO.
En tal sentido, expresó López Villa que “si bien Scioli anuncia que esta reforma tributaria no implica que no reclamará por la adecuación de la coparticipación, esta afirmación es meramente declamativa, ya que si no lo hizo hasta ahora -en una actitud sumisa al Gobierno Nacional- nada garantiza que sí lo hará, luego de este mazazo incomprensible a los que menos tienen”.
Explicó el senador del ARI que “luego de los excesos a los que fueron sometidos los productores agropecuarios por el Ejecutivo Nacional por todos conocidos, los que generaron la pérdida de mercados externos en un momento inmejorable para la colocación de productos primarios argentinos, ahora se los vuelve a castigar con el aumento de impuestos provinciales”.
Doble imposición:
Agregó que desde la instrumentación de la ley 13.850 “el productor sufre una doble imposición, ya que el acopiador o consignatario en la venta procede a retener el impuesto a los Ingresos Brutos al productor y cuando se deposita el dinero de la transacción se le vuelve a retener en el banco. Así -dice- se produce un crédito impositivo permanente para el productor que nunca recupera. Con este sistema, el gravamen pasa a ser un “costo financiero” altísimo para el productor, en lugar de ser un impuesto a la actividad”.
Explicó el senador del ARI que “luego de los excesos a los que fueron sometidos los productores agropecuarios por el Ejecutivo Nacional por todos conocidos, los que generaron la pérdida de mercados externos en un momento inmejorable para la colocación de productos primarios argentinos, ahora se los vuelve a castigar con el aumento de impuestos provinciales”.
Doble imposición:
Agregó que desde la instrumentación de la ley 13.850 “el productor sufre una doble imposición, ya que el acopiador o consignatario en la venta procede a retener el impuesto a los Ingresos Brutos al productor y cuando se deposita el dinero de la transacción se le vuelve a retener en el banco. Así -dice- se produce un crédito impositivo permanente para el productor que nunca recupera. Con este sistema, el gravamen pasa a ser un “costo financiero” altísimo para el productor, en lugar de ser un impuesto a la actividad”.
Recordó el senador López Villa que el Pacto Fiscal de 1993, al cual adhirió la Provincia de Buenos Aires, establecía la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos para las actividades primarias. “En el momento de efectivizarse la exención -subrayó- se fue prorrogando el término de puesta en vigencia hasta la actualidad por parte de todos los gobiernos justicialistas; ya que evidentemente la Provincia firma los Pactos para no cumplirlos De esta forma, nunca se desgravó al campo del Impuesto a los Ingresos Brutos y se alejó de la meta establecida en el Pacto Fiscal”.
“Como si esto fuera poco -destacó el legislador de la Coalición Cívica- se modificó el sistema de cálculo del impuesto a los Ingresos Brutos sobre la carga y descarga portuaria de mercadería, fijando a la alícuota vigente del 3,5 % para dichas actividades un monto fijo adicional. Por ello -señaló- los exportadores de los puertos bonaerenses deberán abonar en forma mensual un plus de $ 5 mensual para la carga de mercadería en buque, $ 18 para la descarga y $ 3 para la mercadería removida, desnaturalizando de esta forma el impuesto a los Ingresos Brutos que paga la actividad ya que tendrían una carga impositiva por tonelada cargada, descargada y removida”.
Daño permanente al interior bonaerense:
Manifestó López Villa que con esta medida “se tiende a destruir la actividad de los puertos bonaerenses, ya que dejarían de ser competitivos, afectando duramente a los trabajadores y ocasionando un gravísimo impacto social en todo el interior bonaerense, tal como ya se percibe, por ejemplo, en San Nicolás y en San Pedro”.
Tras consignar que el impuesto al movimiento de carga y descarga apuesta a recaudar entre 500 y 800 millones de pesos adicionales, según pautas oficiales, expresó López Villa que “no se considera, que el exportador hará las cargas y descargas en puertos de otras provincias, y aquellos que deban quedarse en puertos de la Provincia por los fletes trasladarán el impuesto a los productores agropecuarios, golpeando nuevamente a los pequeños productores. Por lo tanto -dijo- la pauta de recaudación no se alcanzará una vez más, pero el perjuicio al productor y a los trabajadores quedará como un daño permanente”.-
jueves, 24 de septiembre de 2009
LOPEZ VILLA: “SCIOLI ASFIXIA A LOS SECTORES MEDIOS Y BAJOS Y SIGUE SIN TOCAR A LOS GRANDES EVASORES"
“La voracidad fiscal del gobierno de Daniel Scioli se acentúa en este ejercicio disfrazada de equidad tributaria, cuando el verdadero objetivo oculto es la mera recaudación para cubrir los gastos discrecionales con fines electoralistas y achicar el cuantioso déficit que ha llevado a la Provincia a una aguda crisis económico-financiera”. Así lo afirmó el senador Fernando López Villa (ARI-CC) al fundamentar en el recinto su posición y la de su bancada al proyecto de Ley Impositiva 2010 girado por el Poder Ejecutivo bonaerense.
En tal sentido, señaló el legislador que Scioli “aumenta la presión impositiva sobre los contribuyentes –básicamente de las clases media y baja- afectando su patrimonio, ingresos y capacidad de ahorro, sin adoptar medidas de fondo para captar a los grandes evasores excluidos del sistema tributario”.
Preguntó luego el senador López Villa “en qué país vive el gobernador Scioli que en este momento de crisis profunda quiere instrumentar reformas que empobrecen aún más a la población, y muy lejos están de propender a la equidad social, progresividad y distribución del ingreso”.
Privilegios incomprensibles
Subrayó el legislador de la Coalición Cívica que “si este proyecto de Ley Impositiva estuviera realmente dirigido a que paguen más los sectores habituados a acumular grandes ganancias, debería centrar su atención en los grandes deudores del fisco como los concesionarios de juegos de azar”. Explicó que “una de las empresas de este rubro recauda en un año seis veces lo que le retiene el Gobierno en concepto de Ingresos Brutos de enero a agosto, además de lo cual se dio el lujo de pagar sólo la tercera parte de los 18 millones de pesos que le reclamaba ARBA como parte de su deuda”.
Al respecto destacó López Villa que “los sectores más favorecidos por los negocios con el Estado son los que más capacidad contributivas tienen, no obstante lo cual el gobierno de Scioli no se anima a imponerles alícuotas acordes con sus voluminosas ganancias”.
En tal sentido, señaló el legislador que Scioli “aumenta la presión impositiva sobre los contribuyentes –básicamente de las clases media y baja- afectando su patrimonio, ingresos y capacidad de ahorro, sin adoptar medidas de fondo para captar a los grandes evasores excluidos del sistema tributario”.
Preguntó luego el senador López Villa “en qué país vive el gobernador Scioli que en este momento de crisis profunda quiere instrumentar reformas que empobrecen aún más a la población, y muy lejos están de propender a la equidad social, progresividad y distribución del ingreso”.
Privilegios incomprensibles
Subrayó el legislador de la Coalición Cívica que “si este proyecto de Ley Impositiva estuviera realmente dirigido a que paguen más los sectores habituados a acumular grandes ganancias, debería centrar su atención en los grandes deudores del fisco como los concesionarios de juegos de azar”. Explicó que “una de las empresas de este rubro recauda en un año seis veces lo que le retiene el Gobierno en concepto de Ingresos Brutos de enero a agosto, además de lo cual se dio el lujo de pagar sólo la tercera parte de los 18 millones de pesos que le reclamaba ARBA como parte de su deuda”.
Al respecto destacó López Villa que “los sectores más favorecidos por los negocios con el Estado son los que más capacidad contributivas tienen, no obstante lo cual el gobierno de Scioli no se anima a imponerles alícuotas acordes con sus voluminosas ganancias”.
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